Hay cinco personas desaparecidas, informó el Fray Bartolomé de las Casas

Admite el edil de Zinacantán que envió patrullas para bloquear a los zapatistas

El PRD realizó un plebiscito para designar candidato a la alcaldía a un vecino de Pasté

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Zinacantan, Chis. 13 de abril. La trama zinacanteca es, como sus famosos bordados morados y malva, más complicada de lo que parece a primera vista. Los mismos grupos, hoy perredistas, que se han adueñado del poder político local, fueron los responsables del ataque armado contra la marcha de bases de apoyo del EZLN en Jech'vó este sábado. Su actitud y mensaje son claros: pretenden impedir la existencia de zapatistas en resistencia y no aceptan su autonomía. Sin embargo, por lo menos 13 comunidades de Zinacantán poseen un número significativo, y en ocasiones mayoritario, de bases de apoyo del EZLN.

Mientras el edil Martín Sánchez Hernández daba esta tarde una notable conferencia de prensa en el ayuntamiento, el Partido de la Revolución Democrática realizaba un plebiscito en la plaza de Zinacantán para elegir a Antonio Jiménez como candidato a próximo presidente municipal en las elecciones estatales que se realizarán este año. Su designación, como quiera, ya estaba decidida, y él vendría siendo (de ganar los comicios, claro) el sucesor directo de Sánchez Hernández.

La conferencia de hoy fue notable, pues en ella el presidente municipal reconoció haber enviado "dos comisiones" (o sea patrullas) a Pasté la tarde del 10 de abril para bloquear el paso de los zapatistas. No obstante, trató de culpar a los zapatistas de destruir las patrullas como causa (y no efecto) de la agresión que sufrieron. Insistió en que las camionetas policiales presentaban orificios de bala, pues los zapatistas habrían disparado contra ellas, cosa que todos los testigos presenciales sabemos que no ocurrió nunca. Los balazos en las unidades provienen de las armas de los perredistas de Pasté, quienes primeramente aprovecharon las pick up municipales para bloquear el paso a los miles de zapatistas reunidos en Jech'vó.

En este municipio tzotzil pasan muchas cosas. Los nuevos caciques de Nachig, Pasté y Navenchauc, apoyados en el crecimiento demográfico de sus pueblos, han rebasado la tradicional estructura de poder que se concentraba en esta cabecera municipal. Muchos de ellos expulsados del PRI, hoy se identifican como vanguardia y fuerza del PRD.

"Si no veníamos a la votación, nos iban a cobrar 100 pesos de multa", dice un indígena que participa en el plebiscito perredista. El peculiar proceso "electoral" de hoy fue realizado por el partido del sol azteca "para que todos vean que aquí estamos bien fuertes. Este municipio no lo vamos a perder".

Un dato curioso: mientras la administración perredista "castiga" a los zapatistas privándolos de agua por, presuntamente, negarse a cooperar con los cargos comunitarios, se sabe que Martín Sánchez Hernández nunca aceptó cargos, pues sus negocios eran más importantes. Sólo cambió de parecer cuando lo designaron síndico y después presidente municipal.

Y por no dejar, ¿sabe el lector de dónde procede el flamante candidato Antonio Jiménez? De Pasté, la comunidad que orquestó la emboscada a la marcha zapatista el sábado. Así, mientras los representantes del PRD nacional Gerardo Fernández Noroña y Martha Sánchez acompañaban al alcalde en su conferencia y ensalzaban las tradiciones democráticas de su partido en Zinacantán, el cacicazgo de Nachig se prolongaba inexorablemente. De Nachig procede Martín Sánchez, próspero comerciante que, a la sazón síndico, hace un año llegó al puesto actual como suplente de Domingo de la Cruz (también de Nachig). Este, siendo electo primer alcalde perredista de Zinacantán, hubo de renunciar al cargo luego de la ejecución de dos priístas en esta cabecera municipal el 4 de marzo de 2003, en un violentísimo enfrentamiento con perredistas.

Todavía hoy se pueden ver los destrozos en las oficinas del PRI, separadas por una calle de la plaza y el ayuntamiento. Los asesinatos permanecen impunes. Si bien se ha hecho creer que fueron producto de un confuso incidente "intercomunitario" por el control de la presidencia municipal, es aquí vox populi que para realizarlos fueron contratados cuatro pistoleros de los suburbios sancristobalenses, quienes habrían aprovechado el enfrentamiento para ejecutar su "trabajito".

Cinco desplazados siguen desaparecidos

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), hasta hoy seguían desaparecidas cinco personas, bases de apoyo del EZLN, a raíz de los acontecimientos en Jech'vó (paraje que ha crecido estos años hasta convertirse en toda una comunidad, si bien formalmente aún forma parte de la comunidad de Pasté).

En un amplio documento, el CDHFBC afirma que el conflicto "por agua" no fue resuelto por ineficacia gubernamental. "Diversos funcionarios estatales y municipales han sido responsables de violaciones de derechos humanos por acción u omisión. Este centro ha documentado y monitoreado estos actos, y ha podido ubicar violaciones del derecho al agua, a la integridad y seguridad de las personas, al libre tránsito, a la propiedad, a la protección, conservación y acceso de lugares sagrados, como son los pozos de agua en la cultura y cosmovisión indígena."

De igual manera, el CDHFBC documenta las diversas acciones que las familias afectadas por el corte de agua y sus autoridades autónomas "han realizado para evitar una confrontación mayor, como las reuniones con autoridades municipales y estatales, representantes del PRD, militantes perredistas; comunicaciones de la junta de buen gobierno al ayuntamiento de Zinacantán, así como la búsqueda de abastecimiento del líquido por sus propios recursos o con el apoyo de organizaciones sociales, y gestiones administrativas para permitir el paso de pipas de agua".

El centro solicitó por escrito a la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), a petición de las familias afectadas, su intervención para garantizar el acceso de las pipas. Como respuesta obtuvo el compromiso verbal de las autoridades municipales y de la SEPI de respetar el libre tránsito. "Sin embargo, pese a que la información sobre los diferentes sucesos, agresiones y violaciones a derechos humanos fueron del conocimientos de diversas instancias del gobierno (ayuntamiento de Zinancantán, SEPI, oficina del comisionado para la reconciliación de comunidades en conflicto y la propia Secretaría de Gobierno), la respuesta fue sumamente limitada e ineficaz por su parcialidad, convirtiéndose en un factor determinante para que acontecieran los lamentables hechos del 10 de abril".

Durante la madrugada del domingo 11 de abril, el CDHFBC mantuvo comunicación telefónica con habitantes de Jech'vó, "quienes reportaron daños a viviendas, a un tanque de agua y a una tienda, así como amenazas a la integridad y seguridad de las bases zapatistas, por parte de militantes perredistas; también nos informaron que por los altavoces las autoridades de Jech'vó avisaron a los agresores que se retiraran a sus casas y escondieran todo. Perdimos la comunicación con ellos alrededor de la una de la mañana". En el transcurso de esa noche se solicitaron medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno, la cual envío efectivos de seguridad pública y evitó una posible matanza.

"Preocupa que pese a la reiterada garantía de funcionarios de gobierno de libre tránsito, vehículos de la policía municipal obstruyeron el camino para impedir que la caravana zapatista saliera de la comunidad de Pasté, como consta en videos y fotografías del día de los hechos", agrega el centro.

"Tenemos reportes de por lo menos cinco personas desaparecidas, las cuales estamos tratando de localizar entre las familias desplazadas". El CDHFBC considera que "mientras los diferentes niveles de gobierno sigan tratando estos sucesos como hechos aislados, aduciendo causas de tipo religioso o intercomunitarias, desvirtuando identidades y acciones de los sujetos sociales, dando propuesta sólo de contención o administración de conflictos, favorecen el fortalecimiento de cacicazgos locales y regionales, violaciones a los derechos humanos y persistencia de la impunidad, así como la no generación de condiciones de paz".

Se contradicen autoridades de Chiapas en torno a la situación que priva en la zona

El edil de Zinacantán responsabiliza a los zapatistas del enfrentamiento

Envía CEN perredista comisión para conocer el problema y, si hay acciones ilegales, frenarlas

ANGELES MARISCAL Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

El alcalde de Zinacantán, Martín Sánchez Hernández, afirmó que fueron los zapatistas quienes provocaron el enfrentamiento con los militantes perredistas el pasado sábado en la comunidad de Pasté.

Al mismo tiempo, enviados del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al municipio dijeron que "plantear que (el de Zinacantán) es un problema entre perredistas y zapatistas es inexacto", y añadieron que si de parte de las autoridades municipales "hay acciones ilegales o malas intenciones en este caso, se tomarán medidas para frenarlas, además de que se impondrán sanciones".

Aseguraron que el gobierno de Chiapas "tiene una responsabilidad grande de resolver el conflicto, que excede a los gobiernos municipales, además el PRD debe encontrar una manera de discutir con el gobierno estatal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cómo tener una solución a este tipo de problemas".

Mientras, en Tuxtla Gutiérrez, entre contradicciones de secretarios del gobierno estatal encargados de resolver el conflicto de Zinacantán, la coordinación de Comunicación Social del estado de Chiapas informó que las familias que salieron de sus comunidades ante el temor de ser agredidas iniciaron el retorno a sus hogares.

De forma casi paralela, los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, Horacio Schroeder Bejarano y Rubén Velázquez, respectivamente, continuaron asegurando que la situación en dicho municipio era de "tranquilidad" y negaban inclusive la existencia de desplazados.

Las autoridades reconocen que a raíz de los hechos del pasado sábado, "93 familias, que se dicen simpatizantes del EZLN, de las comunidades Elambó Alto, Elambó Bajo, Jech'vó y Yalentay se autodesplazaron por miedo a lo que pudiera pasar".

Señala que para el lunes, 20 familias de la comunidad Yalentay fueron las primeras en retornar a sus casas. Añade que "por el momento existe seguridad en la zona".

En entrevistas por separado, pocas horas antes de que se diera conocer el referido comunicado, el secretario de Seguridad Pública sostuvo que si bien en el lugar hay medio millar de policías que fungen como garantes de la seguridad en la zona, "en Chiapas se respira paz y tranquilidad".

En este mismo sentido, el secretario de Gobierno negó que hubiera desplazados a raíz de los hechos del sábado, e incluso manifestó: "en todo caso se trata de autodesplazados".

Por la tarde, el alcalde perredista convocó a una conferencia de prensa en la
cabecera de Zinacantán -donde simultáneamente miles de perredistas participaban en un plebiscito para elegir por usos y costumbres a su candidato a la alcaldía, que será Antonio de la Cruz Méndez, de Pasté- para dar a conocer su versión de los hechos sangrientos del sábado pasado en los cuales más de 30 indígenas, la mayoría bases de apoyo del EZLN, resultaron heridos de bala.

El presidente municipal dijo que el problema empezó en Pasté cuando los indígenas zapatistas regresaban de la comunidad de Jech'vó de entregar agua a sus compañeros, quienes carecen del líquido desde finales de diciembre pasado, cuando los perredistas les suspendieron el servicio, con el argumento de que no aceptan cargos comunitarios ni cooperan para la realización de obras de beneficio colectivo.

Explicó que él se enteró de la caravana zapatista hasta ese mismo sábado,
cuando se encontraba en la comunidad de Nachig, cercana a Pasté, en una reunión que con motivo de la Semana Santa se realiza cada año por esos días. Manifestó que al enterarse el problema en Pasté envió "tres comisiones para que calmaran" a los perredistas, pero "no las dejaron pasar".

Al preguntársele si el CEN sancionará a las autoridades perredistas de este municipio indígena, respondió: "si hay acciones ilegales o malas intenciones se tendrán que tomar medidas para que paren y haya sanciones".