La dirigencia priísta afirma que la propuesta presidencial es regresiva e inflacionaria

"Irresponsable", atar costos de campaña al salario mínimo: PRI

CIRO PEREZ SILVA

La iniciativa de reforma electoral foxista es regresiva, irresponsable e inflacionaria, ya que convierte las negociaciones obrero-patronales para fijar el salario mínimo "en una invitación a politizar el debate anual", al pretender determinar el costo de las campañas a partir de esta variable económica, advirtió ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI (CEN), luego de pronunciarse por reducir los costos de las campañas políticas, "pero no a partir de la interpretación del presidente Vicente Fox, que es simplista y peligrosa".

El secretario de elecciones, César Augusto Santiago, y el secretario técnico del Consejo Político Permanente, David Penchyna Grub, señalaron que no hay sustento ni lógica en la propuesta presidencial de establecer el monto del financiamiento público para las campañas a partir del salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el año inmediato anterior al proceso electoral.

"Nos parece de la mayor irresponsabilidad que el Ejecutivo envíe una iniciativa en este sentido ante la ya de por sí compleja negociación que se da cada año en la negociación de los salarios entre las autoridades, los sindicatos y los empresarios. Ahora se le añade un ingrediente y los partidos políticos podrían intervenir en el interés de fijar una base de salario mínimo diferente. Esto podría romper la disciplina fiscal, ya que el asunto de los salarios mínimos, en cualquier parte del mundo, es la base fundamental para el control y el manejo de la inflación", sostuvo Penchyna Grub.

El secretario técnico de la Comisión Política Permanente indicó que para el CEN priísta es "altamente riesgoso" incluir este ingrediente en la discusión económica, además de que, a la luz de cualquier análisis, "es evidente que el gabinete económico nunca analizó los efectos de una propuesta de esta naturaleza. Nosotros estamos por buscar fórmulas por medio de las cuales se reduzca el costo electoral en la sociedad, pero ésta no será la forma de resolverlo", insistió.

César Augusto Santiago explicó que el método que está establecido en la Constitución, que se aplica para determinar el financiamiento, fue acuñado y diseñado por los partidos atendiendo a variables estrictamente electorales.

Se hacen estudios actuariales para definir el costo promedio de una campaña política. Este se multiplica por el número de diputados, por el de senadores y por el de partidos políticos. La resultante es el monto total del financiamiento que se reparte entre los partidos, atendiendo a la proporción de acuerdo con su número de votos.

"El Presidente nunca explica por qué el salario mínimo, por qué del Distrito Federal ni por qué multiplicar este resultado por el número de empadronados, ya que además hay un desfase considerable reconocido por el Registro Nacional de Electores", añadió.

Penchyna Grub manifestó que, lejos de reducir el monto del financiamiento, la propuesta presidencial "puede ser una ecuación que podría exponenciar el financiamiento hacia el futuro, porque la base de financiamiento, si se tomara como viene en la propuesta del presidente Fox, la de los salarios mínimos, tendría efectos en toda la economía y no sólo en el financiamiento de los partidos políticos.

"Esta es una ecuación inaceptable desde el punto de vista económico, y es aún más inaceptable desde el punto de vista político, porque va a llevar a la mesa de la negociación de los partidos un ingrediente que hoy no está en la discusión electoral", expuso.

César Augusto Santiago llamó la atención sobre otro punto de la propuesta presidencial, el relativo a la reforma del artículo 116 de la Constitución, "que es el llamado artículo clave o clásico" del federalismo.

"ƑPara que quiere que se reforme ese artículo? Dice que para que las reglas que él está proponiendo en su reforma se apliquen o se homologuen a las de las 32 entidades federativas del país. Además de la prisa, ustedes imagínense volver al modelo que abandonamos hace 25 años."

Recordó que en ese tiempo lo que decía el gobierno federal se aceptaba inmediatamente en las 32 entidades federativas, pero ahora cada una tiene su propia dinámica, su propia manera de entender la legislación electoral y de organizar los comicios, e inclusive, según planteó, hay casos en los que se incorporan elementos más avanzados que los de la legislación federal.

"Con esta ocurrencia se pretende que las 32 entidades de este país discutan atropelladamente esto para salir con una reforma que, a todas luces, creo que al menos sería motivo de una discusión más amplia", concluyó.