MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Las trasnacionales ya muestran su afinado acervo de chantajes

Si los contratos en energía son ilegales, sólo pretenden que se los transforme en legales

CON LO CUIDADOSAS QUE suelen ser en lo que a protección de sus intereses se refiere, difícil resulta creer que las trasnacionales ''no supieran" que su presencia y participación en el renglón energético mexicano viola la Constitución.

ANTE LA POSIBILIDAD DE que prospere la controversia constitucional promovida por la fracción perredista en la Cámara de Diputados sobre la ilegalidad de los "contratos de servicios múltiples" concedidos por Petróleos Mexicanos (Pemex), y que los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación en torno a la inconstitucionalidad de los permisos otorgados a particulares para la generación de energía eléctrica -autorizados por la Comisión Reguladora de Energía- trasciendan el campo de las observaciones, los representantes del capital trasnacional sacan a relucir su afinado acervo de advertencias y chantajes: México -parecen concluir- se hundiría sin su decidida, desinteresada y valiosa contribución.

CAPITALES MAYORITARIAMENTE españoles, estadunidenses y franceses que dominan el panorama de un sector energético mexicano "que no se privatiza" (Fox dixit) reaccionaron agriamente ante tal posibilidad, pero al mismo tiempo con la lógica que las motiva: "Si estamos en la ilegalidad o la inconstitucionalidad, entonces que hagan legales y constitucionales nuestros contratos, porque nosotros entramos a invertir con la confianza de que eran legales", según axioma expuesto por la directora en México de Electricité de France, Cintia Angulo (La Jornada), corporación que concentra 22 por ciento de la participación foránea en el mercado nacional de "productores independientes de energía".

PARA ELLA, COMO PARA sus colegas, no existe problema. En todo caso, una pequeña molestia, por lo demás fácil y rápidamente superable, es decir, un simple "problema de redacción" de las leyes mexicanas: quítenle el no y pónganle el sí. Así de de sencillo.

RESULTA DIFICIL ACEPTAR que las trasnacionales "no sabían" de los impedimentos constitucionales existentes para su participación en el mercado mexicano. Sencillo, en cambio, conocer que las negociaciones para su acceso al exquisito pastel de la energía nacional se dieron con los funcionarios zedillistas y ahora los del "cambio", quienes comparten el referido axioma y el mencionado problema de redacción.

EXISTE -POR LO MENOS eso se supone- una ley de inversión extranjera, sancionada por el Congreso de la Unión, que en su artículo quinto detalla la exclusividad del Estado mexicano en distintas áreas estratégicas, entre ellas el petróleo y demás hidrocarburos, así como la electricidad.

ESO ESTABLECE LA legislación vigente, pero en las negociaciones cupulares parecen no haberla considerado, porque los funcionarios citados prometieron certidumbre jurídica sin mayores consideraciones.

EN OTROS PAISES LA privatización del sector energético se dio de forma menos descarada que en México, pero las consecuencias reportan la misma tendencia. Hay que recordar el caso argentino, comentado en este espacio días atrás, país que atraviesa por una severa crisis en dicho renglón gracias a las "bondades" de las trasnacionales poseedoras de los bienes nacionales.

DE TIEMPO ATRAS SE HA dicho que la "privatización silenciosa" del sector energético mexicano avanza a pasos agigantados, sin que nadie trascienda el capítulo verbal de la denuncia. Esperemos que el Congreso de la Unión atienda, prácticamente, esta circunstancia y le ponga freno de una vez por todas.

LA AUDITORIA SUPERIOR DE la Federación (ASF) ha señalado que "los permisos otorgados a particulares para la generación de energía eléctrica que autoriza la Comisión de Reguladora de Energía a través de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica contravienen el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en sus artículos 27 y 28".

LA ASF DESGLOSO "UNA serie de ilegalidades cometidas por la CRE en 2002; los 19 permisos otorgados no están fundados ni motivados en infracción al artículo tercero, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al grado de que en la escritura pública de un permisionario, que incluye como socios a siete municipios y un gobierno, se prevé la formalización de contratos de compraventa de energía eléctrica", acto totalmente contrario a la legislación vigente.

PARA QUE LAS CHANTAJISTAS trasnacionales y demás involucrados en este asunto se calmen, el gobierno del "cambio" tendrá que "justificar, legitimar y dar certidumbre" a cerca de 270 permisos de "autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación y exportación de energía eléctrica'', en un país cuya Constitución prohíbe tales anuencias.

SON VARIADOS LOS CASOS que aborda la ASF, entre ellos que la CRE otorgó un permiso en 2002, a pesar de que la opinión de la Comisión Federal de Electricidad fue negativa en dos ocasiones. "Tres permisionarios no presentaron el programa de abasto de energéticos requeridos con la solicitud del permiso. Ocho no cumplieron con los requisitos de la norma ecológica, del uso de suelo y de agua, previstos en la solicitud del permiso. En cuatro de los 19 permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos referidos".

AL REVISAR EL CUMPLIMENTO de los permisionarios entre 1994 y 2002, la ASF tomó una muestra de 89 permisos "de los cuales 77 se encuentran en operación y no están motivados ni fundados en la LFPA. En tres permisos vigentes se encontraron contratos de compraventa de energía eléctrica entre el permisionario y sus socios, lo que se presume contrario a los artículos 27 constitucional, y 36 y 90 de la LFPA".

TAMBIÉN, "EN 26 DE LOS 89 permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos de referencia. En 72 casos los permisionarios no cumplieron con la norma ecológica y en 35 con la de uso de suelo. Un permisionario, durante 2002, reportó excedentes de energía eléctrica entregados a la CFE, superiores a los 20 megavatios permitidos fuera de convocatoria, por asignación directa".

TODO ELLO FORMA PARTE de una privatización que "no existe", según lo afirma el gobierno del "cambio".

Las rebanadas del pastel:

HOY, TERCER ANIVERSARIO de México SA.

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