Solicita a Fox que exhorte al procurador a cumplir un amparo en favor de policía judicial

Desacata Macedo sentencia de un Tribunal Colegiado

El titular de la PGR y otros servidores podrían ser separados del cargo y consignados penalmente

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito requirió al presidente Vicente Fox que exhorte al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, para que cumpla una sentencia de amparo que ordena el pago de salarios caídos al agente de la Policía Judicial Federal Benigno Santos Abarca, despedido de manera injustificada en febrero de 2000.

Lo anterior se desprende del incidente de inejecución de fecha 15 de marzo de 2004, el cual fija un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a dicha ejecutoria.

A más de dos meses de dictado el acuerdo, sin que se haya dado cumplimiento al amparo, el Tribunal Colegiado está en condiciones de remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inejecución de sentencia, con expediente número 4/2003, para que resuelva si procede la separación del cargo de las autoridades responsables y su consignación penal, con base en lo que establece la misma Ley de Amparo en sus artículos 104 y 105, y el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución.

En 1993, Santos Abarca ingresó a la entonces Policía Judicial Federal como agente C, con clave 1721111030400 CF 24180 000 877. Aun cuando había realizado una serie de exámenes para continuar en la corporación, el 20 de octubre de 2000, "a través de un procedimiento ilegal y arbitrario", se inicia un procedimiento administrativo en su contra; el 13 de diciembre del mismo año es separado de la corporación y se le ordena entregar el arma de cargo, la credencial, la tarjeta de nómina y la del seguro de gastos médicos, así como el uniforme.

Interpuso un recurso de rectificación, ganó y se ordenó su reincorporación, fue reactivado en la nómina y recibió un cheque con el pago de la primera quincena de noviembre, pero en febrero del siguiente año, señala, "me negaron la entrada y nuevamente me separaron del cargo sin mediar ningún otro procedimiento ni dar oportunidad de defenderme y aportar pruebas".

Santos Abarca obtuvo el amparo del juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Alvaro Tovilla León, expediente 351/2001, desde el 11 de abril de 2002, señalando como responsables de actos consistentes en su remoción y la falta de pago de sus haberes al presidente del Comité de Zona C del Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, el director general de Recursos Humanos, el director de Pagos de la Dirección General de Recursos Humanos, así como el director de Administración de Personal Sustantivo.

El 8 de octubre del mismo año, ante la reticencia de las autoridades para acatar el amparo, Tovilla León apercibió a Macedo de la Concha para que en un plazo de 24 horas procediera a "remitir las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector".

"Prevéngase -señala el acuerdo- a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo antes ordenado, continuar con una actitud omisa o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en lo previsto en el precepto invocado y en armonía con lo dispuesto en el acuerdo general número 5/2001 del 21 de junio de 2001 del Tribunal Pleno de la SCJN, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución federal; esto, para que el máximo tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y consigne al juez de distrito que corresponda por delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 208 de la ley en la materia".

Es en esta etapa del proceso que el Tribunal Colegiado ordena al presidente Fox, como autoridad jerárquica superior de Macedo de la Concha, el acatamiento del fallo.

Juicio político contra Macedo

Santos Abarca presentó ante la misma PGR una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad, y si bien sólo se admitió al principio como acta circunstanciada bajo el número 1/03, logró que se iniciara la averiguación previa 277/FESPI/03.

Al no fincar el Ministerio Público de la Federación responsabilidad contra funcionario alguno de la dependencia, acudió a la Cámara de Diputados el 19 de febrero pasado a promover juicio político contra el procurador Macedo de la Concha, al que no ha dado trámite el órgano legislativo.