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México D.F. Viernes 16 de abril de 2004

Si no hay justicia la investigación pasará a la comandancia del EZLN, advierte JBG

Zapatistas culpan a las autoridades perredistas de la agresión en Jech'vó

Hay 484 desplazados por el conflicto, afirman; realizan labor social en la zona

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

40415056[1]San Cristobal de las Casas, Chis., 15 de abril. Los desplazados zapatistas de Zinacantán, que oficialmente no existen, suman 484 personas, en su mayoría niños y mujeres, informó hoy la junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. En tanto, organismos civiles de San Cristóbal de las Casas hicieron un llamado a la sociedad civil para enviar víveres y ayuda a los desplazados.

Al dar a conocer hoy el resultado de sus investigaciones en torno a la agresión del 10 de abril contra la marcha a Jech'vó, la JBG de Oventic anunció que son 109 las familias que "no pudieron regresar a sus comunidades de origen, sus casas fueron saqueadas y destruidas por los perredistas, destruyeron los depósitos de agua y robaron en las tiendas".

Las autoridades zapatistas responzabilizaron directamente, como autores intelectuales y materiales de la "cobarde agresión", al presidente municipal, el primer regidor, el comandante de la policía municipal y el dirigente del PRD de Zinacantán.

La JBG exige castigo a los agresores, anuncia que proseguirá con sus investigaciones y advierte que si no hay justicia, la JBG "pasará la investigación a la Comandancia General del EZLN".

Ante los hechos de Zinacantán, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) exigió a su vez "que se garantice la integridad y seguridad de las personas desplazadas, la restitución de sus derechos, y se otorguen condiciones de seguridad para su retorno". También que "se dé atención médica adecuada a los heridos, garantizando su derecho a la salud y a la vida".

El CDHFBC demanda "una investigación imparcial y apegada a la verdad, para sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los hechos violentos. Que se finque responsabilidad a las autoridades involucradas en estos hechos, por acción u omisión en las violaciones a los derechos humanos cometidas, y se realicen acciones efectivas que garanticen a toda la población el acceso al agua, como un derecho fundamental, sin distinción de filiaciones políticas".

A los gobiernos federal y estatal, el centro demanda que "reconozcan jurídica y políticamente el derecho a las autonomías, lo cual será una contribución fundamental para la construcción de la paz".

¿Normalidad por decreto?

Aferrado a su versión de que en Zinacantán la vida transcurre con normalidad, dejando a los desplazados en condición de fantasmas, y 500 policías después, el gobierno del estado envió desde ayer 12 pipas de agua a Pasté, Nachig, Jech'vó, Elambó Alto y Bajo y San Isidro. "La población lo solicitó", según el delegado de protección civil, Juan José Herrera López. Con esto, se sostiene la idea de que el problema es el agua; que ésta sería una más de las paradojas de Chiapas: en la entidad del país más rica en recursos hídricos, los pobres no tienen agua.

Todo se vale con tal de negar la existencia de un conflicto político y una situación de violencia. Impermeable a los hechos, el delegado de protección civil entregó agua... a quienes despojaron del líquido a las bases de apoyo zapatistas, las cuales ni siquiera se encuentran allí. Según el funcionario, con esto "se resolvió el diferendo central entre comunidades, (lo) que permitirá continuar con el trabajo de concertación y reconciliación política del gobierno de Chiapas". Y ya que tan rutinaria es la cosa, el funcionario autocelebró su "acercamiento a la población". Así, "personal médico capacitado llegó a las comunidades para ofrecer consultas y muestras médicas gratuitas de desparasitantes, antivirales, jarabes, particularmente para mujeres, niños y ancianos".

Ya ni la burla perdonan. Bien saben los funcionarios que los afectados no están en sus casas ni comunidades. No obstante, ayer se bombardeó a la población chiapaneca con un mensaje repetido una y otra vez por radio y televisión, donde el gobierno estatal insistía en culpar a supuestos activistas "ajenos al zapatismo", presuntamente extranjeros, como los responsables de la emboscada de Pasté (¿dónde hemos oído antes esto?), y a la vez aseguraba que todo ha vuelto a la normalidad. Los comunicados de la JBG reiteran el propósito de la marcha, y demuestran que son innecesarios esos "instigadores ajenos" de la acusación declarativa (artimaña publicitaria propia del viejo priísmo, ¿tradición que se niega a morir?)

En el mundo real, mientras tanto, y a través de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, las organizaciones civiles reportaron en su llamado a la sociedad civil que, debido a los recientes hechos de violencia perpetrados por militantes del PRD contra bases de apoyo zapatistas en el municipio de Zinacantán, más de 30 heridos y más de un centenar de familias "necesitan apoyo inmediato para sobrevivir". Se señala que la dirección para enviar el acopio es calle Las Estrellas número 23, colonia El Paraíso, San Cristóbal de las Casas: "Puedes llevar: maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite, pañales desechables, ropa en buen estado y nylon (plástico)".

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