Acusan a Creel y a Gertz de desobedecer orden judicial; la SG rechaza aseveración

Rompen diálogo comuneros de Xalatlaco

Anuncian que interpondrán una denuncia penal contra los funcionarios federales

JOSE ANTONIO ROMAN E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSAL

Los habitantes de la comunidad de Xalatlaco rompieron las pláticas con autoridades gubernamentales y anunciaron que demandarán a los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Santiago Creel y Alejandro Gertz, respectivamente, por desacato a una orden de suspensión del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los abogados de la comunidad del estado de México, Rafael Ruanova y Miguel Angel Becker, anunciaron que la decisión se debe a que los encargados de estas dos dependencias se negaron a acatar la suspensión de varios juicios de amparo para que no se prive a los comuneros de Xalatlaco de la propiedad de los bienes agrarios.

Incluso, Ruanova informó de la existencia de un oficio del presidente Vicente Fox a los dos secretarios, fechado el 8 de septiembre de 2003, en el que les instruye que respeten la suspensión ordenada por las autoridades judiciales federales, situación que han desconocido hasta el momento. "En los hechos, se trata de un acto tanto o más grave que el del predio El Encino, donde hay una supuesta violación y desacato que cometen funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, porque en el caso de Xalatlaco la quejosa, a quien violan sus derechos, es todo un pueblo, mientras que en el primero se trata de un particular."

Entrevistados al salir de la Secretaría de Gobernación, adonde acudieron a la mesa de diálogo instalada para atender el caso y evitar enfrentamientos mayores que los ocurridos recientemente, los comuneros de Xalatlaco y sus abogados señalaron que durante la reunión se exigió el respeto a dichas suspensiones. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue que se desconocían las condiciones en que fueron dictadas y que por tanto no se acataban.

Ruanova y Becker precisaron que ante estos hechos los comuneros decidieron abandonar la mesa de diálogo y proceder judicialmente en contra de ambos funcionarios. "En esta mesa nos dicen que el gobierno federal no conoce ni siquiera los acuerdos o los actos que se reclaman en el juicio de amparo, como si el asunto de nuestra comunidad fuera nuevo o reciente. Nosotros lo entendimos como una burla. En realidad el gobierno no tiene voluntad de resolver el conflicto y menos de respetar la ley."

Los abogados insistieron en que tienen en su poder pruebas documentales de que Creel y Gertz sí estaban notificados por el Poder Judicial de la Federación (PJF) de los términos y alcances de la suspensión que obtuvieron los comuneros del estado de México. En tales documentos se solicita a la Policía Federal Preventiva respetar las posesiones del pueblo de Xalatlaco.

Ruanova consideró que la condición esencial para restablecer el diálogo es el respeto a las determinaciones del PJF e indicó que sólo de esta manera será posible dirimir el conflicto en torno a las mil 509 hectáreas de terreno boscoso, con manantiales y otras riquezas naturales, que se encuentran entre los límites del estado de México y el Distrito Federal.

Por su parte, el secretario de la comisión de bienes comunales de Xalatlaco, Alfonso Jiménez Quiroz, advirtió que a pesar de que la comunidad no desea más violencia, con la actitud mostrada por las autoridades de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, el riesgo de enfrentamiento está latente, más porque no se cumplió con el ofrecimiento de replegar a los elementos de la PFP del predio de Agua Grande.

Afirmó que por el momento queda descartado un nuevo diálogo en el que estén presentes las autoridades, por lo que a partir de este martes buscarán a los comuneros de Santo Tomás y San Miguel Ajusco para llegar a un acuerdo que permita aliviar la situación entre ambas comunidades.

En tanto, el secretario general de gobierno mexiquense, Manuel Cadena, aseguró en Toluca que los comuneros determinaron levantarse de la mesa por el simple hecho de que "consideraron que ahí no iban a dirimir diferencias de carácter jurídico".

Recalcó que el gobierno del estado seguirá pugnando por que el asunto lo retome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia ante la cual los comuneros deberán de demostrar que, efectivamente, hubo una serie de irregularidades en el juicio agrario, que provocaron que la sentencia fuera en su contra.

"Nosotros -añadió- estaremos en toda la disposición de apoyar a los comuneros y asesorarlos, si así lo requieren, para demostrar sus dichos, pero estaremos convocándolos para que en paz y tranquilidad se diriman los conflictos."

Por la noche, el jefe de Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas, señaló que la interpretación legal de los comuneros de Xalatlaco es errónea, e incluso dijo que gracias a la mediación de la dependencia han sido recibidos por la Secretaría de la Reforma Agraria para que regularicen su situación como comuneros, debido a que no tienen personalidad jurídica y ése es uno de los problemas en los amparos.

Recordó que en reuniones previas con los pobladores, tanto de la parte del DF como del estado de México, se convino la participación de la PFP en los terrenos en disputa. Insistió en que Gobernación sólo es instancia política y no jurisdiccional para determinar los alcances de una decisión del Poder Judicial.