Lo responsabiliza de la desaparición de nueve izquierdistas en la Operación Cóndor

Augusto Pinochet, desaforado por la Corte de Apelaciones de Chile

Sorpresa y alegría entre familiares de desaparecidos políticos y defensores de derechos humanos

La decisión fue adoptada por 14 votos contra nueve; deberá ser ratificada por la Corte Suprema

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 28 de mayo. La Corte de Apelaciones de Santiago dispuso hoy el desafuero de Augusto Pinochet por su responsabilidad en la Operación Cóndor, en relación con la desaparición de nueve activistas de izquierda, por lo que el ex dictador chileno quedó nuevamente a las puertas de enfrentar un juicio.

La decisión de los magistrados, que causó sorpresa y alegría entre familiares de desaparecidos políticos y defensores de derechos hu-manos, fue adoptada por 14 votos contra nueve, dictamen que se oficializará en breve y debe ser ratificado por la Corte Suprema.

La resolución de los magistrados es considerada "un vuelco" en el proceder de la Corte de Apelaciones, que en dos oportunidades había rechazado el desafuero, como fue en los casos de la desaparición de 12 dirigentes comunistas y en torno a la caravana de la muerte, por lo que esta vez se tenía pocas esperanzas al respecto.

El entramado de la Operación Cóndor se refiere a la coordinación que existió entre servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur, en los años 70 y 80, para exterminar a las fuerzas de izquierda en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que consistió en intercambiar informes, hacer de-tenciones, compartir los actos de tortura y canjear a prisioneros.

La investigación en Chile está desde 1998 a cargo del juez Juan Guzmán, quien indaga la desaparición de más de cien chilenos arrestados en países vecinos.

Pero el presente caso en que se despoja de su fuero a Pinochet es por la desaparición de nueve militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que habrían sido detenidos en Argentina, Bolivia y Paraguay y llevados a Chile a mediados de los años 70, donde se les perdió el rastro.

La última vez que Pinochet, de 88 años, había logrado eludir a la justicia fue el primero de julio de 2002, cuando la Corte Suprema ratificó un dictamen de la Corte de Apelaciones, que un año antes lo había exonerado por "demencia progresiva e incurable" de los 75 crímenes de la denominada caravana de la muerte.

Gracias al mismo argumento de demencia, el ex dictador se había librado de ir a juicio el año anterior en los procesos por el asesinato del general Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974, y la desaparición en 1976 de la plana mayor del Partido Comunista.

Sin embargo, las cosas cambiaron a raíz de una entrevista concedida en 2003 por Pinochet a un canal de televisión de Miami, don-de respondió con "lucidez" a todas las preguntas, de acuerdo con una demanda presentada por abogados querellantes que entregaron el vi-deo como prueba, por lo que pe-dían nuevos exámenes médicos.

El tribunal se pronunció justamente a raíz de esa demanda contra el hombre que gobernó entre 1973 y 1990, donde se expuso que estaba en plenas facultades mentales para encarar un juicio por el ca-so de la Operación Cóndor.

Durante la entrevista, Pinochet se definió como "un ángel", recordó el abogado Eduardo Contreras, y señaló que no se arrepentía de sus actos de gobernante ni se responsabilizaba por los más de 3 mil muertos y desaparecidos, y que los opositores a su régimen eran quienes deberían ofrecerle perdón.

Esto mostró "una memoria y ca-pacidad intelectual muy por encima sobre la media para un hombre de su edad", dijo el abogado.

Mientras se espera para las próximas semanas el dictamen definitivo del tribunal, en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos había alegría, como lo manifestó su dirigente, Lorena Pi-zarro: "Estamos felices, pero atentos. El dictador tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por todos los crímenes que cometió, por lo tanto la gente está muy feliz".

En Guadalajara, adonde acude a la III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, el presidente Ricardo Lagos dijo que la decisión de retirar el fuero a Pinochet es una muestra de que "las instituciones de mi país funcionan"; añadió que el dictamen de la corte es apelable, pero destacó que el fallo muestra que en Chile todos son iguales ante la justicia.

El mandatario chileno recordó que hace algún tiempo, con motivo de otro caso diferente al abierto por la Operación Cóndor, Pinochet fue despojado de la inmunidad que le concede haber sido designado se-nador vitalicio después de dejar la presidencia la década pasada.

"En consecuencia, no es primera vez que ocurre (una sentencia como la dictada hoy) y que habla de un estado de derecho normal dentro del cual todos somos iguales ante los tribunales", añadió La-gos, informaron Roberto González Amador y Georgina Saldierna

El ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza, señaló que ahora le corresponde pronunciarse a la Corte Suprema. Estimó que el desafuero será apelado, y que allí se va a decidir si lo que se dictaminó anteriormente vale para todos los casos o se verán uno por uno.

El comandante en jefe del ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, se declaró sorprendido por la decisión de la justicia de retirarle la inmunidad a Pinochet, aunque advirtió que los veredictos judiciales deben ser respetados.

"La decisión es un asunto que compete a los tribunales y tenemos que respetar todas", y criticó que no se pueda poner fin a asuntos del pasado, que definió como "entrabamiento" hacia adelante y atrás.

La defensa del ex militar confirmó que apelará el fallo para revertirlo. "Queremos que sea la Corte Suprema la que restablezca el im-perio del derecho", dijo el abogado Ambrosio Rodríguez.

Pero también se dijo "sorprendido" porque se rompió "la doctrina" de dictámenes anteriores y se pasó "por encima" de una sentencia ejecutoria de la Corte Suprema.

Pinochet, que había renunciado al cargo de senador vitalicio y se-guía protegido hasta ahora por un fuero especial otorgado por el Parlamento en su calidad de ex gobernante, comenzó su declive cuando el 16 de octubre de 1998 fue detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón, quien lo pedía en extradición por crímenes de lesa humanidad.

El ex dictador chileno permaneció detenido 503 días en Gran Bretaña, hasta su liberación por "cuestiones de salud" por el ministro del Interior, Jack Straw.