Se dejó pasar un saqueo al presupuesto, dice a senadores

Culpa Gil Díaz al GDF de no haber detenido a Ponce

Hacienda no filtró los datos en torno al ex funcionario, asegura

ANDREA BECERRIL

Ante senadores, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, culpó al Gobierno del Distrito Federal de no haber apresado a tiempo al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, cuando se dio a conocer el video donde aparece jugando en un casino de Las Vegas. A su juicio, se dejó pasar en la administración capitalina lo que "pudo haber sido un abuso de confianza y un saqueo del presupuesto de la ciudad".

Durante las dos horas que duró su comparecencia ante senadores, Gil insistió en que la dependencia a su cargo no es la responsable de la filtración de datos en torno al caso Ponce, y rechazó que exista un complot contra el Gobierno del Distrito Federal, pero no pudo convencer a los legisladores.

Sus explicaciones fueron puestas en duda por priístas, perredistas e integrantes del Verde Ecologista, quienes le concedieron poca credibilidad e incluso le advirtieron además del riesgo de desestabilización política del país, a partir de la decisión de pedir el desafuero del jefe de Gobierno.

La senadora del PRI Dulce María Sauri le señaló que las autoridades financieras están actuando "como un ariete político de la Procuraduría General de la República (PGR)" para hacer "el trabajo sucio al gobierno federal, vía acusaciones de lavado de dinero'', que conllevan "una evidente intencionalidad política", mientras que los perredistas Jesús Ortega y Armando Chavarría le reprocharon que hubo un manejo ilegal e irregular de la información del Departamento del Tesoro, con el fin de golpear a Andrés Manuel López Obrador.

De la barandilla al diferendo político

Ortega ironizó incluso al advertirle "las paradojas de la vida", pues, le dijo, un asunto de "barandilla" lo han convertido en un diferendo grave con el gobierno de Estados Unidos, casi lleva a la ruptura de relaciones con Cuba y ahora puede propiciar no sólo la inestabilidad política, sino también la financiera, "que usted tanto cuida", y todo por dirimir a través de un asunto judicial las próximas elecciones presidenciales.

El senador priísta Raymundo Gómez Flores expresó también que sería lamentable que la Secretaría de Hacienda "estuviera siendo parte de un juego en el que hubiera la malsana intención de utilizar tipo Al Capone" las cuestiones fiscales. Resaltó que todos los conflictos judiciales que se han suscitado, que empezaron con el Paraje San Juan y concluyeron con la solicitud de desafuero de López Obrador, confluyen en un fin político.

Gil Díaz leyó de entrada un texto en el que aseguró presentaría hechos y realidades, no hipótesis, y en el que sostuvo que la Secretaría de Hacienda actuó de manera expedita, a partir del reporte de "una transacción inusual" de la esposa de Ponce Meléndez, detectada en agosto de 2003, pero notificada hasta el 4 de marzo a la Procuraduría General de la República (PGR), porque antes se tuvo que establecer la relación familiar y solicitar información "a las autoridades del extranjero", al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para integrar el expediente por lavado de dinero.

"Esa es la única razón para que no existiera una consignación judicial del caso Ponce", antes del 4 de marzo, sostuvo, y pasó la responsabilidad al Gobierno del Distrito Federal por no haberlo apresado, dijo, cuando se dio a conocer el video donde aparece jugando en el casino del hotel Bellagio, en Las Vegas. A su juicio, se dejó pasar en el Distrito Federal lo que "pudo haber sido un abuso de confianza y un saqueo del presupuesto'' capitalino, señaló.

Refutó también las acusaciones recurrentes de que diversas dependencias federales orquestaron un complot en contra de las autoridades del gobierno de la ciudad de México. De haber querido desprestigiar a López Obrador, la secuencia óptima habría sido obtener una orden judicial para arraigar al ex secretario de Finanzas y después divulgar los videos, remarcó el funcionario.

Sin embargo, presionado por la mayoría de los legisladores, Gil Díaz -que incluso apoyó su intervención inicial en argumentos de algunos columnistas políticos- no pudo explicar de forma convincente cómo fue que se filtró a los medios de comunicación los datos sobre las operaciones del ex tesorero capitalino en Estados Unidos, cuando esa información sólo la tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre críticas, el funcionario federal debió admitir que desconoce si las empresas "fantasmas" de Carlos Ahumada, recién descubiertas por la PGR, habían sido investigadas por la dependencia a su cargo o detectadas, dada la ilegalidad con que operan.

En su intervención, la senadora Sauri Riancho le hizo notar que llama la atención que la PGR, "tan presta y pronta" para fincar acusaciones de lavado de dinero a los involucrados en el Pemexgate y al ex presidente de la CNBV, Eduardo Fernández, no lo haya hecho con los Amigos de Fox ni ahora ''con el señor Carlos Ahumada". En el caso de lavado de dinero, ''la investigación la hace la procuraduría federal y es su responsabilidad llevarla a cabo. Nosotros simplemente le pasamos la información'', contestó el titular de Hacienda.

Sauri en su réplica le dijo que su respuesta no la satisfacía, porque no encontró un deslinde contundente de la actuación de la Procuraduría Fiscal, a la que se está empleando para "hacer el trabajo sucio" al gobierno federal.

Antes, el perredista Armando Chavarría inquirió también al funcionario sobre ese punto y le pidió precisar cuándo es que la SHCP conoció de los movimientos en dólares de la esposa de Ponce, ya que hay la percepción de que se actuó de manera tardía.

Gil Díaz se justificó en el hecho de que la Secretaría de Hacienda recibe diariamente reportes de 12 mil transacciones que se consideran relevantes, inusuales o sospechosas. Una casa de cambio, ubicada en Río Tíber, explicó, dio cuenta el 21 de agosto de una operación de compra de 553 mil 240 dólares, y de venta de 351 mil 294, a cargo de la cónyuge de Ponce Meléndez. A partir de ello, insistió, se llevó a cabo la investigación, porque no se conocía el nexo familiar de la señora con el funcionario capitalino.

El senador del PRD Jesús Ortega insistió y reprochó a Gil Díaz que sostenga que actuaron con rapidez, pese a que dejaron pasar seis meses para pedir la información al Departamento del Tesoro estadunidense y presentar luego la denuncia en la PGR. "Evidentemente aquí hay una falsedad, no actuaron con la urgencia y prontitud que requería el caso". Lo acusó además de ser el responsable de que parte de los movimientos financieros de Ponce, contenidos en el reporte del Departamento de Estado, se hayan entregado para su difusión a varios medios, entre ellos un noticiero televisivo.

"Esa información salió de su secretaría y ese manejo irresponsable puede tipificarse como delito", agregó Ortega, quien le anunció que el Partido de la Revolución Democrática presentará una demanda en su contra por ese motivo.

''Con popularidad o sin ella...''

Gil Díaz pasó de nuevo la responsabilidad a López Obrador. Incluso sostuvo que el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos "nos dijo con toda claridad" que fue la divulgación de ese expediente de Ponce, que hizo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo que motivó la suspensión del convenio de colaboración.

Los únicos aliados del secretario de Hacienda fueron los panistas. Primero, el senador Jesús Galván trató de desmentir las afirmaciones de Ortega Martínez y luego cedió su turno a Diego Fernández de Cevallos, para que éste advirtiera: "El que ande en sinvergüenzadas tendrá que atenerse a las consecuencias, con popularidad o sin ella".

¡Qué cinismo!, se escuchó entre la concurrencia.