Los cambios han resultado apresurados, explica

Critica ministro de la Corte iniciativa foxista sobre seguridad

JESUS ARANDA

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió ayer que "legislar al impulso, pensando más en las consecuencias de impacto político y social, que en la normativa", nos puede llevar al constante movimiento de las leyes, lo que a la postre se traduciría en "inmovilidad de la justicia".

Al comentar la iniciativa presidencial en materia penal -en la que se pone énfasis en la puesta en práctica de juicios orales, jueces especiales en delincuencia organizada, la transformación del procedimiento penal en un sistema acusatorio y la restructuración de las instituciones encargadas de la seguridad pública-, Silva Meza cuestionó los elementos de dicha propuesta. En ese contexto, precisó que la SCJN considera que es "sano" que el Poder Legislativo haya asumido una actitud de "cautela" ante la iniciativa del Ejecutivo, y haya decidido ponderar los pros y contras de la misma.

Ojalá, añadió, que las reformas que se aprueben en su caso "sea cual sea su
alcance, sentido y contenido", se analicen con prudencia y, posteriormente, se dé tiempo para que prueben su eficacia, "dejando que rindan frutos en el tiempo adecuado y no con la prisa que genera el esperar el cambio del estado de las cosas, por virtud de la reforma misma".

Al participar ayer en el foro sobre la reforma judicial, al que asistió también el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, Silva Meza cuestionó que las reformas legales aprobadas en materia penal a partir de 1993 hayan sido "apresuradas" y desesperadas", con el propósito de enfrentar "el fenómeno delincuencial alarmante" que ha tenido lugar en el país en años recientes.

Sin embargo, el ministro señaló que dada la magnitud del fenómeno que se enfrenta, "en ocasiones no han tenido tiempo de aplicarse debidamente". Comentó que, por ejemplo, la reforma de 1993-1994 fue "apresurada", pues de un "plumazo" se adaptaron a nuestro orden jurídico instituciones "ajenas" a nuestra tradición jurídica, "tal vez, sin la debida preparación, y, sobre todo, sin el debido aquilatamiento de lo que ello implicaría".

La reforma de 1996, añadió, fue la de la "desesperación", ante el crecimiento sin precedente de la delincuencia, lo que derivó en una legislación especial que planteó de hecho "un auténtico derecho penal paralelo, un verdadero sistema excepcional".

En la reforma de 1999 hubo un "rencuentro" con las ideas tradicionales, a la vez que un principio de "racionalidad" en cuanto a la naturaleza legislativa, al regresar al concepto de cuerpo del delito.

En cuanto al proyecto de reformas presentadas el 29 de marzo pasado por el Ejecutivo federal, Silva Meza menciona que el principio de oralidad consiste en el predominio de la palabra hablada, y se traduce en aportar elementos en el juicio de forma directa y oral, pero sin excluir los escritos dentro de los procesos. Situación que, por cierto, tiene lugar en los juicios actuales, con excepción de la presencia obligada del juez en todas las diligencias, de aprobarse la propuesta.

También criticó la intención de crear jueces especializados en delincuencia organizada, lo cual no constituye "ni por mucho" una solución a los problemas que pretende atacar. Primero, porque sería una medida de excepción que contribuye a la inobservancia de las garantías individuales, y segundo, porque al nombrar este tipo de jueces los volvería "blanco fácil de cualquier intento de presión", además de que se vulneraría el esquema de distribución de competencias y de jurisdiccionalidad previsto en la Constitución.