La firma chilena IAT le habría entregado 321 mil dólares, según los demandantes

Declara Bours 8 horas por supuesto fraude en venta de empresa en 1996

La compraventa de Fresh del Monte, abierta y legal; nada tiene qué esconder, afirma su abogado

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 28 de mayo. Durante ocho horas el gobernador Eduardo Bours Castelo declaró ante un abogado privado de Estados Unidos en torno a su participación en la venta, supuestamente fraudulenta, de la empresa Fresh del Monte Produce, ocurrida en 1996, cuando él era presidente del Consejo de Administración de esa compañía. El proceso que se sigue está radicado en una corte de Miami, Florida, con el expediente 02-31670 CA32.

En declaraciones a La Jornada, Andrés Rivero, de la firma Sullivan-Rivero, con sede en Miami, Florida, aseguró que el gobernador incurrió en "inconsistencias" al responder las más de 120 preguntas que le formuló, lo que a su juicio confirma el delito de "soborno" y "corrupción" en la transacción de la venta de la empresa en la que el mandatario estatal se habría beneficiado con 321 mil dólares "por su destacada negociación".

Rivero, representante legal de los empresarios mexicanos demandantes, dijo que durante su encuentro con el mandatario estatal, que se efectuó en el palacio de Gobierno, "Bours incurrió en una serie de inconsistencias que evidencian la venta fraudulenta de la empresa, al concretar la operación a un precio más bajo del valor real para beneficiar a los empresarios chilenos del grupo IAT, que adquirieron la compañía".

Se debe recordar que en diciembre de 2002, inversionistas mexicanos demandaron en una Corte de Miami, Florida, la rescisión del contrato de venta de Fresh del Monte Produce, que adquirió el grupo IAT de Chile por la "irrisoria" cantidad de 120 millones de dólares, cuando el valor real de la empresa era de 275 millones de dólares.

Bours Castelo fue designado por el gobierno mexicano presidente del Consejo de Administración de Fresh del Monte Produce, luego de descubrir el fraude bancario de Carlos Cabal Peniche, quien entonces se desempeñaba como director de la mencionada empresa.

La parte querellante alega que Bours Castelo utilizó una "táctica contable" para declarar cerca de 120 millones de dólares en beneficencia y justificar el bajo precio. El ex colaborador del político sonorense, Edgardo Valencia, denunció que "en pago", el gobernador recibió al menos 321 mil dólares de IAT.

Los ex inversionistas de la empresa dicen haber descubierto el supuesto soborno en marzo de 2002. La compañía Fresh del Monte Produce es una de las firmas de frutas enlatadas más grandes del mundo, cuya sede se encuentra en Coral Gables, Florida.

En la entrevista, efectuada como parte del proceso de desahogo de pruebas antes de llevar el caso ante la Corte, el gobernador negó haber recibido los 321 mil dólares, pero en contradicción a lo anterior, admitió después que estableció comunicación con Alicia Vásquez, del Bank One, de Tucson, Arizona, para confirmar la entrada de la citada cantidad a su cuenta personal.

Carlos Sires, de la firma Boies, Shiller and Lexner, y representante legal del mandatario en este proceso, manifestó que la declaración de Bours Castelo es de rutina, en un asunto legal del orden civil que se ventila en una Corte de Estados Unidos.

Aseguró que el gobernador "no tiene nada que esconder ni tiene miedo de hablar y decir la verdad; no tratamos de parar la declaración -ante la parte acusadora- y no quisimos que se realizara fuera de México, por eso lo hicimos en su oficina, donde él vive y representa al pueblo".

El apoderado legal de Bours Castelo afirmó que la operación fue "totalmente abierta y legal", por lo que la resolución del caso será en favor de su cliente, debido a que el alegato que presenta la parte demandante de que la empresa se vendió a un precio inferior al valor real "es falso y ridículo".

Consideró difícil predecir cuánto falta para que este proceso concluya, porque la empresa Del Monte ha puesto algunas mociones ante la Corte Internacional en Miami, y si esa instancia las aprueba, el asunto finaliza, de lo contrario se iría a juicio el próximo año.

Manifestó que la decisión del gobernador es que quienes lo demandaron retiren la denuncia o pierdan el caso, porque "no está interesado en hablar con la parte demandante ni llegar a un acuerdo extrajudicial o económico".