Responsabilizan de la acción a la llamada policía comunitaria de la Cuauhtémoc

Sexoservidoras denuncian cacería

Para no detenerlas los uniformados les exigen dinero o "servicio gratis", señalan

SUSANA GONZALEZ G.

Con el arribo de la llamada policía comunitaria a la delegación Cuauhtémoc, con la cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pretende estrechar el vínculo entre uniformados y vecinos, las detenciones de sexoservidoras en las colonias Santa María La Ribera, Buenavista y Tabacalera se han incrementado "hasta 30 casos por día", denunció un grupo de estas trabajadoras.

De nada sirve, dijeron, que la SSP haya suspendido el año pasado el llamado operativo Violeta, con el que se incrementaron los abusos policiacos en su contra, si ahora la policía comunitaria prácticamente emprende la "cacería constante contra nosotras", dijeron al ser entrevistadas en un plantón que realizaron ayer frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para protestar por el cierre, hace un año, del Centro de Atención Integral a Sexoservidoras (CAIS) de La Merced.

Los policías comunitarios, pero también los jueces cívicos, ante quienes son remitidas las sexoservidoras con el argumento de que violan la Ley de Justicia Cívica, no toman en cuenta los convenios que han establecido con los vecinos de las calles donde trabajan, que hasta la pasada administración delegacional eran respetados.

"Ahora nos dicen que la delegación, de la que supuestamente los policías comunitarios reciben más órdenes que de la SSP, no reconoce esos acuerdos y no les da ninguna validez, aunque también viola la misma Ley de Justicia Cívica, porque no hace caso de la conciliación entre los supuestos infractores con los afectados, es decir, entre nosotras y los vecinos", dijo Jessica, una de las sexoservidoras entrevistadas.

Señaló que los policías comunitarios hacen valer cualquier queja vecinal contra ellas -"así sea la de un señor que vive a diez cuadras de donde trabajamos o ni es habitante de la colonia"-, lo que ha desatado la "cacería permanente" contra las sexoservidoras, principalmente las que trabajan de manera independiente y las que no se prestan a los constantes abusos o extorsiones de los uniformados, quienes a cambio de no detenerlas les exigen dinero o "servicio gratis", asegura.

Jessica, quien ayer fungió como vocera de las sexoservidoras independientes, tanto de las colonias mencionadas de la delegación Cuauhtémoc como de otras zonas, como La Merced, Viaducto e Iztapalapa, aseguró que si las detenciones de sus compañeras suman hasta 30 casos al día, sólo dos mujeres por semana aceptan acudir a la CDHDF, organismo del que también se quejaron, pues ayer exigieron por enésima ocasión la reapertura del CAIS, por considerar que ahí contaban con apoyo legal y de asesoría en materia de derechos humanos contra los abusos de policías, pero también con la posibilidad de capacitarse en diversos talleres para, eventualmente, dejar la prostitución.

"Son absurdos los argumentos que da Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, sobre el cierre del CAIS, porque no es verdad que las otras instituciones que participaron en el proyecto se hayan retirado y dejado sola a la comisión. Si dice que a ellos sólo les corresponde recibir quejas, entonces, ¿por qué crearon la Casa del Arbol? La comisión tiene una campaña contra la discriminación y es la primera en ejercerla contra nosotras", denunció Jessica.

El organismo informó a su vez que el mes pasado las sexoservidoras fueron recibidas en cuatro ocasiones -la más reciente por el mismo Alvarez Icaza-; de ellas se tienen registrados 13 casos integrados en ocho quejas, además de que la CDHDF organizó talleres y les dio capacitación sobre justicia cívica el 1^O, el 9 y el 16 de marzo, pero en la última sesión nadie se presentó.