El ex dictador Augusto Pinochet está de nuevo en la antesala de los tribunales para ser sometido a juicio por algunos de los crímenes que se le imputan como dirigente del régimen de facto que cobró la vida de miles de personas en Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó, por 14 votos en favor y nueve en contra, una solicitud para retirarle el fuero que todavía lo protege en su carácter de ex presidente del país, a fin de que pueda ser juzgado por su responsabilidad en la Operación Cóndor, alianza entre las dictaduras que impusieron su yugo en el Cono Sur en los años 70 y 80, creada para coordinar la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores y ciudadanos comunes.

El fallo abre de nuevo la posibilidad de poner fin a la impunidad de la que ha gozado el octogenario represor, quien desde 1998, cuando fue detenido en Londres, ha echado mano de toda clase de argucias para evadir los tribunales en los que se apilan cientos de acusaciones en su contra por delitos de lesa humanidad.

Durante estos años ha sido intensa e incansable la labor de familiares de las víctimas, defensores de los derechos humanos y jueces, para documentar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, robo de bebés y toda clase de vejaciones perpetradas por el aparato represor creado con el apoyo económico y logístico de Washington y, particularmente, de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Al respecto, la reciente desclasificación en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de una grabación en la que el ex presidente Richard Nixon y su entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, celebran el golpe de Estado en Chile, constituye una evidencia definitiva de la participación de ese gobierno en la llegada de Pinochet al poder y, por tanto, de su complicidad en los crímenes de la dictadura.

En cuanto a la Operación Cóndor, los llamados "archivos del horror" hallados en Paraguay en 1992 -fotografías de personas torturadas, registros de prisiones clandestinas, listas de presuntos opositores, órdenes de captura e intercambio de perseguidos políticos- aportan pruebas inobjetables de la complicidad de los regímenes militares de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay en esa alianza genocida que funcionaba al amparo de la CIA, y que tuvo como saldo más 50 mil personas asesinadas y 30 mil desaparecidas en el Cono Sur. En el nuevo proceso judicial contra Pinochet se documenta la muerte de 40 personas en el contexto de ese operativo.

La decisión definitiva sobre el desafuero está en manos de la Corte Suprema, pero los abogados del ex dictador ya anunciaron que buscarán que ésta refrende el fallo que emitió en 2002 y que determinó que el represor no podía ser imputado porque padecía "demencia vascular". Con esa decisión, Pinochet quedó exonerado como encubridor de 75 homicidios y secuestros cometidos por la Caravana de la Muerte, una cuadrilla militar que recorrió Chile en octubre de 1973 ejecutando a presuntos disidentes.

A pesar de las argucias de las que se ha valido el genocida para mantener su impunidad, resulta alentador que personas como los abogados querellantes Eduardo Contreras, Francisco Bravo, Juan Pavín y Juan Subercaseaux, continúen en el empeño de llevarlo ante los tribunales, una empresa que por la avanzada edad de Augusto Pinochet se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Después de todo, se trata de que enfrente las acusaciones en su contra en un proceso judicial con todas las garantías , una oportunidad que no tuvieron sus miles de víctimas.