Se actuó bien, independientemente de las diferencias políticas, afirma López Obrador

Positiva, la coordinación entre gobiernos en Agua Grande: GDF

Se buscará una solución integral en el conflicto entre comuneros de Xalatlaco y el Ajusco: Encinas

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El titular del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, expresó ayer su optimismo por el buen curso de las negociaciones en la disputa de mil 509 hectáreas del paraje Agua Grande, entre pobladores de Xalatlaco, estado de México, y San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal.

"El mejor camino es el diálogo y la búsqueda de acuerdos para evitar la confrontación y la violencia", señaló. Asimismo, destacó la reanudación de las negociaciones entre representantes de las dos comunidades, que anteriormente se desarrollaban en mesas por separado con autoridades capitalinas, mexiquenses y del gobierno federal.

Refirió que en la reunión del viernes en la Secretaría de Gobernación, las autoridades federales decidieron mantener la vigilancia en la zona en litigio, por medio de la Policía Federal Preventiva (PFP), para evitar un enfrentamiento entre los pueblos, y se logró también que los gobiernos del estado de México y capitalino apoyen en el resguardo de la zona.

"Y lo más importante es que el lunes se reinician las negociaciones entre los representantes de los pueblos", enfatizó.

En este caso, subrayó López Obrador, se actuó bien, "independientemente de las diferencias, porque estamos hablando de tres gobiernos con orígenes políticos distintos -el federal, del PAN; el estatal, del PRI, y el capitalino, del PRD-; sin embargo, agregó, cuando se trata de estos asuntos tiene que haber coordinación, se tiene que actuar de manera responsable para evitar por todos los medios la confrontación y la violencia".

Al respecto, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que la resolución judicial que definirá la propiedad del predio no será suficiente para solucionar las diferencias entre ambas comunidades, por lo que exhortó a las partes a tener voluntad para llegar, más allá de la solución jurídica, a acuerdos que resuelvan en definitiva el conflicto.

"Además de hacer valer la resolución que emitan las autoridades del Tribunal Unitario Agrario, tendremos que ver la manera de satisfacer a ambas partes, como puede ser mediante compensaciones, la búsqueda de tierra en otras zonas, dentro de la misma región, y otro tipo de beneficios que pudieran tener ambas comunidades; yo creo que no basta, en este caso, con la solución agraria, tenemos que ir pensando en una solución integral", expuso.

Indicó que este lunes se establecerá una mesa para hacer una evaluación jurídica de los documentos que la comunidad de Xalatlaco insiste en presentar para demostrar la posesión del predio, para delinear otras soluciones de fondo.

Respecto de la vigilancia, Encinas explicó que la PFP no sólo estará en el predio denominado La Placa, sino que realizará patrullajes a lo largo de las mil 509 hectáreas de terreno en disputa; la policía del estado de México se mantendrá en el límite de la entidad con el Distrito Federal, y el personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina resguardará el predio denominado La Cantimplora.

El funcionario consideró que se trata de un conflicto agrario que, como la mayor parte de los que hay de su índole en el país, son ancestrales, y cada una de las partes insiste en que le asiste la razón y el derecho; "por eso mismo se requiere de la voluntad de ambas comunidades, para que, más allá de la solución jurídica, podamos tener una solución aceptable, duradera y que pueda resolver en definitiva este asunto".

Pobladores de San Miguel y Santo Tomás decidirán hoy en asamblea si asisten a la Segob

JOSEFINA QUINTERO MORALES

Los comuneros de San Miguel y Santo Tomás Ajusco resolverán hoy en asamblea si participan en la "mesa jurídica" convocada por la Secretaría de Gobernación (Segob), para dar inicio a las negociaciones que pongan fin al conflicto agrario que sostienen con la comunidad del municipio de Xalatlaco, estado de México, por la propiedad de mil 509 hectáreas. En la reunión prevista para este lunes, participarán representantes de los gobiernos federal, capitalino y mexiquense.

Después de la tensión originada por el enfrentamiento del pasado miércoles, entre elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y comuneros de Xalatlaco, que exigían la salida del cuerpo de seguridad, ambas partes se encuentran tranquilas, pero los pobladores del Ajusco se dicen alertas ante cualquier eventualidad.

Los comuneros del Ajusco, organizados en una comisión, hacen recorridos para verificar la presencia de los cuerpos de seguridad en el paraje de Agua Grande. Distribuidos en turnos, andan en el monte y recorren brechas y caminos.

Los daños al paraje, provocados durante el reciente enfrentamiento, informaron los comuneros del Ajusco, serán denunciados ante las procuradurías Federal de Protección al Ambiente y General de la República, "porque (los de Xalatlaco) derribaron ocho árboles buenos para bloquear la carretera".

En 2003 se reavivó la disputa

El conflicto agrario es añejo, pero se recrudeció el 9 de julio de 2003, cuando la Comisión de Recursos Naturales (Corena) derribó 27 cabañas construidas por los comuneros de Xalatlaco en suelo de conservación ecológica. La violación de la ley ambiental originó el acto de la autoridad.

En protesta por la intervención de la Corena, la comunidad mexiquense retuvo a nueve policías, a funcionarios y a un comunero del Ajusco. Amagó con prender fuego a un camión de granaderos, si el Gobierno del Distrito Federal no restituía las cabañas derribadas, lo cual pudo evitarse gracias al inicio de las negociaciones con las autoridades.

Así, salió a la luz pública el conflicto, que durante años se mantuvo en los tribunales agrarios por las mil 509 hectáreas que se disputan las dos comunidades. En 1999 el tribunal resolvió en favor del Ajusco, pero el amparo interpuesto por un grupo de comuneros de Xalatlaco detuvo la ejecución de la sentencia y aún no se resuelve.

El conflicto volvió a agudizarse el 15 de julio de 2003, al romperse el diálogo entre las comunidades, que se llevaba a cabo en la Secretaría de Gobernación. En los días subsecuentes los de Xalatlaco intentaron tomar posesión del paraje, e intervino la Policía Federal Preventiva para resguardar en lugar, en espera del fallo.

En los 10 meses de reguardo, en dos ocasiones los comuneros de Xalatlaco han intentado entrar a Agua Grande, sin tomar en cuenta el acuerdo. La primera vez fue el 28 de septiembre, con el argumento de que celebrarían un ritual religioso, y por último, el 17 de este mes, lo que desencadenó un enfrentamiento de los campesinos mexiquenses con los elementos de la PFP.