Florencio Salazar Adame es "ignorante y perverso", según el senador litigante

Fernández de Cevallos rechaza acusaciones

ANDREA BECERRIL Y MATILDE PEREZ U.

Diego Fernández de Cevallos aseguró que es falso que tenga alguna participación jurídica en el caso del predio El Encino, por el que el gobierno federal solicitó el desafuero del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y se lanzó contra el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, quien aludió a las irregularidades en un litigio que el senador panista ganó a esa dependencia.

No podía ocultar su satisfacción ante la posibilidad del juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno; dijo que debe aplicarse la ley, sea quien sea el implicado, pero cuando se le preguntó por las declaraciones de Salazar Adame, en el sentido de que el predio por el que Fernández de Cevallos logró una indemnización de mil 200 millones de pesos, en realidad vale sólo 100 millones, se puso furioso.

"El secretario de la Reforma Agraria está diciendo tonterías. Es ignorante y es perverso. Está claro, dice muchas tonterías ese señor", fue su respuesta.

-¿Sólo porque considera que hubo irregularidades en ese juicio contra la Reforma Agraria?

-No, porque está diciendo lo que no sabe, pero además qué bueno que la Suprema Corte va a revisar los valores de ese predio -respondió. Afirmó que es espléndido lo que hace el máximo tribunal-. No sé si favorezca a mis clientes, los Ramos Millán, pero si favorece a la justicia, espléndido para todos.

Fernández de Cevallos insistió luego en que no tiene participación alguna en el juicio de El Encino -donde uno de los abogados es el también panista Juan Miguel Alcántara-. Tampoco, dijo, en el del Paraje San Juan, pero se resistió a abundar en el litigio contra la Reforma Agraria, que lo llevó a demandar a la anterior secretaria de la dependencia, María Teresa Herrera, y al actual, Salazar Adame, bajo los cargos de no pagar a tiempo los mil 200 millones.

De hecho, Fernández de Cevallos insistió ante la Suprema Corte para que se sancionara a Herrera y al titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz -de manera similar a como se pretende hacer ahora con López Obrador-, por no abonar la millonaria suma a sus clientes, los Ramos Millán. En ese caso el entonces ministro Vicente Aguinaco no concedió al panista el fincar responsabilidades a los funcionarios y el Congreso decidió pagar a un plazo de 40 años la cuestionada indemnización.

Sin embargo, las recientes jurisprudencias de la Corte abren la posibilidad de que se revise el proceso legal por el que Fernández de Cevallos logró, con inusual rapidez, una indemnización que hace dos años representaba más del presupuesto anual de la Reforma Agraria, plagada además de irregularidades, entre ellas que el perito que valuó en casi 4 mil pesos el metro cuadrado del predio expropiado en Santa Ursula Coapa está desaparecido.

Algunos antecedentes

El 9 de agosto de 1944 la familia Ramos Millán compró 51 hectáreas en Santa Ursula Coapa, lugar entonces conocido como los ejidos de Santa Ursula, pero nunca ocupó esa superficie y posteriormente vendió 25.93 hectáreas. Treinta y un años después, la Secretaría de la Reforma Agraria pagó 7 millones de pesos al ejido por 32 hectáreas que expropió para regularizar las propiedades de las familias allí asentadas, aclaró el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SRA, Gilberto Hershberger Reyes.

En julio de 1997, abundó, Armando y Guillermo J. Bernal García Rojas, albaceas de la familia Ramos Millán, y Gabriel Ramos Hernández, vendieron mediante un convenio al Gobierno del Distrito Federal 25.93 hectáreas, localizadas en Santo Domingo Los Reyes, Coyoacán, predio colindante con las 32 de Santa Ursula Coapa; por esa superficie se pagaron 11 millones 106 mil 6 pesos.

La venta quedó asentada en el oficio 27,996 del 5 de agosto de 1999 y del cual se entregó copia certificada al juez del tercer tribunal en materia administrativa, agregó el subsecretario de la SRA.

Insistió en que dichos datos muestran que el valor real del terreno que hoy disputan Armando Bernal Estrada, quien se ostenta como albacea de la familia Ramos Millán, y Gabriel Ramos Hernández, es menor a los mil 214 millones de pesos que fijó el juez del tercer tribunal en materia administrativa, Carlos Alfredo Soto Villaseñor.

El valor real de esas 32 hectáreas, si se aplicara el costo comercial actual pero de un terreno en condiciones similares a las de hace 60 años, no sería superior a los 100 millones de pesos; además, los propietarios del terreno no estaban en posesión del mismo desde hacía varios años ni la SRA tenía que pagarles porque nunca interpusieron una demanda por despojo, ni derechos reivindicatorios. La expropiación que se llevó a cabo fue para regularizar los asentamientos irregulares.

Sí, abundó, hay una serie de irregularidades, entre ellas que el perito localizó el terreno por medio de una Guía Roji, no especificó que una parte de la superficie está en la delegación Coyoacán y otra en Tlalpan y, de origen, el gobierno federal no tenía que restituir la tierra a la familia Ramos Millán porque nunca le quitó los terrenos a ella.

El juez aplicó un "valor futuro" a un terreno expropiado hace 31 años y no consideró el valor de la tierra de un terreno que era rústico, sino que, pareciera, le sumó la infraestructura urbana que se le agregó con los años.