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México D.F. Viernes 16 de abril de 2004
Si no hay justicia la investigación pasará
a la comandancia del EZLN, advierte JBG
Zapatistas culpan a las autoridades perredistas de
la agresión en Jech'vó
Hay 484 desplazados por el conflicto, afirman; realizan
labor social en la zona
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San
Cristobal de las Casas, Chis., 15 de abril. Los desplazados zapatistas
de Zinacantán, que oficialmente no existen, suman 484 personas,
en su mayoría niños y mujeres, informó hoy la junta
de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas
delante del mundo. En tanto, organismos civiles de San Cristóbal
de las Casas hicieron un llamado a la sociedad civil para enviar víveres
y ayuda a los desplazados.
Al dar a conocer hoy el resultado de sus investigaciones
en torno a la agresión del 10 de abril contra la marcha a Jech'vó,
la JBG de Oventic anunció que son 109 las familias que "no pudieron
regresar a sus comunidades de origen, sus casas fueron saqueadas y destruidas
por los perredistas, destruyeron los depósitos de agua y robaron
en las tiendas".
Las autoridades zapatistas responzabilizaron directamente,
como autores intelectuales y materiales de la "cobarde agresión",
al presidente municipal, el primer regidor, el comandante de la policía
municipal y el dirigente del PRD de Zinacantán.
La JBG exige castigo a los agresores, anuncia que proseguirá
con sus investigaciones y advierte que si no hay justicia, la JBG "pasará
la investigación a la Comandancia General del EZLN".
Ante los hechos de Zinacantán, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) exigió a su
vez "que se garantice la integridad y seguridad de las personas desplazadas,
la restitución de sus derechos, y se otorguen condiciones de seguridad
para su retorno". También que "se dé atención médica
adecuada a los heridos, garantizando su derecho a la salud y a la vida".
El CDHFBC demanda "una investigación imparcial
y apegada a la verdad, para sancionar a los responsables intelectuales
y materiales de los hechos violentos. Que se finque responsabilidad a las
autoridades involucradas en estos hechos, por acción u omisión
en las violaciones a los derechos humanos cometidas, y se realicen acciones
efectivas que garanticen a toda la población el acceso al agua,
como un derecho fundamental, sin distinción de filiaciones políticas".
A los gobiernos federal y estatal, el centro demanda que
"reconozcan jurídica y políticamente el derecho a las autonomías,
lo cual será una contribución fundamental para la construcción
de la paz".
¿Normalidad por decreto?
Aferrado a su versión de que en Zinacantán
la vida transcurre con normalidad, dejando a los desplazados en condición
de fantasmas, y 500 policías después, el gobierno del estado
envió desde ayer 12 pipas de agua a Pasté, Nachig, Jech'vó,
Elambó Alto y Bajo y San Isidro. "La población lo solicitó",
según el delegado de protección civil, Juan José Herrera
López. Con esto, se sostiene la idea de que el problema es el agua;
que ésta sería una más de las paradojas de Chiapas:
en la entidad del país más rica en recursos hídricos,
los pobres no tienen agua.
Todo se vale con tal de negar la existencia de un conflicto
político y una situación de violencia. Impermeable a los
hechos, el delegado de protección civil entregó agua... a
quienes despojaron del líquido a las bases de apoyo zapatistas,
las cuales ni siquiera se encuentran allí. Según el funcionario,
con esto "se resolvió el diferendo central entre comunidades, (lo)
que permitirá continuar con el trabajo de concertación y
reconciliación política del gobierno de Chiapas". Y ya que
tan rutinaria es la cosa, el funcionario autocelebró su "acercamiento
a la población". Así, "personal médico capacitado
llegó a las comunidades para ofrecer consultas y muestras médicas
gratuitas de desparasitantes, antivirales, jarabes, particularmente para
mujeres, niños y ancianos".
Ya ni la burla perdonan. Bien saben los funcionarios que
los afectados no están en sus casas ni comunidades. No obstante,
ayer se bombardeó a la población chiapaneca con un mensaje
repetido una y otra vez por radio y televisión, donde el gobierno
estatal insistía en culpar a supuestos activistas "ajenos al zapatismo",
presuntamente extranjeros, como los responsables de la emboscada de Pasté
(¿dónde hemos oído antes esto?), y a la vez aseguraba
que todo ha vuelto a la normalidad. Los comunicados de la JBG reiteran
el propósito de la marcha, y demuestran que son innecesarios esos
"instigadores ajenos" de la acusación declarativa (artimaña
publicitaria propia del viejo priísmo, ¿tradición
que se niega a morir?)
En el mundo real, mientras tanto, y a través de
la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, las organizaciones
civiles reportaron en su llamado a la sociedad civil que, debido a los
recientes hechos de violencia perpetrados por militantes del PRD contra
bases de apoyo zapatistas en el municipio de Zinacantán, más
de 30 heridos y más de un centenar de familias "necesitan apoyo
inmediato para sobrevivir". Se señala que la dirección para
enviar el acopio es calle Las Estrellas número 23, colonia El Paraíso,
San Cristóbal de las Casas: "Puedes llevar: maíz, frijol,
arroz, azúcar, aceite, pañales desechables, ropa en buen
estado y nylon (plástico)".
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