Es una instancia ineficaz, dice Bárbara Zamora

Desecha la Judicatura queja de vascos contra magistrados

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó la queja presentada en marzo pasado por los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en el Reclusorio Norte contra los tres magistrados que integran el séptimo tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal.

Los quejosos pretendían que el CJF sancionara a los magistrados Carlos Luna, Ricardo Ojeda y Alfredo Murguía, porque habrían incurrido en violaciones a la Ley de Amparo. Sin embargo, los consejeros federales determinaron que no procedía la queja, con el argumento de que se debe respetar la autonomía de los impartidores de justicia al momento en que emitan sus resoluciones judiciales.

Desde junio de 2003, los vascos están detenidos en México debido a que enfrentan una acusación del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por sus presuntos vínculos con la organización separatista ETA.

Bárbara Zamora, abogada del grupo, solicitó la revisión del mencionado juicio de amparo --con la finalidad de que se ordenara la inmediata libertad de Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategi, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategi Duralde y Juan Carlos Artola Díaz--, recurso que recayó en el séptimo tribunal colegiado.

Al resolver la semana pasada el recurso de queja 184/2004, la Comisión de Disciplina del CJF determinó que era improcedente el recurso porque los magistrados sí cumplieron con los requerimientos de la Ley de Amparo.

Además, los consejeros puntualizaron que los impartidores de justicia gozan de independencia y libertad para emitir sus resoluciones, y que el CJF sólo es un órgano encargado de revisar el proceder administrativo de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, Bárbara Zamora indicó en entrevista que el CJF "es una instancia que no es eficaz, porque avala todas las conductas de los jueces y magistrados, aunque no estén apegadas a derecho".

Refirió que el principal problema del CJF es que depende directamente del Poder Judicial, "inclusive, el ministro Mariano Azuela preside ambos organismos, además de que (el primero) no tiene verdaderas facultades de fiscalización, supervisión y control de los funcionarios judiciales".