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México D.F. Domingo 16 de mayo de 2004

Laura Alicia Garza Galindo

Alertas tempranas

La banca mexicana ha transitado por diversas etapas: de origen privado, se nacionalizó, se volvió a privatizar y ahora se insertó en la globalidad como la mejor alternativa para otorgar al país un sistema financiero eficaz, que aporte impulso a la economía. Esta nueva fase se presenta como la opción para lograrlo. Así, México se ha convertido en el país más abierto al control de su sistema financiero por parte de bancos extranjeros, lo que a éstos no se les ha permitido en sus países de origen: Estados Unidos, España o Japón. En México el control foráneo es de 90 por ciento, por encima de Chile y Perú con 65; Argentina, 61; Venezuela, 60; Brasil, 50, y Colombia, 40 por ciento.

A la fecha, la extranjerización bancaria en otros países no ha otorgado buenos dividendos... salvo para sus dueños. El discurso es excelente, pero no los hechos. Vienen por la máxima ganancia, mientras que el desarrollo nacional, el crecimiento del ahorro y el apoyo crediticio al aparato productivo son preocupaciones ajenas. Y deberían importarles. México es uno de los mercados emergentes de mayor tamaño en América Latina, y grande es la rentabilidad que el ahorro mexicano -de cerca de 350 mil millones de pesos, sin incluir las Afore- les reditúa. Pero no se preocupan, le atizan al fuego en lugar de aportar beneficios. Paradojas del mercado: ganar hoy, aunque mañana muera la gallina de los huevos de oro. Y entonces, a lavarse las manos, a huir, porque ellos no son culpables. Sólo vinieron a invertir, en reconocimiento a la gran confianza que les inspira México. Remember Argentina. En algunos casos son los mismos actores, por cierto vinculados con los negocios energéticos, en trasnacionales ya mayores a los estados-nación.

Ante tan penosa situación es preciso que México ejerza su soberanía nacional sobre las instituciones financieras, lo cual significa apoyar las iniciativas en que prevalezca el interés de la nación y de los ahorradores mexicanos. Por ello en el Senado, previa revisión, aprobamos la iniciativa denominada Alertas tempranas, como antes apoyamos una serie de reformas al sistema financiero, entre otras, la ley para regular las sociedades de información crediticia, conocidas como Buró de Crédito, la ley para la subrogación del crédito hipotecario y la ley para el ordenamiento de los servicios financieros.

La crisis bancaria de 1994 no puede convertirse en lección no aprendida. Lo rescatable de aquel lamentable suceso, que seguiremos pagando los mexicanos durante muchos años, fue sin duda la experiencia y la precaución en el control y supervisión del sistema financiero. Dicha experiencia debemos aplicarla para preservar no sólo el valor de los activos financieros, sino para impedir la disminución del patrimonio de los ahorradores, abatir los costos fiscales y ampliar la estabilidad del sistema financiero. Y las alertas tempranas, que son reformas a la ley de instituciones de crédito, aprobadas en abril pasado, proponen medidas correctivas tan pronto se observen problemas en el desempeño bancario.

Se otorgan mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que obligan a los bancos a proteger su capital e incorporan un esquema de sanciones que aseguran el cumplimiento de las disposiciones. La reforma centra su vigilancia en el comportamiento del índice de capitalización de cada banco y establece medidas para adoptar ante señales que preocupen, aun cuando cumplan los índices de capitalización. Por supuesto, esas medidas son pertinentes. Pero hay hechos que preocupan.

Mire si no: el fondo de protección de seguro de ahorro de depósito, que se constituye con 25 por ciento de las cuotas que los bancos deben pagar cada tres meses al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se encuentra en su nivel más bajo desde que se creó. En 2001 el fondo de depósitos tenía recursos por más de 3 mil millones de pesos; en marzo de 2003 había 182 millones y ahora sólo cuenta con 60 millones de pesos. ƑAcaso se cubre a los ahorradores? No. Pues qué se restituya el fondo.

Cabe recordar que en 2001 se aprobó un primer paquete de medidas en este sentido, que hoy se profundiza con las alertas tempranas. Sí, se refuerzan medidas, pero siguen siendo insuficientes. Si un banco quebrara, las disposiciones que dicta la Ley de concursos mercantiles -que no define el procedimiento para declarar la insolvencia- resultan débiles para enfrentar una contingencia de esa naturaleza. También es preciso conocer cómo corregirá la autoridad el funcionamiento de los consejos de administración que rigen a los bancos. Hoy los consejeros no cumplen sus funciones a plenitud, y si las instituciones fallan es casi imposible fincar responsabilidades a los consejeros. Así que esperamos propuestas adicionales del Ejecutivo.

Los senadores del PRI que integran la Comisión de Hacienda, presidida por el PAN, recomendamos reforzar el gobierno corporativo en los bancos, que originan grandes problemas. Y se reitera la queja general de los usuarios bancarios: costos excesivos cuando ejercen un crédito y bajos rendimientos cuando ahorran. Aun así, aprobamos la reforma para contribuir a restaurar la confianza en los bancos, para que éstos acaten las leyes y las autoridades las apliquen con oportunidad. La apuesta: reducir riesgos a los ahorradores, que con los bancos ya sabemos que sucedería. Sobre aviso no hay engaño.

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