México D.F. Viernes 21 de mayo de 2004
Legislador perredista deplora la "doble moral" del jefe del Ejecutivo
Presentaré pruebas del contrabando de azúcar de los Fox: Torres Hernández
Anuncia que una comisión de legisladores revisará la actuación de las aduanas
ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO
El rechazo de Los Pinos a la denuncia contra familiares de Vicente Fox, a quienes se les señala por su probable participación en actos de "contrabando documentado" de azúcar, recibió respuesta del presidente de la comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de caña de azúcar, el diputado priísta Marco Antonio Torres Hernández, quien ratificó el señalamiento contra la familia del mandatario y anunció que en el transcurso de la próxima semana dará a conocer más información sobre las irregularidades denunciadas.
"Es increíble la doble moral de este gobierno. La empresa Importadora de Cárnicos San Francisco de Asís sí pertenece a la familia de Vicente Fox, la cual incluso utiliza prestanombres y se encuentra entre las beneficiadas por el Fobaproa. En los próximos días daré a conocer más información al respecto, por lo pronto, la comisión especial viajará a distintas aduanas para constatar el contrabando que hemos denunciado en concordancia con la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera."
-La Presidencia de la República niega rotundamente su denuncia.
-Obviamente, porque la familia del Presidente triangula y utiliza prestanombres para cometer ese contrabando. Que no se nos olvide que el tema del azúcar no es desconocido para ellos, tan sólo basta recordar que Vicente Fox fue presidente de Coca-Cola, y su amigo Lino Korrodi se dedica sin cortapisas a esa actividad.
El vicecoordinador de la bancada del PT en San Lázaro, Pedro Vázquez, anunció que se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que investigue a fondo "estos hechos bochornosos para la atrofiada salud publica del país. Se debe averiguar quién está cometiendo este delito y aplicársele la ley, porque estoy convencido de que el contrabando es un problema que fractura la economía mexicana y afecta a las cadenas productivas en el terreno nacional. Si se genera un contrabando de tal magnitud, éste cuenta con la complicidad de las autoridades aduanales, porque no podría pasar una carga de esa naturaleza por los conductos formales en la frontera, es procedente la investigación inmediata y que se deslinden responsabilidades".
Por su parte, Francisco Carrillo, diputado del PRD, adujo que es "inadmisible e intolerable el doble discurso del presidente Vicente Fox, quien se solaza hablando de transparencia en las tareas gubernamentales y permite que en su propia cara sus familiares se enriquezcan a costa del debilitamiento de la economía nacional. Nuestra función como representantes populares nos obliga a iniciar una investigación sobre las aduanas donde permiten ese latrocinio. Lo que más preocupa es que el gobierno foxista pretenda desmentir todo mediante boletines de prensa, sin establecer una lucha frontal contra los actos de corrupción que se registran en la familia presidencial", aseguró el legislador.
También senadores de PRI y PRD exigieron que el Presidente pase de las palabras a los hechos, y que con la misma celeridad con que ha actuado contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo haga en el caso de su familia y ordene una investigación a fondo en torno al presunto contrabando de azúcar.
"Se tiene que investigar y fincar responsabilidades, no es válido el tráfico de influencias ni que la familia Fox se aproveche del puesto del Presidente para defraudar al fisco, y menos en un asunto que lastima a la economía mexicana y a un sector tan importante como el de los cañeros y azucareros", advirtió el senador priísta Carlos Chaurand.
Hizo notar que "es sospechoso que antes de que Fox fuera gobernador, las empresas de su familia estaban en la peor situación económica, y ahora resulta que están en bonanza". Por ello, agregó el legislador guanajuatense, esa presunción de contrabando de azúcar debe ser "investigada por las autoridades federales como si se tratara de cualquier particular".
Igualmente, el senador con licencia, Fidel Herrera, quien estuvo a cargo de la comisión que da seguimiento a la situación de los ingenios expropiados, consideró que es urgente acabar con esa competencia desleal contra los productores mexicanos de azúcar, que pone en riesgo a la industria mientras unos cuantos se enriquecen.
De acuerdo con sus cálculos, las ganancias por cada tonelada de azúcar que se in-troduce de manera ilegal al país son de unos 360 dólares.
De ahí puede inferirse que la empresa Importadora de Cárnicos San Francisco de Asís, obtuvo una ganancia de alrededor de 2 millones de dólares con la importación, sin el pago de gravámenes, de 6 mil toneladas del dulce.
El senador del PRD Jesús Ortega consideró que no basta con un desmentido de la Presidencia, ya que dada la gravedad de la acusación, que además está documentada, se requiere la intervención del Poder Judicial para iniciar una averiguación formal, sin importar que se trate de la familia Fox.
Niega el Presidente nexos de su familia con empresa sospechosa
La Presidencia de la República calificó de "absolutamente falso" que la familia de Vicente Fox sea propietaria o tenga vinculación alguna con la empresa Importadora de Cárnicos San Francisco de Asís, señalada de importar ilegalmente más de 6 mil toneladas de azúcar.
Mediante un comunicado oficial, la Presidencia respondió así a las acusaciones hechas la víspera por el presidente de la comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, el priísta Marco Antonio Torres Hernández, quien aseguró que el contrabando está documentado plenamente y que la empresa es propiedad de la familia del presidente Fox.
Tras insistir que dicho señalamiento "carece de fundamento y por tanto es irresponsable", la Presidencia de la República señala que siempre ha sido respetuosa de la libertad de expresión y reconoce en ella un valor esencial de nuestra democracia. Por ello, considera que los ciudadanos también tienen el derecho a una información objetiva y veraz. JOSE ANTONIO ROMAN
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