Arturo Alcalde Justiniani

Los derechos laborales son derechos humanos

ƑQué impidió al Presidente de la República incluir en su iniciativa de reforma constitucional otorgar competencia a las comisiones nacional y locales de Derechos Humanos en asuntos laborales? Fue una de las preguntas más insistentes de diversas organizaciones de la sociedad civil que habían acompañado el proceso gubernamental que prometía un cambio sustantivo en esta materia.

La rotunda negativa para reformar el apartado "B" del artículo 102 constitucional, que nos descalifica en los planos nacional e internacional, no tiene justificación. Si analizamos las distintas declaraciones, convenciones y pactos en materia de derechos humanos, todas hacen referencia a un conjunto de derechos de orden laboral como parte esencial de los derechos humanos, en especial, el derecho de libre asociación sindical y la obligación de los gobiernos de otorgar garantías para el libre ejercicio de este derecho.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, fracción 4, señala claramente: "toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses". La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 16, y el protocolo adicional a dicha convención, conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 8.1, incluyen el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos conforme a su elección, imponiendo a los estados la obligación de garantizar el ejercicio de ese derecho humano.

Naciones Unidas, por medio del representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 2003 hizo entrega al presidente Vicente Fox de su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos. En su quinta recomendación señala la necesidad de "modificar el apartado 'B' del artículo 102 constitucional para ampliar las atribuciones de las comisiones de derechos humanos a la protección de los derechos humanos laborales".

Pero no sólo en el plano internacional existen voces que exigen a nuestro gobierno sacar del clóset el tema de los derechos humanos laborales. También en nuestro país ha sido constante el reclamo para suprimir esta absurda exclusión que sólo encuentra su explicación en el temor a la libertad gremial y al afán de seguir protegiendo el control corporativo que agobia a la población trabajadora mexicana e inhibe la posibilidad de una auténtica modernización laboral.

El presidente Fox, en el número 11 de sus Veinte compromisos por la libertad y democracia sindical, firmados con un numeroso grupo de personalidades, asociaciones y sindicatos, se comprometió -sin cumplirlo- a ampliar la competencia de las comisiones de derechos humanos para incluir la materia laboral. Incluso el partido gobernante, permanentemente ha sostenido la tesis de que esta exclusión es inexplicable en un régimen que asegura respetar los derechos humanos.

La política de avestruz que nuestros gobiernos han venido practicando en este tema provoca que en forma creciente los trabajadores y sus organizaciones se vean obligados a acudir a instancias internacionales para denunciar la violación de derechos humanos laborales. Hace tan sólo un par de meses, nueve organismos copeticionarios, entre ellos el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), sentaron en Washington al gobierno mexicano en el banquillo de los acusados, en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, motivada por una larga lista de violaciones a la libertad sindical en México. No existiría esta penosa necesidad si nuestras comisiones de derechos humanos a escala nacional tuvieran competencia en esta materia.

Si analizamos la propuesta de reforma constitucional presentada el pasado 5 de mayo, en materia de derechos humanos, que busca según palabras del Presidente que nuestra Carta Magna se actualice, ubicándose a la vanguardia, junto con la mayoría de las constituciones recientes en el mundo, se hace evidente la necesidad de reconocer que los derechos laborales son también derechos humanos. Por lo tanto, no existe justificación constitucional ni social para seguir manteniendo esta odiosa excepción, incompatible con nuestras pretensiones democráticas e incongruente con el conjunto de las reformas propuestas. Aún es tiempo para este cambio.