Hasta el momento respaldan la decisión 170 legisladores del PRI y PRD

Interpondrá Bartlett demanda de nulidad de contratos de servicios múltiples en Burgos

ISRAEL RODRIGUEZ

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, Manuel Bartlett Díaz, interpondrá una demanda de nulidad en contra de los contratos de servicios múltiples (CSM) adjudicados a cinco consorcios que ganaron la licitación para la explotación de gas natural en la cuenca de Burgos.

Eventualmente será a mediados de la próxima semana cuando se presente ante los tribunales civiles la solicitud para anular los controvertidos contratos, por medio de los cuales las empresas privadas que los ganaron pueden explorar y explotar el energético en la cuenca gasífera más importante de México.

Hasta el momento se cuenta con el respaldo de 170 legisladores de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI). De estos, 43 son senadores y los 127 restantes diputados.

Actualmente, los abogados encabezados por el despacho Rocha Díaz trabajan en los últimos detalles para que la solicitud de nulidad sea aceptada por el juez.

La demanda de nulidad absoluta será contra la española Repsol, ganadora de la primera licitación, y contra Petrobras-Teikoku Oil Petroleum, los cuales ganaron dos licitaciones, Techint, Tecpetrol-Industrial, y Lewis Energy Group.

La demanda fundamenta que el contrato genérico conocido como CSM está al margen de la ley y de la Constitución, debido a que el gobierno a través de Pemex Exploración y Producción (PEP) transfiere la operación, la administración y la dirección de los trabajos petroleros a los consorcios privados en su mayoría trasnacionales.

Los especialistas señalaron que la redacción de los controvertidos CSM tiene la clara intención de ocultar, disfrazar y esconder que las multinacionales contratadas realizan actividades reservadas al Estado.

Estos contratos están al margen del marco jurídico vigente, concretamente de la carta magna, de las leyes reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Orgánica de Pemex, la de inversión extranjera, la general de Bienes Nacionales y Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Aunque el senador Bartlett ha manejado este recurso legal con gran sigilo, se rebatirá que el contrato no es de obra pública, sino de explotación, y es de naturaleza similar a las concesiones y a los contratos de riesgo.

Además, Pemex Exploración y Producción ha transferido a las empresas contratadas el control de todo el flujo de información y queda a expensas de los datos que le suministren las trasnacionales, las cuales están a cargo de todo el proceso industrial y de la toma de decisiones fundamentales.