GARROTES Y ZANAHORIAS

Cuando la abrupta devaluación del peso en diciembre de 1994 marcó el inicio de la más pronunciada crisis económica y financiera del país en 60 años, muchos de los inversionistas que perdieron dinero en México se lamentaron por su falta de previsión ante un problema que se veía venir. Quizá no fue sólo falta de previsión lo que causó pérdidas enormes a los fondos de inversión extranjeros que tenían dinero en papeles mexicanos (se estima que perdieron hasta 13 mil millones de dólares). Es probable que también hubiera, en aquella ocasión, fallas en la difusión de información oportuna, por ejemplo, sobre la solvencia del sistema bancario o la capacidad del gobierno federal para liquidar su deuda de corto plazo.

Precisamente una de las reformas emprendidas a partir de la crisis de 1995 fue la relacionada con la difusión de información económica. Parte de los préstamos obtenidos por México en el Banco Mundial tuvieron este propósito. El FMI, por su parte, brindó al gobierno asistencia técnica al respecto. De hecho, como parte de las obligaciones asumidas por el país a cambio del paquete económico de asistencia por 49 mil millones de dólares, el gobierno se comprometió a elaborar y cumplir un calendario de publicación de información económica. Hasta ahora, esa mecánica ha funcionado de manera cada vez más previsible.

El gobierno del presidente Vicente Fox tomó en enero de 2001 una decisión que, en su momento, tuvo buena aceptación de personas y organizaciones interesadas en el desenvolvimiento de la economía y la situación financiera. La Secretaría de Hacienda introdujo en la contabilidad de las finanzas públicas el concepto de "requerimientos financieros del sector público", que incorporó el costo de las deudas generadas por los rescates de los bancos comerciales y de las carreteras concesionadas, así como por el saneamiento de la banca de desarrollo, acciones emprendidas en la administración anterior. Además de un ejercicio de realismo ­que hacía público lo evidente­ sobre la verdadera dimensión del déficit fiscal, tal determinación fue interpretada como un paso hacia mayor transparencia.

Parece, no obstante, que la tónica es caminar hacia atrás.

El gobierno foxista ha sido eficiente en elevar el gasto corriente, es decir, el relacionado con el costo de las operaciones del sector público. Mientras tanto, ha reducido de manera sensible el destinado a la inversión en proyectos que podrían generar mayor actividad económica a mediano y largo plazos.

Cifras: el gasto en servicios personales del gobierno federal tuvo en 2003 un crecimiento anual de 6.7 por ciento en términos reales. El gasto de capital del sector público, en cambio, disminuyó 2.1 por ciento, también en términos reales.

En 1990, el gasto corriente del sector público representaba poco más de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). En 2003 fue de 14.5 por ciento del PIB.

La Secretaría de Hacienda introdujo este mes una fórmula, al menos cuestionable, para presentar la contabilidad de finanzas públicas.

En el informe de finanzas públicas del primer trimestre del año, difundido el 4 de mayo pasado, Hacienda argumentó que una cantidad de recursos clasificados como gastos de operación, en realidad se destinan "a programas y proyectos que incrementan el capital y los activos públicos, comunitarios y privados". Menciona, por ejemplo, los recursos destinados al programa Alianza para el Campo o los que "fomentan la construcción y mejoramiento de vivienda".

En esa lógica, Hacienda consideró que esos recursos ­que son usados básicamente en sueldos para los empleados de programas como los citados­ "tienen un impacto en la formación de capital del país". Por tanto, arguye, constituyen una forma de gasto en inversión.

Así, según la dependencia, si se sigue la metodología tradicional, el gasto en inversión en el primer trimestre de este año tuvo un crecimiento real de 8.2 por ciento. Con la nueva forma de ver las cosas, el crecimiento es de 11.5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2003 y en términos reales.