Gustavo Gordillo

Dos ideas cuyo tiempo ya pasó

Durante más de una década dos propuestas han reinado en el diseño de las políticas públicas en Latinoamérica. Ahora ambas están en entredicho. 1) Mantener blindada la política económica de la política social. En la mayoría de las sociedades de América Latina y el Caribe, la crisis de los años 80 trajo como resultado vastos y diversos procesos de restructuración que afectaron no solamente el sistema político y económico, sino también esferas culturales, en términos de la formación y transmisión de valores importantes para la integración social.

El intento por reformular y ganar consenso para una nueva visión de justicia social, es decir, un conjunto de principios sustantivos para juzgar las políticas, instituciones y prácticas sociales, concuerda con un movimiento difuso, pero persistente en las sociedades modernas cuyo objetivo es reconstruir la teoría política de matriz liberal.

Este movimiento difuso está sujeto a interpretaciones diferentes: socialista, cristiana y hasta conservadora; pero en todas sus manifestaciones con un componente de equidad muy fuerte. Tiene como propósito garantizar la igualdad de oportunidades, pero no pretende crear una simetría social falsa que busque erradicar artificialmente diferencias e intereses.

Lejos de esto, lo que trata es de fortalecer las oportunidades de los más débiles a fin de posibilitarles su desarrollo en la diversidad. Aquí se encuentra, quizá, la confluencia entre la política social y la democracia.

La reforma a la política social requiere una revisión profunda de los vínculos con la política macroeconómica, particularmente con la política fiscal. Si la estabilidad macroeconómica se presenta en términos sociales como una promesa a futuro de distribución justa de los potenciales beneficios del crecimiento, la política fiscal tiene un papel importante que desempeñar. Existe actualmente un área de debate que se refiere a las posibilidades de expansión del gasto aun con la presencia de una política fiscal sana pero restrictiva.

Preguntas relevante son: ƑQué medidas pueden mejorar la distribución del ingreso? ƑCuáles medidas atacan de manera efectiva las deficiencias en los rubros de salud, educación, vivienda, empleo, asistencia social y, sobre todo, seguridad alimentaria? ƑCuáles son las políticas disponibles que pueden solucionar el problema de equidad, reducir el desequilibrio regional, integrar políticas sociales dentro de los procesos productivos y ampliar la participación democrática? Todas ella requieren la articulación de las políticas económicas y sociales. Mejor aún, se trata de una política económica centrada en el combate a la desigualdad.

2) Las reformas como quehacer de las tecnocracias. La capacidad de los gobiernos para evitar los obstáculos a las reformas económicas estructurales está fuertemente condicionada por un factor clave: el grado en que la política y economía que están emergiendo de un periodo de transición excluyan o desacrediten a los principales actores políticos anteriores.

Una vez que los procesos de reforma han empezado, y después del momento inicial de sorpresa creado por los programas de estabilización macroeconómica, los gobiernos deben enfrentar los desafíos para consolidar las reformas estructurales, creando coaliciones políticas legítimas para apoyar dichas reformas. La mejor forma de hacer esto es mediante una profunda reforma democrática.

Incentivos políticos superiores, la disponibilidad de información y la legitimidad de los regímenes democráticos, los prepara para un desempeño económico mejor que el de sus contrapartes autoritarias, donde la sobrestimación de su legitimidad histórica o su desempeño gubernamental exitoso, los hace más vulnerables que las democracias durante las crisis económicas, particularmente cuando los regímenes autoritarios basan su legitimidad en un buen desempeño económico. Esto, por lo demás, ha sido plenamente constatado en los hechos ocurridos en años recientes en regiones tan diferentes a la nuestra como el sureste asiático.

Sin embargo, el desempeño económico depende de las instituciones políticas que canalizan los conflictos sociales que surgen aunque no siempre sean producto directo de las reformas económicas. La experiencia de los países desarrollados muestra que existe una amplia gama de instituciones políticas compatibles con una economía de mercado y un gobierno representativo, pero la transición hacia esos acuerdos institucionales es difícil y reversible. En algunos casos, el cambio hacia pactos sociales es un paso importante en la construcción de un gobierno democrático viable; no obstante, dicha acción no puede remplazar la creación de sistemas de partidos menos fragmentados con capacidad de inclusión y desarrollo de consensos.

Por otro lado, la equidad facilita la democratización y disminuye los impactos negativos de las reformas económicas. Cuando los ciudadanos creen que los costos asociados con la reforma están distribuidos con justicia, dicha reforma puede ser más exitosa y los regímenes democráticos tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Cuando las democracias protegen a los grupos menos favorecidos del sufrimiento intolerable, muestran que la solidaridad es un componente básico de su legitimidad.

Las reformas son, más bien, una tarea central de los políticos. Las reformas son, pues, un quehacer de la política y de los políticos.