México D.F. Jueves 22 de abril de 2004
Trabajadores impulsarán que el sindicato petrolero promueva un juicio de nulidad
Comisión de la cámara buscará demostrar la ilegalidad de los CSM
Esos contratos afectan el interés de los obreros y empleados petroleros, afirman
ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados dio un nuevo giro al tema de los contratos de servicios múltiples (CSM), que el martes los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) rechazaron en el pleno camaral, y ayer aprobó por unanimidad la integración de una comisión especial que coadyuve con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para demostrar la ilegalidad de esos convenios autorizados por el gobierno federal a empresas privadas nacionales y extranjeras.
Durante la reunión de la mesa directiva de la comisión los legisladores coincidieron en revisar el contenido de los CSM mediante una instancia de consenso que será sometida, para su aprobación, al pleno camaral. Para acelerar ese procedimiento el dictamen fue enviado ayer a la Junta de Coordinación Política.
Más tarde, el diputado Francisco Carrillo Soberón insistió en que el objetivo de la comisión especial es en ''primerísimo lugar, demostrar la ilegalidad de los contratos de servicios múltiples''. Después de que se demuestre con evidencias ese hecho, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera convocará al sindicato petrolero para empezar un juicio de nulidad, porque los empleados de la paraestatal tiene la prerrogativa legal para echar atrás los contratos, porque los de confianza ''no tenemos personalidad jurídica para interponer el juicio de nulidad''.
El argumento se basa en que esos convenios son nocivos para la producción de la industria, que por mandato de la Constitución es nacional.
-ƑEl juicio va a tribunales o a la corte?
-Entiendo que va a tribunales en primera instancia.
-ƑLa nueva comisión estaría integrada por todos los partidos?
-Por todos los partidos.
Por su parte, la diputada Rosa María Avilés denunció que ''el pueblo de México se enfrenta al embate de las políticas neoliberales, que no respetan siquiera los preceptos constitucionales. Hay una denuncia sustentada de profesionales, ciudadanos y vecinos del estado de Veracruz, que van a demostrar cómo este gobierno de supuesta no tolerancia a la corrupción, de manera soterrada y constante ha estado socavando estas empresas paraestatales''.
Las plantas industriales Cosoleacaque, Pajaritos, Morelos, Cangrejera y Escolín, en Veracruz; Camargo, en Chihuahua, y Tula, en Hidalgo, fueron desincorporadas del régimen del dominio público de la Federación y convertidas en empresas mercantiles SA de CV por decreto presidencial de junio de 1997, para poder venderlas a través de acciones.
En 1996 se produjeron 18 millones 375 mil toneladas de productos petroquímicos; en 2000 la producción bajó a 11 millones 501 mil toneladas, y al cierre de 2003 sólo se produjeron 2 millones 700 mil toneladas, que apenas cubrieron 7 por ciento del consumo nacional. Se han dejado de producir 16 millones de toneladas de productos petroquímicos, lo cual implicó pérdidas por 48 mil millones de pesos.
''Tenemos la manera muy torpe en que estas empresas han sido administradas; hay adeudos millonarios por moratoria de impuestos. También se ha visto la forma arbitraria en que el personal ha sufrido despidos injustificados, liquidación de trabajadores con experiencia y se han dado jubilaciones sin cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Como respuesta, los directivos han colocado de manera arbitraria personal incondicional a ellos'', insistió la diputada.
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