ONG han señalado la necesidad de cambiar la racionalidad en el uso del agua, dice

Ignoradas, las advertencias sobre grave deterioro de Chapala, afirma especialista

"En México el acceso a la justicia ambiental es una promesa no cumplida", asegura

ANGELICA ENCISO L.

Pese a que organizaciones no gubernamentales han presentado diversos recursos jurídicos ante obras previstas que afectarían aún más la cuenca Lerma-Chapala e incluso interpusieron ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) dos solicitudes de investigación, en ningún caso han obtenido respuesta favorable, señala Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara.

Desde 1996, especialistas y agrupaciones advirtieron sobre el "grave deterioro del lago de Chapala, síntoma del mal funcionamiento de la cuenca", y las organizaciones han señalado la necesidad de cambiar la racionalidad en el uso del agua, puntualiza la también coordinadora de las comisiones de derecho administrativo y derecho ambiental de la Barra Mexicana de Abogados capítulo Jalisco.

"Los consejos de cuenca, en los cuales se decide la distribución de las aguas superficiales, han funcionado como verdaderas autoridades de facto, al margen de la legalidad de los actos jurídicos, y servido para justificar los actos por omisión de la autoridad encargada de la gestión del agua en el país". Además, "han hecho un campo propicio para la confrontación de intereses entre los propios usuarios del líquido, como el caso con Guanajuato", indica en el texto Difícil acceso a justicia ambiental, caso estudio lago de Chapala.

Gutiérrez Nájera enumera los conflictos que se presentaron en 2003 con los agricultores del distrito de riego 11 de Guanajuato, que desviaron las aguas que corrían por el río Lerma hacia el lago de Chapala, como medida compensatoria de la baja cantidad de agua que tenía el lago. En ese momento las autoridades "se la pasaron con declaraciones sobre esa acción, sin tomar medidas", precisa.

Además, en diciembre los mismos agricultores se opusieron a la transferencia de agua hacia el lago, a pesar de que el ciclo de lluvias considerado como atípico por su abundancia provocó inundaciones en esa entidad; interpusieron un amparo ante el trasvase de agua previsto al lago. La resolución fue la suspensión del envío del agua y ninguna autoridad ambiental se presentó al juicio, agrega el documento.

Detalla que entre los conflictos existentes está la competencia "ficticia" entre el lago de Chapala y el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual sirvió como argumento para la promoción del proyecto de la presa Arcediano, pero esto implica ensuciar las aguas limpias del río Verde con las del Santiago. En octubre se autorizó el estudio de impacto ambiental, pese a los recursos de revisión que interpusieron los interesados en la protección de la cuenca.

Ante la CCAAN presentaron dos peticiones para que el organismo realizara expedientes de hechos e hiciera recomendaciones al gobierno mexicano. La primera se presentó en 1997, bajo el argumento de que el gobierno omite la aplicación efectiva de la legislación ambiental al no declarar como zona de emergencia ambiental el lago. Esta petición fue rechazada por el organismo trinacional en 2000.

La segunda petición se presentó en 2003 por organizaciones de la sociedad civil y aún no se resuelve. Frente a esta situación, Gutiérrez Nájera concluye que este caso "nos enseña, por una parte, que el acceso a la justicia ambiental en México es todavía, en pleno siglo XXI, una promesa no cumplida, a pesar del reconocimiento a escala mundial de la crisis ambiental y grave deterioro de los recursos naturales".