No es fácil comprender el "descubrimiento" anunciado ayer por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de que el Paraje San Juan es propiedad de la nación. Si el Ejecutivo federal dejó pasar los primeros tres años y seis meses de su sexenio antes de caer en la cuenta de ese dato y dejó correr, mientras tanto, procesos legales viciados e irregulares que habrían podido culminar con un daño por más de mil 800 millones de pesos al erario público, o bien con una destitución aberrante e injusta del jefe del gobierno capitalino, quien se negó siempre a pagar esa suma, tal omisión sólo puede entenderse como resultado de una ineficiencia y un descontrol monumentales y exasperantes, o bien como un indicio más de la mala fe con que actúa el foxismo contra el titular del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, actitud que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, se empeñó ayer en negar, pero que a los miembros del actual gabinete se les asoma por todas partes.

Como quiera, el hecho es que el "descubrimiento" de la SRA pone de manifiesto que la decisión de López Obrador de no pagar la multimillonaria indemnización que un grupo de vivales pretendía obtener por mecanismos fraudulentos fue justa y correcta en todo momento, y que las mafias de la especulación inmobiliaria -en la capital, y acaso también en resto del país- disponen de poderosos protectores: la ineptitud, la mezquindad política o la complicidad del Poder Ejecutivo, o las tres cosas juntas; la venalidad de dependencias del Poder Judicial que emiten fallos con base en documentos falsos y derechos de propiedad inexistentes, y los grupos de coyotes que litigan con el propósito de ordeñar, a costa de lo que sea, las arcas del Estado. No parece casual, a este respecto, que los abogados de Carlos Ahumada Kurtz sean los mismos que defienden al presunto defraudador del caso del Paraje San Juan, Enrique Arcipreste del Abrego, y que, según afirmó ayer López Obrador, los nombres se repitan en el caso de El Encino, del cual la Presidencia, por mano de la Procuraduría General de la República (PGR), tomó el pretexto para pedir a la Cámara de Diputados el desafuero del jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

El dato divulgado ayer por la SRA pone en entredicho la expropiación del predio, firmada en 1989 por Carlos Salinas, y a muchos otros protagonistas del caso. ¿Con qué propósito expropió el entonces presidente un terreno que pertenecía a la nación? ¿A qué se refería Manuel Camacho -regente, en aquel entonces, de la capital- cuando afirmó, en octubre del año pasado, que esa expropiación se realizó "con estricto apego a derecho" y con el propósito de desactivar un conflicto social? ¿A qué intereses servía la juez Gabriela Rolón, la cual ordenó ese mes al GDF que pagara a Arcipreste los más de mil 800 millones de "indemnización"? ¿Qué clase de legalidad impusieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando, en 2001, conminaron y obligaron al entonces delegado en Iztapalapa, René Arce Islas, con amenaza de destitución, inhabilitación y encarcelamiento, a pagar 31 millones de pesos de "indemnización" por una parte del predio referido a Francisco Arteaga, un particular que previamente estuvo preso por despojo? ¿Qué buscaba Diego Fernández de Cevallos cuando, en octubre del año pasado, calificó de "corrupto", "tramposo", "deshonesto" y "payaso" al gobernante capitalino porque éste se negó a entregar la millonaria suma al "dueño" del Paraje San Juan? ¿No ameritaría la "aclaración" de la SRA que se llamara a declarar a Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Guanajuato, integrante del bufete de Fernández de Cevallos y quien en alguna ocasión acudió al GDF a negociar en nombre de algunos de los "propietarios" del Paraje San Juan y del predio El Encino?

Independientemente de esas dudas, el "hallazgo" de la SRA no parece manifestar la "cooperación del gobierno del presidente Vicente Fox con el Gobierno del Distrito Federal" -Santiago Creel dixit- sino, más bien, la desesperación y el empantanamiento del gabinete foxista, más enredado que nunca en lo que se percibe como una conspiración para destruir mediática, política y jurídicamente al titular del Ejecutivo capitalino. La "cooperación" que pudo verse ayer ocurrió, en cambio, entre dos legisladores priístas y uno panista, los tres integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que votaron por iniciar el aberrante juicio de procedencia contra López Obrador por el caso de El Encino, muy similar al del Paraje San Juan. Poco antes, el dirigente tricolor, Roberto Madrazo (enemigo histórico de López Obrador), había sido recibido en Los Pinos -sin condiciones previas, por cierto- por el presidente blanquiazul, Vicente Fox. ¿Otra coincidencia?