David Pedraza Cuellar*

Legisladores corsarios atacan buque educativo

Diecinueve diputados del PRI y del PAN que forman parte de la Comisión del Distrito Federal aprobaron por mayoría el pasado 6 de mayo un dictamen de reforma al artículo 122 de la Constitución, cuya modificación pretende que el gobierno de la ciudad se haga responsable de los servicios de educación básica.

La transferencia de los servicios educativos de la Federación al gobierno de la capital ha sido un punto de controversia vigente desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, en 1992. Los gobiernos emanados del PRD han demandado en forma reiterada el traslado de los servicios.

En marzo de 2003 Andrés Manuel López Obrador se refirió de manera puntual a este tema, señalando que desde el inicio de su gestión solicitó al gobierno federal transferir la responsabilidad de la educación básica al gobierno local; comentó que en un principio la Federación hablaba de transferir los recursos para la atención de la educación básica hacia el gobierno capitalino, pero nunca lo concretó (La Jornada, 3/3/03, p. 39).

Ahora estos diputados pretenden dar un "golpe de gobierno" al transferir la responsabilidad de atender a un millón 778 mil 918 alumnos del Distrito Federal, es decir, 7.4 por ciento del total nacional, sin otorgar a la administración local los recursos necesarios.

Los diputados promotores de la reforma saben que de aprobarse este dictamen llevarían el proyecto de López Obrador al fracaso financiero.

Después de muchas décadas de derechos conculcados, aun los defeños no hemos logrado tener un Legislativo local con plenos poderes para dictar medidas que no afecten los intereses de los habitantes de la capital, tal como sucedería de aprobarse este dictamen. Los motivos de la reforma se escudan en una falsa búsqueda de la equidad; sin embargo, su objetivo real es eliminar a un adversario que cuenta con fuerte apoyo popular para la próxima contienda electoral. El bloque mayoritario en la Cámara, además de pretender crear un cerco financiero, propicia un potencial conflicto político, que podría surgir de las necesarias negociaciones sindicales, entre los gobernantes locales con los trabajadores de la educación agrupados en las secciones 9, 10 y 11 del SNTE.

En mayo de 1992 la Federación cedió la administración de los servicios educativos a 31 de los estados, los gobernadores recibieron todos los recursos financieros, humanos y materiales que la SEP manejaba en los niveles y modalidades de la enseñanza inicial, prescolar, primaria, secundaria, normal, indígena y especial, incluidas las unidades estatales de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunque el Distrito Federal se encontraba en los planes de transferencia, se postergó, quedando previsto en la Ley General de Educación en el artículo cuarto transitorio que "... para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical..." Once años han pasado, el panorama político se ha transformado y la transferencia sigue siendo compromiso incumplido.

En 1992, gobierno federal, administración capitalina y dirección magisterial eran partes de un mismo proyecto político: hoy se tiene el dilema de entregar los servicios educativos a un proyecto rival. Con la alternancia en el poder, el problema transita de lo administrativo a lo ideológico. La penetración social, consustancial a la educación, pasa por la posibilidad de la formación crítica, lejana al objetivo actual de los administradores del proyecto neoliberal; por ello el tránsito aterciopelado de los servicios educativos no se encuentra visible dentro de los escenarios de confrontación política en que vive el país.

La aventura corsaria de los diputados golpistas, originalmente preparada por Alfredo del Mazo, desconoce la historia de la educación en la capital; olvidan que los impuestos de los capitalinos retornaban mediante los programas de la Federación, y que históricamente la SEP ha regentado el presupuesto educativo de la ciudad de México. El Distrito Federal fue un departamento dependiente del Ejecutivo federal ajeno a toda acción educativa. Sólo cuando la capital recuperó el derecho a elegir a sus gobernantes cuando se comenzó a invertir en educación, aun en contra de la voluntad de las autoridades educativas de la Federación, lo cual obligó al gobierno local a llevar la controversia hasta la Suprema Corte de Justicia, que falló a favor del derecho de la ciudad a educar a sus habitantes.

Ante lo inevitable del debate abierto por la educación en la ciudad, recuperemos el espíritu del artículo 27 de la Ley General de Educación, que dice:

".... el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

"En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública."

Esperemos que cada instancia de gobierno cumpla con su obligación y que los legisladores de la Comisión del Distrito Federal tengan la prudencia de desandar el camino contrario al interés de sus representados.

*Profesor-investigador del cuerpo académico Políticas Públicas y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco.