Se convalidó el actuar mafioso del gobierno: Yáñez

Reprueban legisladores priístas y perredistas el juicio de procedencia

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

La decisión de iniciar el juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dividió a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues pese a la anuencia de los priístas que conforman la sección instructora, los senadores Dulce María Sauri y Manuel Bartlett consideraron que no debe permitirse que el gobierno foxista use los organismos judiciales para eliminar adversarios políticos.

En tanto, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) consideraron que la sección instructora no debió aprobar la solicitud de desafuero, porque no existen suficientes elementos jurídicos. "Aceptarla fue convalidar el comportamiento mafioso de algunas instituciones del Estado", recalcó el petista Gonzalo Yáñez.

Por su parte, los senadores perredistas Jesús Ortega y Raymundo Cárdenas advirtieron que el objetivo del gobierno federal, del Partido Acción Nacional (PAN) y una fracción del PRI es "utilizar un procedimiento aparentemente legal, pero en el fondo antijurídico e inconstitucional para sacar a López Obrador de la contienda, luego del fracaso de los videoescándalos".

El inicio formal del procedimiento de desafuero del jefe de Gobierno "mantiene al país en la ruta del golpe de Estado parcial", señaló Cárdenas, mientras que Ortega resaltó que no todos los priístas están de acuerdo con el juicio de procedimiento aprobado por los diputados del tricolor.

En breve entrevista concedida antes de viajar a Japón, la senadora Sauri dijo que confía en que los diputados valoren todos los elementos antes de decidir la destitución del jefe de Gobierno, pues ha habido un uso constante del aparato judicial para someter a los contrincantes, tanto en el llamado Pemexgate, como ahora en el del jefe de Gobierno, que debe tomarse en cuenta.

Bartlett Díaz, por su parte, reiteró que nadie cree en México que la Procuraduría General de la República (PGR) no actúa por consigna contra López Obrador, luego de la forma escandalosa en que se manejó el caso Ahumada "desde el poder", con la intervención evidente de funcionarios y hasta un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Mientras, en San Lázaro, diputados de PRD, PT y Convergencia coincidieron en que el gobierno federal, en conjunto con el PRI, se da a la tarea de eliminar del escenario político al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Gonzalo Yáñez, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, adujo que tras la determinación de la sección instructora de iniciar el juicio de desafuero contra el jefe de Gobierno, se confirma que el procedimiento iniciado contra Andrés Manuel López Obrador tiene fondo político.

"Lo que buscan es impedir que sea candidato a la Presidencia de la República en 2006, pero dicha acción no va a prosperar porque la mayoría del pueblo de México repudia las acciones ejercidas contra el jefe de Gobierno de la capital. Por tal razón nos manifestamos en contra del uso faccioso de las instituciones del Estado con la pretensión de eliminar a un contendiente electoral que consideran de sumo peligro para el proyecto neoliberal".

En ese sentido, el coordinador de Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, calificó de sospechosa la exculpación de las autoridades capitalinas en el caso del Paraje San Juan. "Tratan de evidenciar ante la opinión pública que el gobierno federal actúa conforme a derecho y que en esta ocasión aplicando la ley beneficia al gobierno de la ciudad de México. No obstante, la administración de Vicente Fox, en lugar de buscar el diálogo se va por la confrontación, en lugar de aplicar el estado de derecho pareciera que son más importantes los arreglos bajo la mesa, y por lo tanto se pierde la confianza en las instituciones de impartición de justicia".

Por su lado, Inti Muñoz, diputado del PRD, también consideró que la resolución en torno del Paraje San Juan "es una cortina de humo", porque el presidente Vicente Fox y el PRI urdieron "un golpe político que tendrá repercusiones directas entre los habitantes de la ciudad de México, porque se impediría la aplicación de medidas de beneficio para la mayoría".