El próximo mes la fiscal López Urbina informará cuántos casos atraerá la PGR

ONG exigen más fondos para comisión especial sobre feminicidios en Juárez

La comisionada, sin recursos suficientes para su labor Se reúnen con el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 21 de abril. Organizaciones no gubernamentales (ONG) en pro de la mujer exigieron a la Secretaría de Gobernación que cumpla los acuerdos prometidos al nombrar a la comisionada especial para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, quien lleva seis meses en el cargo y no tiene los recursos financieros y políticos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus tareas.

La petición se hizo a funcionarios federales durante la octava reunión del grupo de trabajo de la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres en Ciudad Juárez, en la que estuvo presente el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca.

Los representantes de las ONG, entre ellas Casa Amiga -representada por Es-ther Chávez Cano- y Compañeros, también "exigieron que la comisión presente un programa de trabajo en el que se precisen los objetivos y metas de su actuación, el marco de la coordinación de las distintas instancias del gobierno federal y el agotamiento de los extremos legales para la atracción, por la fiscalía especial, así como la atracción inmediata de las desapariciones consideradas de alto riesgo, asumiendo la presunción de que se trata de acciones del crimen organizado mientras no se demuestre lo contrario".

Presentan demandas por escrito

En un escrito, los defensores de los derechos de las mujeres recordaron que en septiembre de 2003 fue creada la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, mediante un acuerdo de la Comisión Intersecretarial sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos.

Esta "pretendía ser la respuesta del gobierno federal ante la situación de negligencia y/o complicidad de las autoridades estatales y federales en la materia tipificadas como violaciones a los derechos humanos por las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Comité para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias, que llamaron la atención sobre uno de los problemas más graves en nuestro país.

"Sin embargo, a más de seis meses de su nombramiento, la comisionada especial no ha contado hasta la fecha con los recursos suficientes para realizar adecuadamente sus funciones, además de que el decreto que creó y definió oficialmente las facultades de la comisión no se expidió sino hasta febrero del presente año."

Agregan que "lejos de un mayor apoyo del gobierno federal se están reduciendo los recursos previstos para su funcionamiento, lo que sin duda repercutirá gravemente en las posibilidades de su actuación, además de que si bien la fiscal especial ha sido dotada de recursos adecuados, sus facultades son muy limitadas, de tal forma que de los más de 370 casos de homicidios de mujeres y el gran número de desapariciones, actualmente esta fiscalía sólo es responsable de la investigación de 14 expedientes, en los que además, desde la experiencia de las abogadas y madres de las víctimas, los avances en las investigaciones han sido limitados".

Las ONG juarenses exigen que la comisionada especial cuente inmediatamente con los recursos financieros y políticos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus tareas, que presente un programa de trabajo en el que se precisen los objetivos y metas de su actuación, la atracción inmediata de casos de desapariciones de mujeres y que dé a conocer el tratamiento de la investigación a servidores públicos que han in-currido en actos de negligencia o complicidad en las investigaciones de los feminicidios.

Señalarán irregularidades que pudieron haber cometido funcionarios públicos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Más de una década después de que comenzaron a cometerse homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de esa entidad tienen abiertos 300 expedientes de casos de mujeres asesinadas, aseguró Mario Al-varez Ledezma, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la dependencia federal.

Agregó que será el próximo mes cuando la fiscal especial para homicidios de mujeres en esa ciudad fronteriza, María López Urbina, rinda su primer informe sobre las investigaciones a su cargo y dé a conocer cuántos de esos casos serán atraí-dos por la PGR.

Entrevistado ayer, al término de presentación de un manual sobre derechos humanos, el funcionario federal puntualizó que "será muy importante conocer el reporte que dé a conocer la fiscal (López Urbina), porque a partir de ahí la PGR concretará el número de expedientes que se estarán investigando" a escala federal.

Ante la pregunta expresa respecto al momento en que se encuentran las investigaciones en Ciudad Juárez, Ledezma indicó: "Se han analizado por ahora los primeros 50 expedientes, en los cuales informamos cuáles son los casos que va a atraer la PGR y, sobre todo, señalaremos cuáles creemos que son las responsabilidades en las que incurrieron servidores públicos que no atendieron en su momento los casos".

Sin embargo, adelantó que por el momento no se han encontrado presuntas irregularidades que pudieran haber cometido servidores públicos de la PGR, aunque indicó que "por ello debemos esperar los resultados del informe que en mayo presentará la fiscal".

Quejas sobre tortura

En otro orden, el funcionario informó que a partir de la aplicación en México del Protocolo de Estambul se han recibido varias quejas, pero ninguna resultó positiva: "El año pasado recibimos ocho casos de presuntas torturas y afortunadamente en ninguno dio positivo el peritaje que aplica ese protocolo. Este año llevamos dos quejas nada más y tampoco ninguna de ha dado resultado positiva".

Finalmente exhortó a la sociedad a denunciar cualquier acto de tortura en que pudieran incurrir servidores públicos de la PGR, porque "para eso se crean instancias en las que se vela por la defensa de los derechos humanos".