Patricia Ruiz Anchondo

En 2002 se logró evitar un fraude en la Prosoc

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La titular de la Procuraduría Social (Prosoc) del Distrito Federal, Patricia Ruiz Anchondo, reconoció que durante el ejercicio fiscal de 2002 se cometieron varias anomalías en el área administrativa de esa institución, pero agregó que al detectarlas se tomaron medidas drásticas, que permitieron evitar un fraude por tres millones de pesos, y por lo cual dos personas están en la cárcel.

En entrevista, la funcionaria respondió a preguntas sobre las irregularidades detectadas en la Prosoc por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, durante el año mencionado.

Ruiz Anchondo detalló que "efectivamente hubo un manejo no del todo adecuado en el gasto del presupuesto de 2002, motivo por el cual fue necesario tomar medidas drásticas y urgentes con el personal responsable de la ejecución del ejercicio presupuestal, de tal forma que durante enero de 2003 tomé la decisión de sustituir a casi todo el equipo que conformaba la Coordinación Administrativa de la institución.

"De igual forma, se solicitó la revisión de los diferentes órganos fiscalizadores, a fin de que llevaran a cabo las auditorías que fueran necesarias para detectar y corregir las irregularidades encontradas". Mencionó que a raíz de esa situación se detectó un intento de fraude, por lo que el 21 de noviembre de 2002 se levantó una denuncia penal ante una transferencia electrónica no autorizada, por tres millones de pesos, asignados para el programa de rescate de unidades habitacionales de interés social.

Las pesquisas condujeron a responsabilizar a Albino Lozano Hernández, entonces jefe de unidad departamental del área de Recursos Humanos, y a Mika Endo Susuki y Víctor Raúl Montes Martínez, funcionarios de la institución bancaria donde estaban depositados los recursos de la Prosoc.

Los empleados bancarios se encuentran presos, mientras que el ex funcionario obtuvo un amparo, al declararse en la instancia jurisdiccional que no existían elementos probatorios suficientes en su contra.