No se paralizarán funciones en ningún nivel

Suspende el gobierno por un año la emisión de trámites: Cofemer

MIRIAM POSADA GARCIA

La Secretaría de Economía formalizó el comienzo de la moratoria regulatoria, con la que el gobierno federal pretende suspender por un año la emisión de trámites y disposiciones, que representan altos costos para los particulares, y reordenarlos. La dependencia precisó que esta medida no paralizará las funciones en ningún nivel de gobierno y estableció excepciones para situaciones de emergencia.

Con la emisión del acuerdo por el que se fijan los lineamientos para la mejora regulatoria, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal dejarán de formular disposiciones y trámites a partir de mayo y hasta el 29 de abril de 2005. Lo anterior responde a las reiteradas peticiones de la iniciativa privada, toda vez que la tramitología y excesiva regulación encarecen costos.

Economía y la Cofemer señalaron que entre las consideraciones para entrar en moratoria destacan la necesidad no sólo de desregular, sino de reformar disposiciones propuestas o vigentes, así como crear nuevas regulaciones para casos en los que sea necesario subsanar vacíos jurídicos ocasionados por los cambios económicos, sociales y tecnológicos.

Señalaron que es necesario proteger los intereses sociales del país al menor costo posible para ciudadanos y empresas, ya que de acuerdo con estimaciones de la propia Cofemer a los mexicanos les cuesta vivir en sociedad alrededor de 800 mil millones de pesos anuales, de ahí que el reto sea reducir el costo de la regulación en por lo menos 300 mil millones.

El acuerdo emitido por el Ejecutivo federal destaca que esta moratoria pretende ser congruente con el fomento a la competitividad, ''frenar la inflación regulatoria'', además de establecer mecanismos de racionalidad profundos para circunstancias en las que resulta imperativo.

La Cofemer, como encargada de coordinar los trabajos, destacó que la moratoria tiene el objetivo de reordenar, planear, evaluar y depurar los instrumentos administrativos que emite el gobierno federal, sin que se menoscabe su facultad reglamentaria.