Realizarán diputados análisis previos a una reforma reglamentaria de la paraestatal

Detecta la ASF costos superiores a los aprobados en proyectos de CFE

Los manejos inadecuados de la información financiera afectan a usuarios y el patrimonio

ISRAEL RODRIGUEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó "manejo inadecuado" en la información financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que afecta a los usuarios y el patrimonio de la empresa, debido a que con base en esta información distorsionada se fijan las tarifas, la adquisición de bienes y la contratación de créditos.

Lo anterior se desprende de los resultados de la auditoría efectuada a la CFE en la revisión de la cuenta pública 2002, en la que se detectó que en los proyectos de Construcción, Arrendamiento y Transferencia (CAT), los costos fueron superiores a los calculados.

El saldo del flujo neto de recursos para financiar estos proyectos en el periodo 2000-2002 fue de 2 mil 114.7 millones de pesos, monto superior en 70.9 por ciento al saldo que se calculó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de esos años.

"En el análisis del flujo de proyectos CAT que entraron en operación en el periodo 2000-2002 se detectaron diferencias entre lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los informes anuales 2000-2002 sobre la evolución de los proyectos de inversion con impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas) que la CFE entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las cifras registradas en el sistema de información Pidiregas de la CFE".

Asimismo, la energía anual adquirida por la CFE a los productores independientes de energía (PIE) durante el periodo 2000-2002 fue inferior 55.3 por ciento, 36.9 y 18.4 por ciento a la prevista, respectivamente, debido a retrasos en la entrada en operación de las plantas, un crecimiento de la demanda de energía menor al previsto y fallas técnicas en algunas centrales.

Además, la CFE compró energía eléctrica a diversos PIE a precios superiores a los costos medios de generación establecidos como referencia por la CFE, mientras que la adquirida a los autoabastecedores y cogeneradores fue comprada a precios inferiores al costo de referencia.

Durante el periodo 2000-2002 la CFE dejó de percibir 140.7 millones de pesos por concepto de porteo y 18 millones de pesos por respaldo, debido a que las tarifas que la CFE aplicó a los autoabastecedores y cogeneradores fueron menores que su costo. Es decir, que hubo un subsidio directo a los productores privados en su mayoría trasnacionales.

También se determinó que faltó oportunidad en la terminación y entrada en operación de las centrales construidas durante el periodo 2000-2002. De un total de 17 centrales generadoras que se tenía previsto concluir en ese periodo, cinco se concluyeron antes de la fecha prevista y una se concluyó en la fecha programada; sin embargo, cinco tuvieron un retraso entre siete y 100 días, y seis se concluyeron con un retraso de entre 114 y 440 días.

De acuerdo con una denuncia presentada por la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante la ASF, se asegura que los servidores públicos de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de Energía y de la propia CFE "han incurrido en responsabilidades al promover, registrar y usar información financiera en forma inadecuada".

El documento que sirvió como análisis previo para realizar las auditorías por parte de la ASF señala que en la CFE se están usando prácticas ajenas a los principios de contabilidad generalmente aceptados y éstas tienen como resultado "el ocultamiento del valor de las inversiones realizadas en activos, así como la omisión del registro de pasivos".

De acuerdo con la información proporcionada al Congreso por la dirección general de la CFE, en lo referente a los costos de los paquetes de obras de transmisión y subtransmisión, negociados en los Pidiregas, desde 1998 hasta 2002 se encontraron diversas inconsistencias.

Por ejemplo, en el concepto de subestaciones reductoras de subtransmisión se tomaron dos paquetes que presentan situaciones extremas: el paquete número 305 que corresponde a la región Centro- Occidente, comprende 910 megavatios (MVA) de capacidad de transformación y tiene un costo total de 36.5 millones de dólares, que representa un costo unitario de 40.1 dólares por kilovatio (KVA).

Por otra parte, el paquete número 401 correspondiente a la región occidental- central comprende 580 MVA de capacidad de transformación y un costo total de 64.3 millones de dólares, para derivar en un costo unitario de 110.9 dólares por KVA. Así, se aprecia que el costo unitario en el paquete 401 es mayor en 2.76 veces que el del paquete 305.

De la revisión de la ASF a la CFE se desprende que el programa de obras e inversiones del sector eléctrico (POISE) fue sobrestimado. En este programa de 2002 a 2011 se prevé que el consumo nacional de energía crecerá en 5.6 por ciento promedio anual, tasa superior en 0.5 puntos porcentuales al crecimiento histórico del consumo nacional de energía eléctrica registrado durante el periodo 1992-2001, que fue de 5.1 por ciento en promedio. En tanto que en la realidad se han observado tasas de crecimiento de 1.2 y 1.9 por ciento en los pasados dos años.

En opinión de la ASF, la CFE no logró incorporar el 6.2 por ciento de la infraestructura de generación requerida para el periodo 1992-2002, por lo cual en 2000 y 2001 disminuyeron sus márgenes de reserva y de reserva operativa a niveles inferiores a los mínimos establecidos de 27 y 6 por ciento, respectivamente, en detrimento de la seguridad en el abasto de energía, debido a que en esos dos años no se cumplió el objetivo del programa referente a mantener en el sistema un margen mínimo de reserva

Se analizan acciones legales para echar abajo controversia presentada por el Ejecutivo: PRD

ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Energía, iniciará las consultas y el análisis previo a la elaboración de un dictamen de reforma reglamentaria de la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo será garantizar la inversión del Estado en ese rubro para cerrar la puerta a los contratos de generación eléctrica con empresas privadas, informó el diputado del PRD Francisco Carrillo Soberón.

También la Dirección Jurídica de la Cámara inició el análisis de las opciones legales para echar abajo la controversia constitucional que presentó el Ejecutivo federal contra las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en torno a la inconstitucionalidad de los contratos de generación de energía eléctrica, detectada por la ASF.

Y es que la Auditoría tomó los puntos finos de las observaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instancia que determinó que los contratos son inconstitucionales. El órgano fiscalizador retomó esa tesis y, para no ser implicada en una descalificación, informó a la Cámara de Diputados que los contratos "no están fundados ni motivados".

De tal suerte, la ASF no puede por sí sola presentar recursos contra los contratos de generación de energía, pero esa tarea ya fue encomendada al Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados, que como órgano técnico, iniciará un proceso en contra en el Poder Judicial.

El secretario de la Comisión de Energía, Carrillo Soberón, rechazó la postura del presidente Fox. "Nos parece lamentable que desde el Ejecutivo se esté cuestionando la facultad del Legislativo, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, en sus facultades que marca el artículo 79, fracción tercera de nuestra Constitución y que decide la facultad de la Auditoría para investigar actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de fondos y recursos federales del sector".

-¿Cómo se pretende frenar la autorización de esos contratos?

-El mejor recurso que puede tener el Legislativo es modificar la ley. De tal manera que del artículo tercero de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica suprimamos cualquier concepto que se preste a ambigüedades, y se precise la prioridad del Estado como generador de energía eléctrica en nuestro país, y que las figuras de autoabasto y de cogeneración, que desde el 75 están contempladas en la ley, se sujeten al interés público y

-En caso de que el fallo fuera a favor de estos contratos, ¿qué pasaría?

-Serían dos cosas importantes. Uno: en este momento se va a abrir un espacio de controversia, de debate, entre la visión que tenemos en el Legislativo en relación con los permisos de generación de energía eléctrica, que es distinto a los contratos de servicios múltiples, aunque también están vinculados en la misma idea. Estamos convencidos de que lo que dice la Constitución es suficiente y conveniente para el país, y lo que hay que hacer, en todo caso, sería revisar el artículo tercero de la ley, para ajustarlo a los términos constitucionales, y que a partir de ahí el Ejecutivo se sujete a una nueva ley de servicio público de energía eléctrica, con un sentido nacionalista y de protección de los intereses del servicio público y de la población.