Luis Linares Zapata

Idus de mayo

Los abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron el resquicio ideal para bloquear la que se veía como indetenible candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República: una condena por no acatar una suspensión ordenada por un juez de distrito. El alegato para solicitar el desafuero del jefe de Gobierno capitalino aparece formulado de manera impecable. El Ministerio Público (MP) sólo obedece, según su palabra, el mandato del Poder Judicial. De no hacerlo, el MP se pondría en la misma situación que el tabasqueño ahora bajo proceso. No importan, al menos por ahora, las circunstancias en que se debate la defectuosa administración de justicia tal y como se da en el México actual. Ni tampoco, se dice con premura, importan los avatares que impregnan el ámbito público manchado por el caso Ahumada y las fundadas sospechas de un complot para nulificar al precandidato del PRD y en el que han participado funcionarios públicos. Cualquier atajo, método, acción concertada, pronunciamiento, intervención de juez administrativo y hasta el casi rompimiento de relaciones con Cuba son rutas asequibles para doblegar al rival. Lo importante es inclinar la balanza de las preferencias colectivas, base del triunfo electoral, en favor de ciertos intereses individuales, de grupo o facción.

Todo se inició con la venta, durante la administración de Espinosa Villarreal, de un predio donde se edificaría el que se planea como mejor y más amplio hospital en el país, el ABC de Santa Fe. Las condiciones en que se hizo la transacción no fueron las adecuadas, faltaban, entre otras particularidades, las calles de acceso. Le siguió un defectuoso decreto expropiatorio emitido por Rosario Robles y que fue combatido en tribunales hasta lograr, por parte de los quejosos, la suspensión definitiva del proceso. La intervención decidida de López Obrador en el caso fue, también, una cadena de avatares jurídicos que terminaron, por un lado, en la solicitud al MP de llevar a término una averiguación por el desacato en que, desde la postura de varios jueces, incurrió la autoridad del Gobierno del DF. Y, por el otro, en la Suprema Corte de Justicia que devolvió el caso al juez original para que las partes en conflicto llegaran a un acuerdo que restituyera el agravio. Asunto que no ha concluido aún, pero que sigue, según versión del subprocurador Memije, una ruta paralela a la petición de la PGR a la Comisión Permanente de iniciar el juicio de procedencia y desafuero al jefe de Gobierno.

Se llega así al día de hoy con un cerco tendido alrededor de López Obrador cuya salida implica, casi necesariamente, la imposibilidad de su buscada candidatura a la Presidencia. Finalmente, aquellos que querían descarrilarlo de ese propósito, lograron su cometido. Unos porque se sintieron coartados en su redituable manera de hacer negocios mediante la especulación con el suelo urbano, el trafique de influencias, las concesiones desde el poder, las chicanas leguleyas y las componendas con tantos más cuantos jueces a su cómplice servicio. Otros, porque desean situar en la cúspide de la pirámide del poder establecido a una figura adecuada a sus visiones, a sus intereses, que son, sin duda, vastos y enraizados en toda una cultura donde la política siempre queda subordinada a la conveniencia particular. Ambos coincidiendo en detener la emergencia de López Obrador como un prospecto de candidato ya bastante definido en sus contornos, ideales, contenidos y manera de ser. Un inédito fenómeno político que despertaba, con el fluir del tiempo, mayores y más asentadas simpatías populares.

Las consecuencias que se desatarán no se pueden prever en su totalidad y, menos en sus rasposas particularidades. Pero puede afirmarse, con toda mesura, que serán graves, tanto para la conducción de los asuntos generales como para la tranquilidad de la nación y la construcción del imaginario colectivo que pueda renovar las esperanzas ya bastante extraviadas por el fracaso de un proyecto incipiente y alocado. Asimilar la eliminación de una candidatura, tan apreciada por los ciudadanos, que no discurra por los canales de un proceso electoral y la voluntad ciudadana, dejará su huella indeleble en la cultura democrática. Máxime cuando las razones y los hechos que parecen disolverla provienen de una administración ya bastante disminuida en su legitimidad y de un Poder Judicial desprestigiado ante los ojos, oídos y la disposición de la sociedad para acatar sus dictados. Por lo pronto el desencanto se abonará con una gruesa capa de inconformidad que puede buscar salidas indeseadas. Lo que vendrá será enfocado como perverso designio de los poderosos de siempre, embozados unos, conocidos los demás. Que el tiempo, la templanza ida, las premuras de lo cotidiano y la suerte amparen a la República en estos idus de mayo.