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México D.F. Miércoles 19 de mayo de 2004

MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Cabal tardó 3 años en su fraude y el juez días para devolverle dinero

A los contribuyentes mexicanos les tomará no menos de 30 años pagar facturas ajenas

LA CONTUNDENTE ACTUACION en contra de los Amigos de Fox, Vamos México y el Pemexgate -por citar sólo algunos casos en los que ha intervenido de manera decisiva-, permite evaluar la sólida autoridad moral que tiene el gobierno del "cambio" para reivindicar el estado de derecho que dice fomentar en el caso del jefe peje gobernador capitalino.

EN LOS TRES CASOS CITADOS prevaleció la violación a la ley electoral, el desvío de fondos públicos, el asalto en despoblado y la concertacesión, y por ello el aparato del gobierno del "cambio" aceleró hasta el fondo para evitar sanciones, destituciones y encarcelamientos que afectarían a los suyos, dando muestra fehaciente del estado de derecho que dice fomentar.

AHORA QUE SE LE PRESENTA la oportunidad en el asunto de El Encino, en el que no hay robo ni despojo, ni desvío de fondos públicos, ni concertacesiones, dicho gobierno de nueva cuenta pisa el acelerador pero con la finalidad de quitarse de encima a un molesto personaje que les nubla la visión (no puede decirse razón, porque carece de ella) y les afecta el calendario (electoral, desde luego).

MIENTRAS EL PLOMIZO secretario de Gobernación -diccionario en mano- explica su muy particular definición de estado de derecho y el procurador general de la República -cascaritas ahumadas de por medio- actúa de "manera contundente" en contra de quienes "violen la ley", los delincuentes de cuello blanco (libres por los "olvidos", "inconsistencias jurídicas", "pérdida" de expedientes, "presentación extemporánea de pruebas" y demás precisiones de la PGR) incrementan su cosecha y anotan nuevos goles en la abierta portería de quienes dicen defender y promover la susodicha legalidad.

UN EJEMPLO ES EL siguiente: "el ex banquero Carlos Cabal Peniche está a un paso de lograr una victoria jurídica que obligaría al gobierno federal, y en particular al IPAB, a indemnizarlo con más de 3 mil millones de pesos por la pérdida de los recursos que invirtió para la compra de Banco Unión. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal condenó al IPAB a devolver a la empresa Eastbrook de México -es decir, a Cabal Peniche, su cuñado Marcos Pasini y Jesús Romero Osorio-, los 265 millones 608 mil pesos que aportaron al fideicomiso creado en 1991 para comprar al gobierno el Banco BCH, luego rebautizado como Banco Unión. Asimismo, se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios, consistentes en los intereses que pudieran haber generado las aportaciones al fideicomiso 2588-4, mismos que deberán calcularse a la más alta tasa de rentabilidad, resolvieron los magistrados de la tercera sala civil del TSJDF. Las aportaciones al fideicomiso fueron hechas entre septiembre de 1991 y abril de 1994, lo que llevaría la cifra final a más de 3 mil 500 millones de pesos. (Mural, 18 de mayo).

QUINCE ACUSACIONES -entre ellas fraude y lavado de dinero-, pesaban sobre el ex "banquero" cuando pisó suelo mexicano tras ser extraditado de Australia. Todas han quedado sin efecto o en suspenso, en el peor de los casos, porque los defensores del estado de derecho -la PGR entre ellos- "olvidaron" presentar pruebas, lo hicieron de manera "extemporánea" o "perdieron" expedientes, por resumir los "errores". Hoy, Cabal Peniche está libre, exonerado, metido de nueva cuenta en generosos negocios y frotándose las manos en espera de que la justicia lo reivindique en términos económicos, a pesar de que en la "panza" del Fobaproa dejó un regalito (créditos personales) por más de 3 mil 700 millones de pesos, cantidad similar a la que ahora obtendría de las arcas públicas, las mismas que han cubierto el mencionado regalito.

CABAL PENICHE "INVIRTIO" alrededor de tres años para exprimir al Banco Unión; a la Secretaría de Hacienda y la PGR le llevó poco más de ocho años lograr la captura y extradición del ex "banquero"; a la autoridad judicial unos cuantos días sentenciar la "devolución" del dinero y a los mexicanos -los únicos que viven fuera del estado de derecho- les tomará no menos de 30 años pagar las múltiples facturas de "hombres de negocios" como el yucateco. Eso es estado de derecho y no bromas.

LLAMA LA ATENCION QUE sea un fideicomiso (el 2588-4 de Banco Unión) el que sirva de pretexto para que Cabal Peniche sea "resarcido''. Después de varias negativas, en septiembre de 2000 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregó -en estricto apego al estado de derecho, según dice- "un listado de todos los fideicomisos operados por Banco Unión y la información específica de los fideicomisos identificados con los números F-3110-8 (PRI Campeche), F-2939-1 (PRI Tabasco), F2929-4 (PRI-Comité Ejecutivo Nacional) F-2739-9 (PRI Chiapas) y F-1718-0 (PRI-Comité Ejecutivo Nacional-Cremi), así como un desglose de las acciones que desarrolló la interventoría, a través de la CNBV, a efecto de recuperar los recursos quebrantados y en la protección de los intereses del público ahorrador. Durante el proceso de intervención, las autoridades financieras y Banco Unión ejercieron todas las acciones legales, incluso penales, que se hicieron necesarias conforme se fueron detectando las irregularidades. Así, cuando las aportaciones a los fideicomisos del Partido Revolucionario Institucional provinieron de créditos irregulares que provocaron quebrantos a la institución crediticia, se llevaron a cabo las acciones de cobro correspondientes y las acciones penales procedentes".

LA CAMARA DE DIPUTADOS solicitó y obtuvo -tras varios intentos- la información relativa a 152 -de 154 exigidas- operaciones de Banco Unión y, de manera específica, de todos los fideicomisos que generaron quebranto a dicha institución.

Y AHORA CABAL PENICHE recibiría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos por "devoluciones" derivadas de un fideicomiso.

SE ENTIENDE, PUES, cómo funciona el estado de derecho en México.

Las rebanadas del pastel:

FRANCISCO GIL DIAZ SE VIO en la penosa necesidad de esperar hasta que Carlos Ahumada asumiera la "responsabilidad íntegra" de los videos para negar, públicamente, que la Secretaría de Hacienda y él en particular "nada" tuvieron que ver con el complot en contra del peje... A ver quién es el incauto que le cree... Sublime el estilo de Vicente Fox para convocar al diálogo.

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