Laura Alicia Garza Galindo

Y sí... este gobierno es privatizador

La mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado estamos de plácemes, gracias al Informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2002 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, enteró el pasado 1Ɔ de abril, en el que se concede la razón a la denuncia que presentaron los legisladores Manuel Bartlett Díaz y Salvador Rocha Díaz, presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, en julio de 2003, relativa a que los permisos otorgados en materia eléctrica son violatorios de la Constitución y de las leyes de energía eléctrica que de ella emanan.

La lucha ha sido larga en asuntos energéticos. Se inició en febrero de 2001, por la unilateral decisión presidencial de suspender los subsidios a las tarifas eléctricas en detrimento de la economía familiar. Vendría, en el mismo año, la modificación presidencial al Reglamento de la Ley del 27 constitucional en materia eléctrica para liberar a los cogeneradores de la restricción de sólo vender 20 por ciento de sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), extendiéndolo hasta 100 por ciento y a otros consumidores. El Congreso interpuso una controversia constitucional por la invasión a nuestra esfera de competencia, que ganamos.

Hoy se desprende del Informe de resultados que la Federación no obedeció el preciso mandato de la Corte, ya que, entre decenas de triquiñuelas aberrantes, aparece que en 2001 y 2002 se concedieron, entre muchos casos, un permiso a un cogenerador en Nuevo León, el que con la venta de sólo ocho acciones con valor de 50 pesos cada una convirtió en su socio al gobierno de ese estado y a siete de sus municipios, para que éstos, entre otros, disfrutaran de los excedentes de electricidad y no la CFE. Es evidente que el Informe de resultados trata de una larga lista de agravios a la nación. Así que asumimos el derecho que ofrecen las instituciones para denunciar lo que presumimos violatorio de las leyes eléctricas y de petróleo y gas, mediante los contratos de servicios múltiples. Que nadie se llame a engaño, fueron largamente advertidos. Sobran las evidencias.

La ASF arriba determinante a nuestra misma conclusión, después de meses de reunirnos con la CFE y sus áreas administrativas en 2002: que esta empresa, cuya función es prestar servicio público, cuenta con capacidad de inversión suficiente para financiar y operar sus proyectos de infraestructura para generar electricidad. La ASF demuestra que durante el periodo 1992-2002 la inversión efectuada por la CFE fue del orden de 135 mil millones de pesos, que pudo cubrirse con la suma de sus utilidades netas -31.4 mil millones de pesos- y la depreciación -112.5 mil millones de pesos-, que suman casi 144 mil millones de pesos; pero su presupuesto anual depende de la asignación de Hacienda. Agréguese que la capacidad de deuda de CFE en 2002 fue de 33 por ciento respecto al valor de sus activos, también usados por Hacienda, cuando CFE los pudo operar para financiar sus proyectos de generación, sin recurrir a deudas y "apoyos" extranjeros, lo que hoy compromete su futuro y autonomía relativa. Así se ha violentado la ley, amén de que se insiste en la creación de un mercado de elite o paralelo, que de lograrse cancelaría el servicio público y liquidaría a la empresa. ƑCómo lograr así tarifas justas en energía para los mexicanos? La CFE y la Secretaría de Energía han actuado en contra de los intereses nacionales.

Quiero mostrar al lector cómo acceder a esta información por demás pública: el sitio es www.asf.gob.mx; seleccione la liga o recuadro de Transparencia; de ahí, elija Obligaciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; luego, Informes y elija Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 2002; son 10 tomos sectoriales; el tomo 5 es de Energía. Entérese, como mexicano le compete, más aún si es extranjero y, además, convertido en inversionista de lo ajeno. Cheque la cuenta, se enterará de cómo se emplean sus impuestos.

ƑQué sigue para los legisladores? Consolidar el esfuerzo de cuatro años de trabajo: interponer los recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales para declarar la ilegalidad de los permisos que la Comisión Reguladora de Energía otorgó sin apego a la ley; se demandará la nulidad de los contratos de servicios múltiples. En paralelo, se impulsarán las reformas para otorgar a la CFE autonomía de gestión por la vía de las leyes secundarias e insistiremos en que se apruebe, en la Cámara de Diputados, la ley de Cogeneración entre Pemex y CFE, lo que en conjunto permitirá abatir el costo de la energía y, en consecuencia, de las tarifas. Estamos listos para rechazar las modificaciones constitucionales en electricidad presentadas al Senado por el presidente Fox en agosto de 2002, así como avanzar en las leyes secundarias de Pemex que permitan recuperar esta gran empresa nacional.

ƑQué sigue para el Ejecutivo? Cumplir con el estado de derecho, lo que no ha hecho en todo el sexenio, y mostrar voluntad política para beneficiar a la nación. Al lector lo seguiremos enterando. Y a los expertos que nos han guiado por el camino de la verdad nuestra gratitud por apoyarnos en la búsqueda.

šAh! Y la inversión extranjera, legal y comprometida con México, bienvenida, que se requieren riqueza y empleos.