Expropiación de predios

La Corte decidirá sobre el caso de la cooperativa Pascual

BERTHA TERESA RAMIREZ

La Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF) informó que quedó reservada al ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la procedencia o no del decreto emitido por el mandatario capitalino por medio del cual se expropian nueve predios en favor de la Sociedad Cooperativa Pascual.

La dependencia informó que el máximo tribunal del país será el que emita un fallo al respecto, luego de que el GDF recurrió a la resolución del juez noveno de distrito en materia administrativa, quien concedió un amparo a la apoderada legal de Victoria Valdés Cacho, propietaria de los inmuebles, al declarar inconstitucional el artículo primero de la Ley de Expropiación, el cual establece como causa de utilidad pública la creación, fomento y conservación de una empresa en beneficio de la colectividad.

Agregó que el juicio fue turnado a la SCJN luego de que se desecharon dos recursos de revisión interpuestos por el jefe de Gobierno y las secretarías de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

Además, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación también interpuso un recurso.

Agregó que únicamente subsiste el recurso de revisión interpuesto por el tercer perjudicado, que es la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que sostendrá sus argumentos de defensa en el artículo primero de la Ley de Expropiación, el cual desde su punto de vista no resulta inconstitucional, "toda vez que no es dable satisfacer la pretensión del juzgador en el sentido de que debe precisarse qué empresas se considera que benefician a la colectividad, pues la ley es general y abstracta".

Argumentos legales

La cooperativa sostendrá sus argumentos legales en que el citado artículo satisface los preceptos del artículo 27 constitucional, el cual señala que las leyes de los estados determinan los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada. Asimismo, argumentará que el que la citada ley no defina o particularice conceptos no es motivo para que sea declarada inconstitucional.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Pascual, Salvador Torres Cisneros, informó que más de mil empleos se verían afectados de no proceder la expropiación. Indicó que de acuerdo con ese decreto, los trabajadores quedan obligados a pagar una indemnización por 200 millones de pesos por los terrenos, ubicados en la colonia Tránsito y en la avenida Insurgentes Norte.

Cisneros señaló que el año pasado y en lo que va del presente las empresas Coca- Cola y Pepsi-Cola incrementaron la presión para reservarse el derecho de vender en exclusiva sus productos en millones de negocios en la ciudad y el país, acción que afecta a la industria nacional del ramo. Esta situación empeoró durante el 2003 al llegar a los ámbitos de los gobiernos, como es el caso del estado de Morelos en donde para la feria anual de la ciudad de Cuernavaca no se permitió a esa cooperativa nacional vender sus productos.