Reprueba la oposición proceder faccioso contra el GDF

Diego Fernández impidió que el Senado citara a Gil

Hacienda nos debe una respuesta, afirma Enrique Jackson

ANDREA BECERRIL

Senadores de PRI y PRD consideraron "muy grave" que la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del gobierno federal actúen de manera "facciosa" contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y coincidieron en la necesidad de citar a comparecer pronto a Francisco Gil Díaz, para que explique su participación en el caso del ex tesorero capitalino Gustavo Ponce y la violación de un convenio internacional, al usar con fines políticos información obtenida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La cita para que el secretario de Hacienda comparezca no pudo concretarse ayer, ya que el panista Diego Fernández de Cevallos se opuso a que el punto se discutiera. Sin embargo, se llevará al pleno el próximo martes y ahí la bancada del PRD propondrá inclusive que se le siga juicio político al funcionario, toda vez que ha incurrido en severas irregularidades "en un claro afán de desprestigiar y lesionar al jefe de Gobierno capitalino", precisó el perredista Jesús Ortega.

Los priístas reaccionaron también con molestia luego de que López Obrador presentó pruebas de que Hacienda sabía de antemano de las actividades ilícitas de Ponce, ya que lo investigaban en coordinación con autoridades estadunidenses y no hicieron nada para detenerlo ni notificaron de ello al gobierno capitalino, pero sí filtraron los datos.

El coordinador Enrique Jackson advirtió que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como Hacienda tienen que aclarar todo. "Nos deben una respuesta de por qué no actuaron, por qué realizaron una investigación y no procedieron contra el responsable."

A su vez, la senadora Dulce María Sauri consideró que el hecho de que las autoridades hacendarias no dieran a conocer a López Obrador que uno de sus colaboradores era objeto de una investigación, crea la sospecha de "una actitud facciosa y sectaria por parte del gobierno federal".

Es algo muy serio, recalcó, que no sólo tiene que ver con el GDF, sino con todos los partidos opositores, porque no hay seguridad jurídica, sino el uso del poder contra el adversario. "Yo particularmente viví y padecí lo relacionado con el caso Pemex, pero el uso tan burdo, tan impune de la información para descalificaciones de tipo político, se me hace muy serio."

Resaltó que el Senado tiene que tomar cartas en el asunto, ya que no es posible que mientras los legisladores afinan todos los instrumentos legales en materia de control del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, ese andamiaje jurídico se utilice "con propósitos clara y abiertamente políticos". Con ello coincidieron sus compañeros Martha Tamayo y Oscar Cantón Zetina.

La bancada del PRD hizo frente común con López Obrador, y hasta el senador Demetrio Sodi dejó atrás las críticas al GDF para advertir que "las pruebas y las evidencias" que presentó el jefe de Gobierno son tan contundentes que ameritan "una muy buena explicación" por parte del secretario de Hacienda.

Ortega trató desde temprano de negociar que en la agenda del día se incluyera de última hora la discusión del tema, para lo que requería el aval de los otros coordinadores. Jackson le respondió que no tenía objeciones, pero Fernández de Cevallos se opuso con el argumento de que "es algo muy delicado".

Ortega precisó después que Gil Díaz violó el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información respecto a Transacciones en Moneda realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas -ratificado por el Senado- al usar la información del Departamento del Tesoro estadunidense con fines políticos.

Por ello, precisó, Gil Díaz violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al incurrir en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, lo que posibilita iniciar juicio político al funcionario.

Fernández de Cevallos trató de evadir el tema, y cuando se le preguntó si no es más grave el caso de narcotráfico en Morelos, declaró: "No soy vocero de Gobernación ni de Presidencia".