Georgina Howard

Entrampado desde su origen en disputas legales, la solución para la transferencia de los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por parte de los bancos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ­creado en 1999­ no ha podido resolverse por el entramado de las complejas relaciones entre las distintas autoridades involucradas y los bancos.

Sin embargo, el asunto, que volverá por enésima ocasión a la Cámara de Diputados para ser discutido, tiene un costo de 11.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) hasta el primer trimestre de 2004.

Es decir, para liquidar la deuda total neta del IPAB que llegó a 791 mil 820 millones de pesos, cada mexicano tendría que aportar de su bolsillo ­sin importar edad, religión, posición partidista o clase social­ casi 800 pesos.

Lo más grave es que el monto de esa deuda representa la mitad del Presupuesto de Egresos para este año y genera intereses en favor de los bancos ­y con cargo a los contribuyentes­ por 61 mil millones de pesos al año.

Constituye el doble del gasto total del sector público a marzo de este año, que fue de casi 395 mil millones de pesos, unas siete veces la erogación programable para toda la administración pública, y 750 mil millones de pesos más de lo que el gobierno destinó para inversión física en el primer trimestre de este año.

De acuerdo con el último informe de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, al 31 de marzo de este año la deuda total neta del IPAB registró un repunte de 0.1 por ciento nominal respecto al saldo observado en igual lapso de 2003. En ese periodo los programas de capitalización y compra de cartera sumaron 223 mil 25 millones de pesos, 1.2 por ciento más en términos nominales, además de que el propio instituto recibió mil 396 millones de la banca por cuotas al seguro de depósito.

A ello se agrega que del costo financiero de la deuda pública, que fue de 48 mil 582 millones de pesos de enero a marzo de este año, correspondieron al IPAB más de 5 mil millones.

Pero más allá de esta ensalada de cifras y de que la deuda neta total trimestral del IPAB representó 12.8 por ciento del PIB en 2000, 12.9 por ciento dos años después y ahora se ubica en 11.1 por ciento del PIB, la cantidad de dicho pasivo equivale a más de ocho veces lo que se gastó en educación, 755 mil millones más de lo que erogó el gobierno en salud y una cantidad similar para el rubro social.

Eso sin tomar en cuenta que la deuda del IPAB, es casi el monto total del gasto programable que el gobierno destinó este año para desarrollo social.

En pocas palabras, 775 mil millones de pesos más de lo autorizado este año para gastar en asistencia social, 717 mil millones del gasto programable para urbanización y vivienda, y 789 mil millones más de lo que se destinará a alcantarillado y agua potable este año.

Rescate bancario

La historia se remonta a 1995, cuando la crisis que estalló en diciembre del año anterior descapitalizó a los bancos, tanto por el súbito aumento de las tasas de interés como por la deficiente supervisión ejercida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Tras varios intentos de supervivencia, el gobierno resolvió que los bancos transfirieran al Fobaproa créditos participables y éste, a su vez, les entregó pagarés que hoy deben canjear con el IPAB para que éste le devuelva sus derechos de cobro, debido a que dichos papeles vencen el próximo año.

Sin embargo, los bancos ­avalados por las autoridades­ quieren realizar dicha operación sin ejecutar los mandatos de la ley del instituto, la cual establece en su artículo quinto transitorio: "Si la auditoría ­elaborada en 1997 por el especialista Michael Mackey a solicitud del Congreso­ reporta irregularidades se procederá a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".

Pero hoy, a la distancia y sin importar el costo que ha tenido el rescate bancario, autoridades y banqueros decidieron ya, de hecho, cerrar filas y terminar "de una vez por todas" con el asunto de las nuevas auditorías a los bancos para facilitar el canje de los pagarés Fobaproa.

Para ello, el gobierno propuso un plan, avalado por los banqueros, para "encapsular" el monto de los créditos que aún están en revisión por la Auditoría Superior de la Federación ­25 mil millones de pesos­ y proceder ­ante los vencimientos en puerta­ al canje del resto de la deuda producto del rescate bancario, que asciende a 219 mil millones de pesos.

Según Manuel Medina Mora, presidente de la Asociación de Bancos de México, el esquema parte de una serie de auditorías y revisiones hechas a este proceso: las de la CNBV, de auditores externos, las del viejo Fobaproa, la de Michael Mackey y la del auditor superior de la Federación, "y deja una serie de conceptos bien delimitados que continúan bajo alguna observación".

En su opinión, esta fórmula en el fondo "realmente resuelve lo más y deja lo menos. Lo que conviene al país es cerrar los capítulos del pasado para ponerse a trabajar en el futuro".

Lo cierto es que a casi cuatro años de que se conocieron los análisis de Mackey y de saber que muchos bancos metieron operaciones irregulares al Fobaproa con la anuencia de las autoridades, la sociedad no conoce todavía la información completa del rescate bancario.

La transparencia del saneamiento bancario, más allá de idealismos, ha servido para defender posiciones, escalar peldaños políticos, abanderar una propuesta o ejercer presión. En el fondo, es un tema que no se desea tocar.

El carpetazo está dado, independientemente de los datos que se entreguen al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). El propio IPAB admitió que diseña un mecanismo denominado "encapsulamiento" que permitiría intercambiar el monto total de los pagarés, y la cantidad bajo observación quedaría en un fideicomiso mientras se resuelve su eventual devolución a los bancos.

La prisa obedece a que a finales de 2004 deberán canjearse los pagarés cuyos vencimientos comienzan en 2005. De no hacerlo, el gobierno tendría que solicitar al Congreso los recursos para cubrir el adeudo del que es aval, amén de que el IPAB no puede emitir deuda para liquidar dichos pagarés, porque necesita la autorización del Congreso, y una condición para lograrlo, es auditar a los bancos.

Pero tal parece que esto tampoco será problema, ya que al menos los legisladores Fauzi Hamdan (PAN), Alejandro Gutiérrez (PRI) y Demetrio Sodi (PRD), integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, externaron su apoyo al esquema del "encapsulmiento", aduciendo que el costo fiscal del rescate bancario disminuirá, en virtud de que se devolverán a los bancos los créditos que resulten irregulares.

La propuesta del gobierno, apoyada por banqueros y legisladores, deja en claro que no habrá más auditorías, independientemente de lo que establezca la ley. Las propias instituciones crediticias comenzaron ya a prepagar los créditos de saneamiento.

Para efectuar estas operaciones, el IPAB aprovecha la facultad que tiene para refinanciar sus pasivos y con ello limpiar deudas de operaciones que han sido altamente cuestionadas, como las derivadas de las intervenciones bancarias y los saneamientos que llevó a cabo el Fobaproa.

Sólo a Bital le corresponden 5 mil 932 millones; 10 mil 298 millones a Banamex; 9 mil 231 millones a BBVA-Bancomer; 5 mil 515 millones a Santander, y 7 mil 961 millones de pesos a Banorte.

Si a los seis bancos más grandes del país les descontaran lo que reciben vía pagarés del Fobaproa, sus ganancias se reducirían 73 por ciento, debido a que esta es su principal fuente de ingresos, antes incluso de lo que perciben por el cobro de comisiones por los servicios que les prestan a los usuarios §

La autora es editora de Diario DF

Foto: Carlos Ramos Mamahua

La Secretaría de Hacienda estimó en el Presupuesto Federal para 2004 que los requerimientos financieros del sector público serían del orden de 2.7 por ciento del PIB. El déficit público llamado tradicional, es decir los ingresos menos los gastos presupuestarios equivalían en esa estimación a sólo 0.3 por ciento del PIB. Pero los rubros de ajustes que comprenden las cuentas denominadas contingentes, muestran que unicamente el IPAB representaría según esos cálculos o.3 por ciento del PIB, igual que el déficit tradicional. La cifra final dependerá del crecimiento que registre el producto en el año y del comportamiento de las tasas de interés reales, o sea descontada la inflación.