En septiembre el Ejecutivo enviaría propuesta que incluiría partida para liquidar pagarés

Se agota el tiempo para resolver sobre la legalidad de parte del rescate bancario

Legisladores adelantan que rechazarían tal solicitud; autoridades, por un costo mínimo

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El tiempo está encima para las autoridades financieras y cuatro bancos privados que negocian en privado la forma en que será desahogada la controversia sobre la legalidad de una parte del rescate financiero emprendido por el gobierno federal durante la crisis de 1995. Participantes en esas reuniones aseguraron que hasta ahora no ha habido acuerdos concretos, mientras las instituciones financieras involucradas mantienen la posición de aceptar un costo mínimo por las revisiones y el Congreso insiste en ser parte de las negociaciones.

Al complejo debate se añadió el factor del tiempo. El Congreso aprobó hace unas semanas una reforma constitucional para que el Ejecutivo federal entregue en septiembre de cada año -y no en noviembre como ocurrió hasta ahora- su propuesta de presupuesto de egresos y Ley de Ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. Si no hay un acuerdo sobre la controversia en torno al rescate bancario, en cuatro meses el gobierno federal tendría que enviar al Legislativo una propuesta de paquete económico para 2005 que incluyera una partida para liquidar una parte de los pagarés del rescate bancario, una solicitud que desde ahora varios legisladores adelantan que sería rechazada.

Durante la crisis financiera de 1995, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo instrumentó varios mecanismos de rescate de los bancos, realizados a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Uno de esos mecanismos fue el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que permitió a las instituciones transferir una parte de sus créditos en dificultades de pago al Fobaproa, aunque existen evidencias de que los bancos cometieron irregularidades que fueron aceptadas por los funcionarios encargados entonces del proceso.

Esos pagarés emitidos por el Fobaproa tienen, a precios actuales, un valor bruto de 220 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, encontró varias irregularidades en esas operaciones. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no puede intercambiar los pagarés Fobaproa en poder de los bancos Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte, hasta que se haga una auditoría a esos movimientos, como establece la ley. Las instituciones bancarias están amparadas contra esa eventualidad, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si se pronuncia sobre el caso.

Consultados por este diario, tanto el IPAB como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) coincidieron en que "se sigue trabajando y analizando" las distintas posibilidades de salvar la controversia. "La discusión está en proceso", dijo un funcionario de la CNBV.

"Hay acercamientos entre los representantes de los bancos y el Instituto, pero por ahora no hay nada nuevo para informar", comentó una fuente del IPAB.

Desde principio de este año, las autoridades financieras analizan efectuar el intercambio de los pagarés (lo que los convertiría en los hechos en deuda avalada por el gobierno, carácter que no tienen ahora) y luego revisar las posibles irregularidades señaladas por la ASF y otras que surgieran de nuevas auditorías. Aunque los cuatro bancos involucrados no se han pronunciado oficialmente al respecto, tampoco han desistido de sus procesos legales para oponerse a las revisiones.

"Una revisión seria, integral, no puede hacerse en menos de cuatro meses", comentó Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la comisión legislativa creada ex profeso para analizar e investigar el rescate bancario. "Este mes es definitivo, porque las auditorías a los bancos deben iniciar, para acabarlas antes de septiembre", cuando el Ejecutivo debe entregar su propuesta de paquete económico para ser debatida en el Congreso.

Ramírez Cuéllar aseguró que el costo de 220 mil millones de pesos que tienen, en términos brutos, los pagarés del PCCC "puede ser reducido sensiblemente, hasta en 80 por ciento", con sólo aplicar las cláusulas de los contratos y los términos de la ley de protección al ahorro bancario. Precisamente para no cumplir esos términos es que los bancos tratan de "arrinconar" al Congreso y dejando pasar el tiempo para "buscar una salida apresurada que los beneficie".

Según el legislador, las "fuentes de descuento" para reducir el costo del PCCC son varias, establecidas en los contratos entre el Fobaproa y los cuatro bancos involucrados. En esas instituciones existen fideicomisos donde se concentran activos y cuentas que formaron parte del programa de capitalización; en éstos hay recursos por al menos 54 mil millones de pesos, que deben ser descontados del saldo bruto. Adicionalmente, en los contratos existe una cláusula de "pérdidas compartidas", por medio de la cual los bancos deben asumir otros 41 mil millones de pesos; otra cláusula de "estímulos para la cobranza" abonaría otros 14 mil millones de pesos.