Envía recomendación al gobierno de Salazar Mendiguchía

CNDH: Chiapas debe indemnizar a familiares de 8 bebés fallecidos

Se confirma que el nosocomio de Comitán no tenía infraestructura ni recursos humanos para cubrir la demanda

Debido a la inadecuada atención médica que provocó la muerte de ocho de 35 recién nacidos entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en el Hospital General de Comitán de Domínguez, Chiapas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 24/2004, dirigida al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a quien solicita pagar las indemnizaciones que correspondan a los familiares de los menores que perdieron la vida.

De acuerdo con las investigaciones realizadas de manera conjunta por la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General del Estado de Chiapas, presentada en enero de 2003, la CNDH destacó en un comunicado que se confirmó que "el hospital no contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales, además de que en la mayoría de los casos se realizó un inadecuado control prenatal".

Luego de analizar los expedientes clínicos de los bebés fallecidos, así como de las opiniones médicas emitidas por la Coordinación de Servicios Periciales de la CNDH, y de las constancias emitidas de las 26 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, "se desprende que en ocho casos no se proporcionó a los agraviados una adecuada prestación del servicio público de salud como consecuencia de actos y omisiones en que incurrió el personal médico de ese hospital".

Por esto, la CNDH solicita al gobernador Salazar Mendiguchía instruir al procurador general de Justicia estatal para integrar y determinar, conforme a derecho, las 26 averiguaciones previas iniciadas por los hechos, luego de que las autoridades judiciales estatales enviaran las indagatorias al archivo de reserva.

Asimismo, solicita instruir al procurador estatal para que se inicien los procedimientos de investigación contra agentes del Ministerio Público encargados de la integración de las averiguaciones para que determine la responsabilidad en que incurrieron por la inadecuada procuración de justicia.

LAURA POY SOLANO