Critica GDF la pifia de entregar demanda de desafuero a la Comisión Permanente

Métodos de abogado huizachero, los de PGR: Bátiz

AGUSTIN SALGADO Y ANGEL BOLAÑOS

La petición de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador es una medida eminentemente política, planeada por "abogados huizacheros", solicitada ante la instancia equivocada e incluso "violatoria de las garantías de exacta aplicación de la ley que establece el artículo 14 constitucional", opinaron funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Renato Sales Heredia, explicó que el supuesto desacato a una orden judicial por parte de la autoridad no se encuentra tipificado como delito y por ende tampoco es posible determinar una sanción, dado que en la reforma al Código Penal Federal de 1983, en el título de delitos cometidos por servidores públicos, los legisladores olvidaron tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, de 1939, sobre la responsabilidad de la autoridad que no obedezca un auto de suspensión.

En tanto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, aseguró que la verdadera razón de la petición de juicio político es querer frenar un proyecto: "Están molestos. El GDF, especialmente el jefe de Gobierno, representa una fuerza política que quieren frenar y usan todos los métodos a su alcance, que en este caso son métodos de abogados huizacheros".

Minutos antes, el jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, calificó de "momento muy difícil" la actual coyuntura política, y aseguró que la solicitud de desafuero "es un paso que tiene una profunda connotación política por parte del Ministerio Público Federal, que depende de Rafael Macedo. Es una decisión política, no es una decisión jurídica automática, como se quiere hacer pasar; estamos hablando del caso de un terreno que fue expropiado en 2000: no se trata ni siquiera de un acto de este gobierno".

Antes de su conferencia matutina, el jefe de Gobierno conversó en su oficina con el subprocurador Sales Heredia, quien le informó que el artículo 206 de la Ley de Amparo establece que la autoridad que no acate un auto de suspensión debidamente notificado -como no ocurrió en este caso del amparo para la suspensión de obras en el predio El Encino- "será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad".

Sin embargo, en ninguna de las 11 fracciones del artículo 115 del Código Penal Federal hay referencia específica al desacato de un auto de suspensión o amparo. Además, establece una pena de uno a ocho años de cárcel en ocho fracciones y de dos a nueve años en las otras cuatro conductas de abuso de autoridad.

Por su parte, Bátiz se refirió al error cometido por la PGR al enviar la solicitud de desafuero a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, entre cuyas funciones no está fungir como oficialía de partes: "Hay varias cosas que están mal hechas, empezando porque no debió haberse presentado ante la Comisión Permanente; está establecido que ante quien debe presentarse es la secretaría general de la Cámara de Diputados".

El funcionario confió en que los integrantes de la sección instructora (dos del PRI, uno del PRD y otro más de Acción Nacional) "actuarán con libertad" al tomar la decisión de iniciar o no el juicio de procedencia al Ejecutivo local.

En torno al juicio político que promueven diputados panistas en su contra, Bátiz afirmó no tener temor y nunca haber actuado como "becado o empleado" del GDF: "Voy a revisar bien la denuncia que hacen estos diputados, dos federales y uno local, miembros de Acción Nacional, para ver qué fundamento tiene; a partir de lo que vi superficialmente, creo que no tienen ninguna razón.

"Lo que yo he visto es que no estudian a fondo los asuntos, están mal fundados. Apenas se presenta, me tendrán que enviar una copia, me notificarán que tengo este juicio político en mi contra y ya veré cómo me defiendo", expuso el procurador capitalino.