Llevan años solicitando permiso, dice el presidente de asociación de derecho a la información

Inaceptable, que el Estado amenace con el decomiso a radios comunitarias: experto

Rechazó ante legisladores los procesos penales contra los impulsores de esa prestación

JOSE GALAN

La radiodifusión comunitaria debe ser respetada por el Estado como elemento impulsor de la participación ciudadana, y debe garantizarle un espacio a la misma.

No se puede recriminar esa actividad sólo porque el Estado no ha regularizado la situación de ese tercer sector de la comunicación, afirmó ayer Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC).

Durante la séptima conferencia internacional La relación sociedad-medios en el marco de la reforma del Estado en México, organizada por el Senado de la República y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el también director de la Sala de Derecho de la Información y de la Comunicación del Colegio de Abogados de Córdoba, Argentina, sostuvo que el Estado no puede perseguir ese tipo de radiodifusión sin regularizarla, "ya sea por omisión, al no resolver lo que debía, o por acción, cuando, ante derechos reconocidos legal o judicialmente, opta por suspender el otorgamiento de frecuencias, o cuando se exige aportaciones económicas inalcanzables para proyectos comunitarios o cívicos".

"Es inaceptable -agregó ante legisladores y especialistas- que el administrador en falta (el Estado) las trate como clandestinas y amenace con el decomiso o requisa de sus bienes cuando están garantizando derechos humanos esenciales y, en muchos casos, llevan años solicitando la licencia o permiso. Tampoco se puede aceptar que, además, se amenace con proceso penal a los impulsores de esas prestaciones cívicas-comunitarias".

Subrayó, por otra parte, la necesidad de impulsar y preservar la existencia de medios públicos "como un derecho de la ciudadanía", y consideró que la radiodifusión pública permite atender los requerimientos informativos y culturales de la sociedad. "(La radio comunitaria) tiene que ser proveedora y generadora de contenidos de calidad alternativos a los que brindan las emisoras privadas", consideró Rodríguez Villafañe.

También deben existir medios públicos independientes, administrados con participación de la sociedad civil, dijo, como espacios informativos pluralistas y foros de intercambios abiertos para toda la comunidad. El especialista consideró que, en vista de que el financiamiento de ese tipo de emisoras proviene de fondos públicos, su organización y funcionamiento deben ser transparentes y con control público y social.