Reaccionan diputados; responderán a la controversia

Demandan al Congreso evitar que el Ejecutivo viole la Constitución

ROBERTO GARDUÑO

La decisión del Ejecutivo federal de interponer una controversia constitucional en defensa de los contratos privados para generar energía eléctrica, provocó en la Cámara de Diputados una respuesta similar de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), al demandar al Congreso una controversia más con objeto de impedir que el gobierno federal continúe ''violando la carta magna''.

Pablo Gómez, líder de la bancada del PRD, confirmó el rechazo a la decisión presidencial y sostuvo que ''responderemos a esa controversia, concurriremos a la Corte para exponer nuestros puntos de vista en relación con que el Ejecutivo no puede realizar actividades que no están permitidas por la Constitución, y esperamos que la Corte resuelva lo conveniente. El Congreso no ha autorizado al Presidente un cambio a la Constitución y lo que está haciendo es violar la Constitución; lo que quiere es modificar la carta magna en lugar de cambiar la política de su gobierno''.

Gonzalo Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del PT, emplazó a la Cámara de Diputados a emprender el camino de la controversia constitucional para responder a las ilegalidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Comisión Federal de Electricidad y en la Comisión Reguladora de Energía.

''El Ejecutivo está pisoteando las legislación nacional, y sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene poder para intervenir mandatando a los órganos correspondientes del Estado a que se apeguen a la Constitución. Por eso urge interponer ese recurso, porque de lo contrario Vicente Fox se seguirá burlando del país, de sus ciudadanos y de las leyes. Realmente lo que tenemos en México es un Presidente anticonstitucional que hace burla y mofa con sus conductas ilícitas''.

En tono moderado, el presidente de la comisión de vigilancia, Salvador Sánchez Vázquez, adujo que el Poder Legislativo analiza que no se deje como facultad exclusiva del Ejecutivo federal la firma de contratos, pues se invaden distintas esferas de la administración pública federal.

''Es una facultad exclusiva del Poder Legislativo observar si hay legalidad o no en los contratos o convenios; goza de la facultad de detectar las anomalías y reformar el marco jurídico, y en este caso lo vamos a hacer. Lo que no se puede permitir es que el Ejecutivo vaya a querer poner limitaciones a una facultad que sí es exclusiva de la Cámara de Diputados, que es la de aprobar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque si eso estuviera en el fondo sería lamentable''.

El perredista Gerardo Ulloa también se manifestó porque la presidencia de la Cámara de Diputados comience el procedimiento de controversia constitucional contra los contratos: ''En la revisión de la Cuenta Pública 2002 quedaron manifiestas las graves irregularidades en que han incurrido los permisionarios en la generación de energía eléctrica. Para sorpresa de todos, el órgano fiscalizador descubrió que los empresarios privados sí venden electricidad a otras empresas, hecho que viola el artículo 27 de la Constitución porque esta tarea sólo corresponde a las dependencias del Estado mexicano.

''Es imprescindible una decisión tácita para que la Suprema Corte tenga en sus manos una controversia constitucional elaborada en el Poder Legislativo contra los contratos que sólo significan el saqueo de la riqueza natural del país'', apuntó.

En meses pasados la Auditoría Superior de la Federación emitió un diagnóstico negativo sobre el futuro de la Comisión Federal de Electricidad porque ''irá perdiendo presencia en la atención de la demanda del servicio de energía, debido a que se apoyará crecientemente en energía proveniente de productores independientes de energía (PIE), aunque cuenta con capacidad de inversión para financiar parte de la expansión de la infraestructura.

''Esto ocurre en razón de que Hacienda no le autoriza a la CFE invertir sus propios recursos. Las acciones de ampliación de la infraestructura realizada por la CFE permitieron atender la demanda nacional de energía con oportunidad; sin embargo, los bajos márgenes de reserva registrados en 2000 y 2001 afectaron negativamente la confiabilidad y seguridad'' de la empresa.

En el aspecto de la evaluación del proceso para otorgar permisos de generación de energía eléctrica, la ASF concluyó que se otorgaron las autorizaciones ''a pesar de que los solicitantes no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, ni con la documentación requerida, de que los permisos no están fundados ni motivados. En particular se comprobó la existencia de permisionarios cuyo objeto es la generación de energía eléctrica para su venta, lo cual contraviene el espíritu del artículo 27 constitucional. En un caso, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso a pesar de que la CFE emitió su opinión en sentido contrario''.