Con frecuencia, el gobierno responde a sus demandas con hostigamiento

Denuncian grupos indígenas que se ha criminalizado su lucha social

ROSA ROJAS ENVIADA

Union Hidalgo, Oaxaca, 15 de mayo. La criminalización de la lucha social con sus secuelas de asesinatos, hostigamiento y represión, que incluye libramiento de órdenes de aprehensión y cárcel contra dirigentes de los movimientos, así como los conflictos agrarios derivados de la falta de reconocimiento de las tierras y territorios comunales, son algunos de los mayores problemas que enfrentan en el ejercicio de su autonomía y en la lucha por su reconstitución los pueblos indios, se planteó aquí durante los trabajos de la decimotercera reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) región Centro-Pacífico.

Otros problemas comunes en varios pueblos representados aquí son las dificultades que enfrentan para que el Estado mexicano reconozca a los gobiernos municipales elegidos mediante el sistema de usos y costumbres, así como las divisiones que ocasiona la participación de partidos políticos en la vida de las comunidades.

Se subrayó que ante la negativa gubernamental de reconocer los derechos y cultura de los pueblos indígenas, éstos continúan reclamando el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés (firmados por el gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

En esta reunión del CNI regional Centro-Pacífico participan 130 delegados provenientes de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, que en la primera plenaria presentaron brevemente informes de la situación que viven sus pueblos y comunidades. Subrayaron su solidaridad con la lucha del pueblo zapoteco anfitrión y sus organizaciones: el Consejo de Ancianos y Ancianas de Unión Hidalgo y el Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), que desde 2003 demandan la desaparición de poderes en este municipio y el juicio contra el "ilegítimo" alcalde priísta, Armando Sánchez, acusado de corrupción. Dos personas asesinadas, 10 heridas y tres encarceladas casi un año, son parte del costo social de esta lucha.

La numerosa delegación morelense incluye representantes de Xoxocotla, Tlayacapan, Tlalnepantla, Alpuyeca, Coatetelco, Temixco, Miacatlán y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. En sus intervenciones, los delegados denunciaron la "sistemática violación" a las garantías básicas individuales y colectivos que practica el gobernador panista Sergio Estrada Cajigal, así como las acusaciones que pesan contra algunos de los principales miembros de su equipo -ahora removidos de sus cargos- de tener nexos con el narcotráfico, lo que ha llevado al inicio de juicio político contra el gobernante.

Armando Soriano Jiménez, de Xoxocotla, indicó: "la democracia nos ha costado dos vidas y 30 heridos, una lucha de más de 30 años, pero hemos logrado que nos respeten, porque nos hemos organizado calle por calle. Allá luchamos no sólo los indígenas sino los maestros, los colonos, los estudiantes, nos hemos dado cuenta de que solos no podemos hacer gran cosa". Informó que están en la etapa de construcción de un frente estatal y han participado en reuniones de un frente nacional para sus movilizaciones.

Benyosef Laguna, de Tlalnepantla, informó que tradicionalmente el pueblo elegía en asamblea al presidente municipal y después el Partido Revolucionario Institucional lo registraba como su candidato. Esta vez, sin embargo, participaron siete partidos en las elecciones municipales y las ganó el priísta Elías Osorio, quien, dijo, "tiene la legalidad, pero no la legitimidad". El pueblo tomó el palacio municipal, fueron reprimidos, la mayoría tuvo que desplazarse por la intervención de la policía en Tlalnepantla, aunque ya volvieron a la comunidad, y después "se inician negociaciones con el gobierno y empieza la compra de conciencias de los compañeros que están negociando en lo oscurito". Un muerto, 33 órdenes de aprehensión contra integrantes del Consejo de Pueblos y Colonias, 20 personas sujetas a proceso y en libertad condicional, la destrucción del tejido social comunitario, son parte de las consecuencias de este problema.

Erasmo Santamaría, de Tlayacapan, subrayó que en Morelos uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es el de la tenencia de la tierra, los latifundios contra los que luchó Emiliano Zapata, dijo, se están reconstituyendo, ahora en manos de inmobiliarias y fraccionadores. "El gobierno estatal ha impulsado una política de confrontación y en algunas comunidades ha creado doble representación de bienes comunales, como en Tlayacapan, o doble delegación municipal, como en Tetelcingo".

Juan Chávez, de Nurio, Michoacán, manifestó que el pueblo purépecha y organizaciones como la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), tienen como centro de lucha la cuestión agraria y la vigencia plena de los acuerdos de San Andrés y del tercer Congreso Nacional Indígena, celebrado en Nurio, de los cuales se derivan el ejercicio de la autonomía; la defensa de los derechos y cultura indígenas; la permanencia de los usos y costumbres, y la oposición al Plan Puebla-Panamá y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Mencionó que por defender sus tierras de caciques madereros y ganaderos, y de especuladores, los comuneros han sido víctimas de asesinatos, como los ocurridos en Santa Fe de la Laguna y Santa María Ostula, encarcelamiento, órdenes de aprehensión y amenazas de muerte a manos de los gobiernos municipales, estatal y federal.

En octubre de 2003, en Zirahuén, la comunidad proclamó el primer municipio autónomo y el primer caracol zapatista. De inmediato, "el gobierno envió soldados, helicópteros y policías a espiar al pueblo y reprimir cualquier movimiento sospechoso, detuvieron al dirigente de la comunidad, a quien dejaron libre de inmediato ante la movilización de los integrantes de la UCEZ, pero mantienen la vigilancia, la hostilidad, las órdenes de aprehensión y las amenazas. Al coordinador le han dicho que el gobierno ya decidió jubilarlo (tiene más de 80 años de edad y más de 50 en la lucha), pero aún no define si lo hace en la cárcel o en el panteón", indicó.

De Oaxaca participan, entre otros, delegados del Consejo Indígena Ricardo Flores Magón; Colectivo Cortamortaja, de Jalapa del Marqués, que se oponen a la construcción de una presa hidroeléctrica y al paso por su comunidad de la supercarretera, ello en el contexto de los megaproyectos del Plan Puebla-Panamá; representantes del pueblo huave, que cuentan con una estación de radio comunitaria; del sindicato de trabajadores al servicio de los tres poderes del estado, cuyo ex dirigente Oliverio Neri estuvo encarcelado durante un año y cinco meses acusado de diversos delitos y ha logrado, dijo, la absolución en cinco de siete procesos que se le seguían; de la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, que lucha contra la contaminación del maíz con transgénicos; de San Juan Lalana, que defienden sus tierras contra caciques ganaderos.

Manuel Hernández Aguilar, de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente de Ocosingo, Chiapas, afirmó que ante las amenazas del gobierno federal de desalojar los poblados enclavados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, les han fabricado delitos, ha aumentado la militarización, "pero nosotros ya hemos dichos que no nos van a sacar vivos".