José Blanco

El Peje y la PG

Hace tiempo que una parte de la clase política mexicana decidió "judicializar" la política. El primero que disparó en tal sentido fue Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2001, cuando presentó una controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox por el horario de verano. El tabasqueño comenzó su gestión abriendo guerra contra el Presidente. Este respondió en abril de ese año con su propia controversia constitucional contra el jefe de Gobierno, por desacato. De ahí en adelante vino una andanada de ataques de López Obrador contra Fox por cuantos motivos (reales) halló a la mano. Desde el Fobaproa, la política económica, los Amigos de Fox y un largo etcétera. Se inauguró así este tramo de la guerra política interpartidaria que no ha cesado. No muy tarde el tabasqueño cambió su estrategia y decidió cuidar la silla presidencial.

Bien mirado, la guerra política por 2006 comenzó el 1Ɔ de diciembre de 2000. Ningún partido quiere hacer nada que pueda aumentar la legitimidad o la imagen de los otros. Y la nación, que ruede. Les consta a todos los mexicanos que tienen una opinión peor sobre la Cámara de Diputados y sus fracciones parlamentarias que la que tienen sobre la policía.

En julio de 2002 el Congreso de la Unión presentó una controversia constitucional contra Fox, impulsada por el PRD y el PRI, considerando que el Presidente se había excedido en sus facultades al intentar reformar la ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica.

Es sólo parte de una rijosa historia interminable. Las bancadas se dan con todo, entre sí, cada vez que una ve oportunidad. Los opositores en la Cámara de Diputados le pegan hasta con la cubeta al Presidente un día sí y otro también; Fox señala que la nación no avanza por irresponsabilidad de los legisladores. Y así, sin ton ni son, sin orden ni concierto, sin reglas ni acuerdos, el régimen político, por la vía de los hechos, se ha ido "parlamentarizando", como ha dicho con razón Santiago Creel.

Para la ciudadanía es imposible que quede claro el fondo jurídico de la trapisonda actual protagonizada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). La (correcta) lectura ciudadana es que se trata de un nuevo round entre el presidente Fox y el gobierno perredista.

El fondo jurídico, sin embargo, existe: hay desacato de López Obrador a una resolución judicial, respaldada por la Suprema Corte de Justicia. No se trata, por supuesto, de si en los hechos hubo o no el tal desacato. Ya se sabe que entre el mundo real y el mundo legal hay a veces distancias incomprensibles para los ciudadanos de a pie. Pero la verdad jurídica y lo que es justo lo deciden los jueces, según "las reglas de juego" (las leyes) que nos hemos dado. Había, pues, sustancia legal para la acción que decidió llevar adelante la PGR. Se trata de una decisión en acato a un fallo de un juez competente.

Todo parece indicar que el Gobierno del Distrito Federal descuidó absolutamente el terreno legal y se condujo con prepotencia y desdén frente a los procesos legales en marcha, en el asunto de marras, porque estaba seguro de que en los hechos había cumplimentado, según dice, la resolución judicial.

En este tema no hay sorpresas. López Obrador, a la luz del día, se conduce con atemorizante displicencia respecto a la normatividad que rige en diversos espacios del quehacer de gobierno de esta demarcación política aporreada. Atemorizante, sí, porque puede ser el próximo Presidente de la República y es claro que el tabasqueño se guía por sus "principios" y su sentido personal de la justicia. Si coinciden con la ley, santo y bueno, si no ni modos.

Hace unos días expresó por enésima vez que es preciso cuidar la silla presidencial, cuidar al Ejecutivo, porque "siempre hace falta el árbitro". Le es necesario a la sociedad mexicana ese juez supremo de última instancia que fue el Presidente durante la era priísta. Esta tesis es aterrorizante porque muestra a las claras su posición y actitud ante la ley.

Por otra parte, se dice, la PGR no actúa parejo; este asunto, sin embargo, no es argumento que anule el contenido jurídico del fallo referido. Si la PGR actúa con raseros distintos, es otro problema que requiere atención y solución, mediante las reformas necesarias.

Lo que ha quedado plenamente a la luz del sol en los pleitos de barandilla que nos fatigan sin descanso desde Ponce y Ahumada es el absurdo total de que la procuración de justicia y la función del Ministerio Público se hallen en manos de los poderes ejecutivos en los niveles federal y estatal. Los bandos políticos han utilizado indecorosamente cada uno a "su" procuraduría en la fastidiosa esgrima que nos vemos obligados a contemplar día con día.

El balón está ahora en la cancha del PRI. Los mexicanos estaremos sumamente atentos a la decisión que tomará en relación con el desafuero. Veremos si es capaz de adoptar una decisión responsable y dar a la sociedad una explicación clara y convincente de esa decisión que determinará si López Obrador ha de defender en los tribunales sus razones ahora, o hasta el fin de su mandato.