Mañana se definirá la situación de los implicados

Insisten agentes de la AFI en que no mataron al comerciante Zárate

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La situación jurídica de los siete agentes federales acusados de golpear al comerciante Manuel Zárate Villarruel, quien falleció la madrugada del pasado sábado durante un operativo antipiratería efectuado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el mercado de Sonora, se definirá en el transcurso de mañana.

Los siete indiciados enfrentan los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad, mientras sólo a uno de ellos se le imputa el delito de robo.

Durante una larga diligencia efectuada ayer en el juzgado décimo de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, los detenidos ratificaron las declaraciones que hicieron el pasado domingo ante el Ministerio Público Federal de que ellos no fueron quienes detuvieron y golpearon al ahora occiso.

En la rejilla de prácticas del órgano jurisdiccional, acompañados por sus abogados y familiares, los elementos de la AFI escucharon las imputaciones que enfrentan (basadas en las declaraciones de varios testigos de los hechos) y al final de la diligencia no solicitaron la ampliación del término constitucional (de 72 a 144 horas) para que el juez Lázaro Franco Robles Espinoza determine su futuro legal.

De esta forma, será mañana cuando el juzgador dicte auto de formal prisión o decrete su libertad por falta de elementos para procesarlos.

En su declaración -que fue hecha con apoyo de sus abogados-, los indiciados aseguraron que durante el operativo policiaco efectuado el pasado fin de semana participaron más de cien agentes federales, por lo que indicaron que existe la posibilidad de que las versiones de los testigos que los inculpan pudieran ser producto de alguna confusión.

Manifestaron que aun en el supuesto de que ellos hubieran golpeado a Zárate Villarruel, en realidad lo que provocó su muerte -de acuerdo con el protocolo de necropsia que se le practicó al cadáver, que consta en la causa penal que ayer se les inició a los indiciados- no fueron las lesiones que ellos le habrían causado, sino "la asfixia generada por la broncoaspiración que padeció con su propio vómito", el cual pudo haberse producido por las grandes cantidades de alcohol que ingirió horas antes de su muerte.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las estrategias de defensa que utilizarán los abogados de los indiciados es solicitar al juzgador que reclasifique a los siete detenidos el delito de homicidio calificado, con el propósito de que ya sin el agravante (dolo) hubiera posibilidades de que enfrenten un eventual proceso en libertad.

Es así que el impartidor de justicia deberá determinar en las próximas 72 horas si hay un "nexo causal" entre los golpes que agentes federales propinaron al comerciante y la posterior muerte de éste.

En caso de que el juez concluya que el ahora occiso falleció por otras causas (su estado de ebriedad, por ejemplo), ajenas a lo que es materia del litigio (el hecho de que su muerte hubiera derivado de los golpes que supuestamente recibió de parte de los indiciados), habría posibilidad de que el delito de homicidio calificado fuera reclasificado a simple, lo cual beneficiaría a los seis detenidos que no enfrentan el delito de robo.

Respecto a este último cargo -que se le imputa a uno de los agentes federales detenidos-, éste se basa en la versión de la esposa del ahora occiso, quien declaró desde el pasado sábado que a su marido le fue robada su cartera, en la que traía 50 mil pesos en efectivo. El indiciado negó por completo el cargo y cuestionó el hecho de que se pueda traer esa cantidad en una cartera.