La autoridad nunca ordenó a la PGR pedir la inhabilitación, aclaran juristas

La solicitud de desaforar al titular del GDF es política, coinciden especialistas

KARINA AVILES, ALFREDO MENDEZ Y JESUS ARANDA

La solicitud de desafuero hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) para actuar penalmente en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, "no tiene explicación jurídica, sino política", es una clara evidencia de que la dependencia actuó con "fines cuestionables" y demuestra que para las autoridades federales "el discurso tradicional del autoritarismo es el de la legalidad", indicaron especialistas.

En tanto, fuentes del Poder Judicial aseguraron que la determinación del Ministerio Público Federal de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador fue exclusiva de la PGR, con base en la averiguación previa que integró a petición del juzgado noveno administrativo, por el caso de presunta responsabilidad del mandatario capitalino en el delito de abuso de autoridad, al haber incumplido un mandato judicial que le ordenaba interrumpir los trabajos para la construcción de dos vialidades en el predio El Encino -propiedad de la empresa Promotora Internacional Santa Fe.

Asimismo, aclararon que ningún juez federal pudo haber ordenado que se pidiera el desafuero del jefe de Gobierno capitalino, con la finalidad de que se consignara penalmente la averiguación previa. "Lo único que solicitaron las autoridades judiciales a la PGR fue que la dependencia determinara si había elementos para ejercer acción penal o no en contra del funcionario, nada más", puntualizaron.

Los juristas refirieron que antes de que proceda el desafuero de López Obrador, la PGR deberá demostrar que el funcionario actuó con dolo, al desacatar un mandamiento judicial (no tomar en cuenta una suspensión definitiva emitida por el juzgado noveno administrativo) en el año 2001, además de que durante el desarrollo de la declaración de procedencia, los abogados del gobierno capitalino deberán presentar pruebas para avalar los motivos por los que no se cumplió a tiempo la sentencia.

Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el "discurso tradicional del autoritarismo es el de la legalidad", y las invocaciones que hace el presidente Vicente Fox de la ley se enmarcan justamente en una posición "conservadora".

Expresó que el proceso en contra de López Obrador "se puede resolver dentro de la ley y no tiene por qué pensarse en su inhabilitación" como posible candidato a la Presidencia de la República.

Afirmó que cuando la función mediadora del derecho es sustituida por antagonismos crecientes y enfrentamientos, se conduce al país al "caos nacional" y al "naufragio de la democracia".

Elisur Arteaga, abogado constitucionalista, indicó que debido a que aún está pendiente una resolución en el juzgado noveno de distrito administrativo, mediante la cual se determinará si el predio El Encino es de utilidad pública, "no debió haberse dado curso a la petición de la PGR de desaforar (a López Obrador), y seguramente no pasará el juicio de procedencia".

Refirió que para analizar la probable responsabilidad del funcionario en el delito de abuso de autoridad (por desacato), "debemos partir del supuesto de que si hay algún incumplimiento judicial del jefe del Gobierno, aunque sea ilegal, debería mostrar la PGR, antes de hacer la acusación, que la responsabilidad es atribuible de manera directa al inculpado, de otra manera no procede" el desafuero.

"Una cosa es que haya tenido conocimiento de la sentencia, y otra que haya ordenado que no se cumpliera la misma, y eso es lo que podría motivar el inicio de una declaración de procedencia", explicó.

Jaime Cárdenas, ex consejero del Instituto Federal Electoral, indicó que la solicitud de la PGR para actuar penalmente en contra de López Obrador "no tiene explicación jurídica, sino política".

Cuestionó que en todos los asuntos legales en que están involucrados funcionarios del GDF, se actúe de una forma; en tanto que, cuando se investigó el caso de los Amigos de Fox, hubo trato de privilegio para los involucrados.

Julio Hernández Pliego, abogado procesal, refirió que aun en el caso de que López Obrador fuera desaforado y se le consignara a un juez federal que le librara orden de aprehensión, podría interponer un juicio de amparo para pedir que sea cancelado la orden de captura, con el argumento de que él no ordenó que se incumpliera con un mandato judicial.