Ramón Vera Herrera. Como otras regiones del país, la Sierra Huichola fue escenario de muchos enfrentamientos en la Revolución mexicana y la guerra cristera. Real de Bolaños, uno de los primeros asentamientos mineros del país, era la rica cabecera municipal --saqueada y vuelta a saquear-- de un corredor regional que desde 1927 recibió a las huestes desperdigadas de rancheros mestizos que habían servido en uno u otro bando. Algunos recién llegados, sobre todo de Chimaltitán y de San Martín de Bolaños comenzaron a rentar tierras de los ancestrales dueños originarios, los wixaritari (o huicholes), pero otros invasores se asentaron quemando asentamientos y asesinando familias huicholas para quedarse con las ricas tierras del territorio wixárika. Se dice que algunos llegaron vendiendo empanadas y ya al rato tenían enormes hatos de ganado. Casi todos se asentaron en los poblados de Huajimic y Camotlán, en La Yesca, Nayarit, y comenzaron a expandir sus terrenos sobre el antiguo territorio wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, en Jalisco.

Para 1945 habían acaparado mucho y además tenían solicitada una dotación ejidal que se les otorgó como provisional conformando el ejido Puente de Camotlán con 13 580 hectáreas, de las cuales por lo menos 8 mil correspondían al territorio ancestral wixárika contemplado por sus títulos virreinales.

Tres años después ya andaban midiendo los ingenieros, principalmente los militares, en vísperas de la Ley de Terrenos Nacionales que se proyectaba y que habría de entrar en efecto en el primer año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortínez. Era una nueva desamortización como la perpetrada en el siglo XIX y que en los hechos despojó a las comunidades indígenas, de todo el país, de enormes segmentos de su territorio.

Pero los wixaritari de San Sebastián, encabezados por Pedro de Haro, comenzaron a frenar las mediciones de los militares. Se percataron de que si no pedían el Reconocimiento y Titulación de sus bienes comunales, haciendo eco de lo que la Corona les había otorgado, no podrían defender su territorio. Fue todo un movimiento que comenzó a enemistar a los rancheros de Puente de Camotlán y Huajimic contra los wixárika. Entre 1948 y 1953, los sebastianeros consiguieron sus títulos virreinales y tramitaron la Resolución presidencial de sus bienes comunales. Estas gestiones hicieron que cuando en 1951 se le otorgó al ejido Puente de Camotlán su resolución definitiva, se le recortaran las 8 mil hectáreas que, en justicia, pertenecían al territorio wixárika sebastianero, titulándole al ejido únicamente 5 020 hectáreas. Varios de los rancheros de Huajimic y Puente comenzaron a amenazar de muerte a Pedro de Haro y a otros sebastianeros y a correr rumores de que los matarían si "les quitaban sus ranchos".

Las gestiones de Pedro de Haro lograron que en julio de 1953 se emitiera la Resolución presidencial en favor de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, titulándole 240 447 hectáreas de acuerdo a los estudios técnico-informativos y legales, con base a los títulos virreinales.

Dentro de esta Confirmación quedaron las poco más de 8 mil hectáreas que antes se habían adjudicado erróneamente a los ejidatarios de Puente.

Pocos días después de que los huicholes obtuvieron la resolución presidencial, los rancheros de Huajimic cobraron venganza y lograron meter a la cárcel a Pedro de Haro, acusándolo falsamente de sedición, disolución social y asociación delictuosa. Permaneció un año 8 meses en la cárcel y logró librar la prisión y la muerte gracias al revuelo levantado en los medios y a la ayuda del escritor Agustín Yáñez, entonces gobernador de Jalisco. Sin embargo, el movimiento en pos de la resolución presidencial cobró varias muertes entre la gente de San Sebastián como Domingo de la Cruz, Patricio de la Cruz, Julián de la Cruz, Francisco Serio y otros muchos.

Desde entonces, el conflicto con los rancheros de Puente no ha parado. De acuerdo al documento Situación de violaciones a los derechos colectivos del pueblo wixárika, de las autoridades comunitarias de todo ese pueblo (y que obra en poder del Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen):

Entre 1975 y 1976, más de 57 habitantes de Puente y otros de Huajimic interpusieron un procedimiento de exclusión de supuestas pequeñas propiedades a los bienes comunales de San Sebastián. Es decir, alegaban que dichas propiedades debían segregarse de los títulos de la comunidad wixárika.

Todas las opiniones jurídicas de las diferentes instancias de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) coincidieron en que el recurso era improcedente, primero por ser a todas luces extemporáneo --ya que habían transcurrido 22 años desde la Confirmación a San Sebastián-- y segundo porque aún si no se tomara en cuenta esto, ninguno de los demandantes de Puente y Huajimic presentó títulos que acreditaran su pretendida propiedad. La mayoría sólo presentó cartas del presidente municipal, croquis o registros de constancias del Registro Público de la Propiedad, documentos que nunca han servido para demostrar propiedad. A pesar de esto, la sra dejó crecer el problema y todavía en 1992 estaban guardados los expedientes, sin resolver en definitiva. Este retraso de más de 17 años sólo sirvió para que en campo se agravara la situación porque con el supuesto de derechos inexistentes y con el apoyo activo del gobierno de Nayarit, los ganaderos siguieron la estrategia de acrecentar sus posesiones por la fuerza.
 

Intereses caciquiles

Durante muchos años, la figura de Emilo M. González, ex gobernador de Nayarit, consolidó en la sierra un enorme complejo de intereses caciquiles cuya preservación requería el control político de Nayarit. Las autoridades de dicha entidad se empeñaron en presentar el conflicto como un problema social cuya solución no era viable por la vía jurídica, lo que expresa muy claro los "usos y costumbres" del poder: cuando se trata de los pueblos indígenas no busca acatar las leyes sino negociar, premiando con dinero a los invasores sin considerar lo que los tribunales agrarios puedan resolver. Hoy, el equipo interinstitucional de atención a los "focos rojos", sigue empeñado en dirimir, con negociaciones no muy hábiles, algo que los tribunales agrarios habían venido resolviendo apegados a los documentos probatorios y las mediciones en campo, las revisiones y los cotejos. El intento de este equipo no es el primero.

En 1991, por órdenes presidenciales, ocurrió la primera negociación de gran envergadura con la participación del entonces secretario de SRA, los gobernadores de los dos estados, el director del INI y el secretario de Sedesol. Los negociadores exigían que los wixaritari renunciaran a un 82 por ciento de las tierras en conflicto con Puente y Huajimic a cambio de 200 vacas paridas, presionando muy fuerte a las autoridades wixárika para que cedieran. "No obstante, en asamblea general celebrada el mes de noviembre, la propuesta fue rechazada unánimemente por la totalidad de los comuneros".

Nuevamente en 1994, el gobierno intentó negociar el conflicto. Las pláticas fracasaron por la negativa de las autoridades agrarias y los ganaderos de reconocer como base de la negociación el derecho de San Sebastián.

En 1997, por tercera vez, y pese a la intensa movilización de todo el pueblo wixárika, que culminó en lo que se conoce como Acuerdos de Mesa del Tirador, el gobierno ofreció a los huicholes reconocerles la totalidad de las tierras invadidas por los mestizos en San Sebastián (32 447 hectáreas) pero darles sólo el 50 por ciento y el resto cambiarlo por obra pública. De nuevo se intentaba beneficiar a los acaparadores de Puente de Camotlán y Huajimic en contra de las asambleas wixárika. Sin embargo, la movilización insistió en señalar su derecho establecido por los tribunales y en que si el gobierno tenía dinero, lo invirtiera en tierras para los ganaderos en otra parte "pues si se lo daban en efectivo, el problema persistiría pues continuarían en la zona y la presión seguiría corroyendo una autentica solución". El gobierno aceptó la propuesta, en parte, pues insistió en indemnizar a los posesionarios a cambio de su desistimiento en los juicios agrarios y a reconocer que estaban en tierras de San Sebastián. Solamente dos de los posesionarios aceptaron entregando poco más de 2 mil hectáreas, y aunque varios más estaban dispuestos a aceptar, manifestaron que tenían presiones para no hacerlo, sobre todo de los líderes ganaderos.

Los wixaritari contaban con 35 sentencias a su favor en los tribunales, pero los rancheros de Puente de Camotlán interpusieron amparos que orillaron a que suspendiera la ejecución de 17 de estas sentencias.

La enrredosa situación actual

Ahora, por cuarta vez, las autoridades agrarias pretenden que el pueblo wixárika ceda ante los ejidatarios de Puente de Camotlán. No consideran la historia de agravios que pesan en el conflicto, no reconocen la situación de inseguridad que se vive en la zona ni la beligerancia de los invasores a los que se apoya desde el gobierno con irresponsabilidad extrema.

Así, las brigadas interinstitucionales de atención a los llamados "focos rojos", que incluyen participación de la SRA, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indios (Conadepi), han emprendido una estrategia de cuyo peligro no parecieran darse cuenta: promover entre los invasores de Puente de Camotlán la idea de que el gobierno les dará dinero (sumas importantes) a cambio de que devuelven partes (o algunos) de los predios que tienen en posesión, en la estrategia (eso dicen) de lograr que se retiren poco a poco. Los ejidatarios parecen muy felices con un arreglo que les permite "vender" terrenos no laborables ni aptos para la ganadería (cerros, barrancas, cañadas) y capitalizarse para continuar felizmente con sus actividades en tierras de muy buena calidad que siguen detentando.

Repetidas asambleas de más de 1 800 comuneros wixaritari de San Sebastián y Tuxpan, se niegan a esa "estrategia", con toda razón. Para ellos es transparente que resolver el problema de convivencia con los rancheros --que les han quemado casas, asesinado familias y sembrado la inseguridad en la zona--, significa impulsar que en verdad los invasores se retiren. Eso sólo es posible, valoran los wixaritari, si cada posesionario con quien se tiene un conflicto se compromete a entregar la totalidad de los terrenos invadidos "dejando de molestar en la posesión y propiedad de los comuneros", como puntualizan las sentencias de los tribunales. La asamblea afirma que si los invasores mantienen parte de la posesión, el dinero recibido por predios poco importantes, los hará más fuertes y más beligerantes. Esto es visto por las brigadas de "focos rojos" como una intransigencia por parte de la asamblea de la comunidad. Como un "maximalismo". No acaban de entender que los wixaritari no están pidiendo que se corra a todos los invasores al mismo tiempo de todas las tierras invadidas, sino que a quien se le proponga una indemnización por entregar tierras entregue toda la tierra que tenga, para que se retire y vaya enfriando la explosividad regional. Y que en todo caso, poco a poco, se vaya haciendo lo mismo con cada uno de los 28 casos que se tienen contemplados.

De no hacerse así, el problema se agrava, en vez de resolverse. Estamos hablando de juicios ya perdidos por los ejidatarios de Puente de Camotlán, de sentencias que no se han ejecutado pero que son favorables a San Sebastián --en algunos casos, sentencias que cubren varios predios y las brigadas convienen con el posesionario la ¡venta! de sólo uno. Esto lesiona el Estado de derecho, resta peso a lo juzgado en los tribunales, envalentona y premia a los invasores, fortalece su presencia en la zona, menosprecia lo decidido en las asambleas reiteradas de la comunidad wixárika y alienta la inestabilidad y la zozobra en una zona difícil, cruzada por intereses de narcotráfico, control ganadero-caciquil e intereses económicos que van aflorando. El mismo subsecretario general de gobierno de Nayarit, Héctor Medina, reconocía en noviembre de 2002, según nota de Mural: "en la sierra nayarita se han detectado por ahí algunos brotes [de violencia] puesto que hay indicios de que en esas zonas hay manganeso [...] hay algunas gentes que han estado atentas a eso y hablan de que la explotación de esas minas pudiera dar la oportunidad de sacar hasta 100 trailers diarios de ese producto".