El 15 de junio, debate en la Asamblea Nacional

Marchan 80 mil trabajadores contra la privatización energética en Francia

YURIRIA ITURRIAGA CORRESPONSAL

Paris, 27 de mayo. Desautorizado y vencido en las elecciones regionales, vuelto minoritario en el país, el gobierno del primer ministro Jean-Pierre Raffarin, del presidente Jacques Chirac, con su encargado de Finanzas, Nicolás Sarkozy, continúa con la política que le ha ganado impopularidad entre su pueblo: el 19 de mayo pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de estatuto de las compañías de Electricidad y de Gas de Francia (EDF-GDF) en lo que es considerado un preludio de privatización. El 15 de junio próximo dicha iniciativa será discutida en la Asamblea Nacional.

Esta mañana se dieron cita en la plaza de la Bastilla las cinco federaciones de sindicatos de la industria energética. Las FCE-CFDT y CFTC, de tendencia socialista, CGT y FNEM de origen comunista y la FO trotskysta, reunieron 80 mil trabajadores de los 120 mil con que cuenta el sector EDF-GDF en el país. Todos estos, acompañados por dos contingentes de empleados de correos y ferrocarriles, se unieron en el objetivo de pedir a los legisladores no votar la iniciativa de ley que terminará por privatizar el sector energético francés.

La energía en Francia fue nacionalizada hace 60 años y la Intersindical de EDF-GDF advirtió que, si acaso se votaba la ley, habría que movilizarse para obligar a la re-nacionalización de las industrias energéticas. "Miente el ministro de energía cuando dice que el servicio bajará sus precios (gracias a la competencia) pues ya se anunció el aumento de 15 por ciento en la electricidad para las pequeñas y medianas empresas e industrias y para los artesanos entre 2005 y 2007. Se provocarán muchos cierres y pérdidas de empleo, luego vendrán los aumentos para los usuarios".

Desde la tribuna se explicó que EDF-GDF son las industrias energéticas más competitivas de Europa, que el Estado gasta muchos recursos de estas paraestatales en publicitarlas para el futuro ingreso del capital privado en su explotación, que con ello se va a convertir dichas filiales en competidoras envueltas en una guerra sin cuartel.

Dos horas más tarde, el ministro de Finanzas, Nicolás Sarkozy, aseguraba frente a las cámaras de televisión que el Estado sólo vendería 30 por ciento del capital, que el restante 70 por ciento era intocable. Pero es casi seguro que la mayoría de los 80 mil trabajadores, técnicos, burócratas y obreros de las industrias energéticas francesas, no le creyeron.