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México D.F. Miércoles 14 de abril de 2004

Hay cinco personas desaparecidas, informó el Fray Bartolomé de las Casas

Admite el edil de Zinacantán que envió patrullas para bloquear a los zapatistas

El PRD realizó un plebiscito para designar candidato a la alcaldía a un vecino de Pasté

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

zinacantan8Zinacantan, Chis. 13 de abril. La trama zinacanteca es, como sus famosos bordados morados y malva, más complicada de lo que parece a primera vista. Los mismos grupos, hoy perredistas, que se han adueñado del poder político local, fueron los responsables del ataque armado contra la marcha de bases de apoyo del EZLN en Jech'vó este sábado. Su actitud y mensaje son claros: pretenden impedir la existencia de zapatistas en resistencia y no aceptan su autonomía. Sin embargo, por lo menos 13 comunidades de Zinacantán poseen un número significativo, y en ocasiones mayoritario, de bases de apoyo del EZLN.

Mientras el edil Martín Sánchez Hernández daba esta tarde una notable conferencia de prensa en el ayuntamiento, el Partido de la Revolución Democrática realizaba un plebiscito en la plaza de Zinacantán para elegir a Antonio Jiménez como candidato a próximo presidente municipal en las elecciones estatales que se realizarán este año. Su designación, como quiera, ya estaba decidida, y él vendría siendo (de ganar los comicios, claro) el sucesor directo de Sánchez Hernández.

La conferencia de hoy fue notable, pues en ella el presidente municipal reconoció haber enviado "dos comisiones" (o sea patrullas) a Pasté la tarde del 10 de abril para bloquear el paso de los zapatistas. No obstante, trató de culpar a los zapatistas de destruir las patrullas como causa (y no efecto) de la agresión que sufrieron. Insistió en que las camionetas policiales presentaban orificios de bala, pues los zapatistas habrían disparado contra ellas, cosa que todos los testigos presenciales sabemos que no ocurrió nunca. Los balazos en las unidades provienen de las armas de los perredistas de Pasté, quienes primeramente aprovecharon las pick up municipales para bloquear el paso a los miles de zapatistas reunidos en Jech'vó.

En este municipio tzotzil pasan muchas cosas. Los nuevos caciques de Nachig, Pasté y Navenchauc, apoyados en el crecimiento demográfico de sus pueblos, han rebasado la tradicional estructura de poder que se concentraba en esta cabecera municipal. Muchos de ellos expulsados del PRI, hoy se identifican como vanguardia y fuerza del PRD.

"Si no veníamos a la votación, nos iban a cobrar 100 pesos de multa", dice un indígena que participa en el plebiscito perredista. El peculiar proceso "electoral" de hoy fue realizado por el partido del sol azteca "para que todos vean que aquí estamos bien fuertes. Este municipio no lo vamos a perder".

Un dato curioso: mientras la administración perredista "castiga" a los zapatistas privándolos de agua por, presuntamente, negarse a cooperar con los cargos comunitarios, se sabe que Martín Sánchez Hernández nunca aceptó cargos, pues sus negocios eran más importantes. Sólo cambió de parecer cuando lo designaron síndico y después presidente municipal.

Y por no dejar, ¿sabe el lector de dónde procede el flamante candidato Antonio Jiménez? De Pasté, la comunidad que orquestó la emboscada a la marcha zapatista el sábado. Así, mientras los representantes del PRD nacional Gerardo Fernández Noroña y Martha Sánchez acompañaban al alcalde en su conferencia y ensalzaban las tradiciones democráticas de su partido en Zinacantán, el cacicazgo de Nachig se prolongaba inexorablemente. De Nachig procede Martín Sánchez, próspero comerciante que, a la sazón síndico, hace un año llegó al puesto actual como suplente de Domingo de la Cruz (también de Nachig). Este, siendo electo primer alcalde perredista de Zinacantán, hubo de renunciar al cargo luego de la ejecución de dos priístas en esta cabecera municipal el 4 de marzo de 2003, en un violentísimo enfrentamiento con perredistas.

Todavía hoy se pueden ver los destrozos en las oficinas del PRI, separadas por una calle de la plaza y el ayuntamiento. Los asesinatos permanecen impunes. Si bien se ha hecho creer que fueron producto de un confuso incidente "intercomunitario" por el control de la presidencia municipal, es aquí vox populi que para realizarlos fueron contratados cuatro pistoleros de los suburbios sancristobalenses, quienes habrían aprovechado el enfrentamiento para ejecutar su "trabajito".

Cinco desplazados siguen desaparecidos

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), hasta hoy seguían desaparecidas cinco personas, bases de apoyo del EZLN, a raíz de los acontecimientos en Jech'vó (paraje que ha crecido estos años hasta convertirse en toda una comunidad, si bien formalmente aún forma parte de la comunidad de Pasté).

En un amplio documento, el CDHFBC afirma que el conflicto "por agua" no fue resuelto por ineficacia gubernamental. "Diversos funcionarios estatales y municipales han sido responsables de violaciones de derechos humanos por acción u omisión. Este centro ha documentado y monitoreado estos actos, y ha podido ubicar violaciones del derecho al agua, a la integridad y seguridad de las personas, al libre tránsito, a la propiedad, a la protección, conservación y acceso de lugares sagrados, como son los pozos de agua en la cultura y cosmovisión indígena."

De igual manera, el CDHFBC documenta las diversas acciones que las familias afectadas por el corte de agua y sus autoridades autónomas "han realizado para evitar una confrontación mayor, como las reuniones con autoridades municipales y estatales, representantes del PRD, militantes perredistas; comunicaciones de la junta de buen gobierno al ayuntamiento de Zinacantán, así como la búsqueda de abastecimiento del líquido por sus propios recursos o con el apoyo de organizaciones sociales, y gestiones administrativas para permitir el paso de pipas de agua".

El centro solicitó por escrito a la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI), a petición de las familias afectadas, su intervención para garantizar el acceso de las pipas. Como respuesta obtuvo el compromiso verbal de las autoridades municipales y de la SEPI de respetar el libre tránsito. "Sin embargo, pese a que la información sobre los diferentes sucesos, agresiones y violaciones a derechos humanos fueron del conocimientos de diversas instancias del gobierno (ayuntamiento de Zinancantán, SEPI, oficina del comisionado para la reconciliación de comunidades en conflicto y la propia Secretaría de Gobierno), la respuesta fue sumamente limitada e ineficaz por su parcialidad, convirtiéndose en un factor determinante para que acontecieran los lamentables hechos del 10 de abril".

Durante la madrugada del domingo 11 de abril, el CDHFBC mantuvo comunicación telefónica con habitantes de Jech'vó, "quienes reportaron daños a viviendas, a un tanque de agua y a una tienda, así como amenazas a la integridad y seguridad de las bases zapatistas, por parte de militantes perredistas; también nos informaron que por los altavoces las autoridades de Jech'vó avisaron a los agresores que se retiraran a sus casas y escondieran todo. Perdimos la comunicación con ellos alrededor de la una de la mañana". En el transcurso de esa noche se solicitaron medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno, la cual envío efectivos de seguridad pública y evitó una posible matanza.

"Preocupa que pese a la reiterada garantía de funcionarios de gobierno de libre tránsito, vehículos de la policía municipal obstruyeron el camino para impedir que la caravana zapatista saliera de la comunidad de Pasté, como consta en videos y fotografías del día de los hechos", agrega el centro.

"Tenemos reportes de por lo menos cinco personas desaparecidas, las cuales estamos tratando de localizar entre las familias desplazadas". El CDHFBC considera que "mientras los diferentes niveles de gobierno sigan tratando estos sucesos como hechos aislados, aduciendo causas de tipo religioso o intercomunitarias, desvirtuando identidades y acciones de los sujetos sociales, dando propuesta sólo de contención o administración de conflictos, favorecen el fortalecimiento de cacicazgos locales y regionales, violaciones a los derechos humanos y persistencia de la impunidad, así como la no generación de condiciones de paz".

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