Miguel Concha

Protección integral de los derechos humanos

Desde hace tres años, Amnistía Internacional (AI) amplió su trabajo a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). En el prólogo a su informe 2002, la nueva secretaria general de la organización, Irene Khan, declaró que luego de haberse ocupado por décadas de los derechos civiles y políticos como núcleo de sus acciones, en el futuro la organización se movilizaría también para garantizar el respeto de los DESC. En su informe más reciente, significativamente titulado Resonaron las voces de los jamás escuchados, y notable por sus valientes denuncias contra las agresiones al sistema internacional de protección de los derechos humanos, la amenaza de la "autodefensa preventiva" del gobierno de Estados Unidos, las obsequiosas políticas y leyes ambiguas contraterroristas, así como la falta de liderazgo ético de los gobernantes actuales, AI ratifica su voluntad de insistir también "en que los gobiernos de todo el mundo reconozcan y cumplan con su obligación de erradicar la pobreza extrema y respeten los derechos económicos y sociales básicos".

Para ello toma posición contra los argumentos técnicos que supuestamente no hacen justificables tales derechos, y los reducen a simples principios orientadores, y en el peor de los casos a peligrosos nombres, sin contenido alguno, como quiere el rampante neoliberalismo vigente. Para AI todos los derechos humanos exigen que los gobiernos adopten acciones positivas, incluso mediante el gasto de recursos, como lo demuestra el cumplimiento de las garantías del debido proceso en juicios justos, por lo que es erróneo afirmar que los DESC no son exigibles, como los derechos civiles y políticos, por requerir de los gobiernos acciones positivas e inversiones de recursos.

Los mismos tribunales nacionales de muchos países han tomado regularmente decisiones, sobre todo en el pasado, acerca del derecho a la educación, la vivienda, la seguridad social o el acceso a la asistencia sanitaria, por lo que es falso decir que no se puede criticar a los gobiernos que no cumplen con las exigencias de los DESC, porque la falta de recursos y otros factores hace difícil que los tribunales los garanticen. Por lo demás está claro desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993 que los derechos humanos son "indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí", lo que AI ha comprobado en muchos países pobres, sobre todo en los últimos años, desde su práctica en la defensa de los derechos civiles y políticos.

Para ilustrar esto aduce expresamente el caso de las graves violaciones a los derechos humanos de los palestinos, las palizas y detenciones sufridas por habitantes de infraviviendas en Angola, y la discriminación que padecen minorías étnicas y grupos marginados en el acceso a la educación, la vivienda, el trabajo y la asistencia sanitaria, en Bulgaria, Kosovo y Tailandia. En otras partes de su informe hace también referencia a las razones económicas, sobre todo la explotación de recursos minerales, que están detrás de conflictos bélicos en Africa.

Como un ejemplo evidente de todo esto, AI se refiere al informe especial que publicó el año pasado sobre las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino, y que lleva precisamente como subtítulo el de Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación y el derecho a trabajar.

"La libertad de circulación y su negación -reitera en su actual informe- es sin duda una parte fundamental del trabajo convencional sobre los derechos civiles y políticos. Las limitaciones a la circulación, sin embargo, tienen también una profunda repercusión sobre los derechos económicos y sociales de los palestinos, especialmente sobre su capacidad para ganarse el sustento. Las restricciones limitan gravemente los desplazamientos al y desde el trabajo y el transporte de productos y servicios. El resultado ha sido el práctico hundimiento de la economía palestina". Todo lo cual no hace sino verificar que en la práctica es difícil lograr un avance sostenible en el cumplimiento de cualquiera de los derechos por sí solo, y que es falso continuar afirmando, como tradicionalmente lo ha hecho el liberalismo político, que un conjunto de derechos tiene prioridad sobre otros. No hay en efecto participación política efectiva, lo cual es un derecho, sin medios de comunicación libres y una población concientizada e instruida. No hay tampoco derecho a la salud, la seguridad social o un nivel de vida digno, que también son derechos, sin un sistema de administración de justicia auténtico y eficaz. Por ello, se concluye, AI "se esforzará por demostrar esta vinculación, para de ese modo afirmar una visión integral de la protección de los derechos".