Reciben abogados documento anónimo de ocho páginas

Distribuye la PGR guía para refutar a Batres

Ataca las declaraciones que hizo el funcionario el lunes

JAIME AVILES

La Procuraduría General de la República (PGR) repartió ayer un documento anónimo, de ocho páginas tamaño carta, entre catedráticos y alumnos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Escuela Libre de Derecho y renombrados juristas, que contiene orientaciones para rebatir mediáticamente los argumentos políticos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) acerca del predio El Encino.

El encabezado del texto reza: "18 de mayo de 2004. Declaraciones de Martí Batres en relación con la conferencia de prensa que dio el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Lic. Carlos Javier Vega Memije". A continuación aparecen dos cuadros; el de la izquierda dice "Declaración" y el de la derecha "Consideraciones".

"Declaración: La PGR actuó de manera parcial y facciosa..." "Consideraciones: el término faccioso, de acuerdo al diccionario, significa 'inquieto, revoltoso, principalmente rebelde alzado en armas', lo que evidentemente no corresponde con la función de la Procuraduría", se lee en el primer punto.

El instructivo fue distribuido en sobres cerrados, sin sello o membrete alguno, acompañado de indicaciones verbales "para saber cómo declarar en una entrevista sobre el caso de El Encino". Tres personas denunciaron el hecho a este diario, pidiendo el anonimato, pero advirtiendo que, con ello, la PGR prepara otra campaña de linchamiento mediático en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Cabalísticamente, el documento rebate 13 puntos de la declaración leída la noche del lunes pasado por Batres, subsecretario de Gobierno del GDF, dos horas después de que Vega Memije anunciara la determinación oficial de solicitar el desafuero de López Obrador para enjuiciarlo y condenarlo con una pena de cárcel de uno a ocho años. Esta es una síntesis:

Batres: "la decisión de la PGR no sólo es irresponsable y arbitraria sino que fractura el estado de derecho". PGR: "el Ministerio Público de la Federación (MP) se ha limitado a observar y cumplir resoluciones de autoridades judiciales".

Batres: "el MP no debió solicitar el desafuero, porque el delito de abuso de autoridad es un delito doloso que implicaría una orden del jefe de Gobierno para desobedecer intencionalmente la orden de suspensión de un juez". PGR: "el delito de violación a la ley de amparo efectivamente es doloso, pero su comisión es por omisión, ya que la conducta consiste en no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado (de modo que López Obrador) no realizó acto alguno para acatar la suspensión concedida".

Batres: "la PGR argumenta que no tuvo otra opción que acatar la resolución del juez y proceder, pero si así fuera lo habría hecho desde 2001 y no ahora cuando se manejan tiempos políticos". PGR: "el juez tuvo que realizar las diligencias necesarias y esperar a que el séptimo tribunal colegiado confirmara la violación a la suspensión".

Batres: el GDF "cumplió la orden del juez, pues suspendió los trabajos de apertura de las vialidades en las zonas expropiadas". PGR: "los trabajos fueron suspendidos hasta febrero de 2002 y el juez declaró la violación en agosto de 2001, cuando ya se había cometido el delito".

Batres: "detrás de este asunto está Fernando Espejel, abogado defensor del dueño de El Encino y parte del grupo de Diego Fernández de Cevallos". PGR: "ninguna persona tiene que ver con la decisión del MP, ya que fue el Poder Judicial el que resolvió este caso concreto".

Batres: el juez Alvaro Tovilla León, quien solicitó proceder contra López Obrador, "es el mismo que concedió un amparo a los bancos involucrados en el Fobaproa". PGR: "al juez le tocó conocer del asunto por el turno que hay en los juzgados".

Batres: "resulta aberrante que se quiera proceder a desaforar al jefe de Gobierno por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital". PGR: "en el juicio de amparo promovido por la empresa quejosa en contra de la expropiación se resolvió que ésta no era de utilidad pública".

Batres: "se confirma la colusión entre autoridades judiciales y abogados influyentes y se expresa un claro manejo político para destruir políticamente a López Obrador". PGR: "el Poder Judicial es autónomo del Ejecutivo, por lo que sus resoluciones son autónomas".

Batres: "no se buscó sancionar un supuesto delito, sino inhabilitar al jefe de Gobierno para impedirle que sea candidato a la Presidencia". PGR: "la actuación de la PGR no es en el ámbito político".